Proteccionismo, viejo y nuevo

El proteccionismo, que es la política de proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera, tiene muchos orígenes. Algunos se remontan a las sociedades tribales, que solían considerar a los extranjeros como extranjeros y enemigos. Otros son singularmente estadounidenses, surgidos del estancamiento económico y la caída del dólar. Todos son el resultado de la desinformación, que es más perjudicial que la falta de información. El error es siempre más activo que la ignorancia.

Toda forma de proteccionismo se basa en la fuerza política bruta. Se necesita un ejército de recaudadores de impuestos, administradores y guardias fronterizos para proteger las industrias nacionales imponiendo aranceles a la importación y otras restricciones a los productos extranjeros, o pagando recompensas a los productos nacionales. El proteccionismo se basa en el poder gubernamental de gravar a un hombre para ayudar al negocio de otro. Quitar dinero a un estadounidense para dárselo a otro es la fuente de muchos conflictos sociales y económicos.

El proteccionismo recibe su fuerza política de los defensores del poder político que ven con buenos ojos que se aumente el poder gubernamental. Cuentan con el apoyo de los economistas de la corriente dominante que buscan en los funcionarios del gobierno el pleno empleo y el crecimiento económico. Su principal preocupación es la renta nacional, el gasto nacional y el empleo nacional. Están a favor de la planificación nacional que, obviamente, no puede tolerar el libre comercio internacional; alteraría, perturbaría y desharía rápidamente cualquier planificación.

Los más firmes aliados de estos políticos son los sindicatos, para quienes la protección del gobierno es de crucial importancia. Viven de acuerdo con la doctrina de que los miembros del sindicato tienen un derecho inherente a un puesto de trabajo en su industria particular, en su ubicación actual y con unos salarios superiores a los del mercado. Acosados por la incapacidad de competir y por las altas tasas de desempleo, argumentan enérgicamente contra todo lo extranjero.

El desempleo es, sin duda, un gran mal social que nos concierne a todos. Es un fenómeno económico de pérdida y despilfarro que perjudica no sólo a los desempleados sino también a sus compañeros de trabajo que se ven obligados a mantenerlos. Aliviar el desempleo se ha convertido en una importante tarea política por la que se juzga y mide a los gobiernos. Pero el problema también plantea una cuestión básica: ¿pueden las restricciones a la importación aumentar la demanda de mano de obra y reducir el desempleo? Desgraciadamente, no pueden, porque reducen la productividad de la mano de obra y, por lo tanto, reducen la demanda de mano de obra. Sin duda, una industria recién protegida se beneficia temporalmente de la reducción de la competencia: puede subir los precios, obtener mayores beneficios y pagar salarios más altos. Pero otras industrias sufrirán en consecuencia la pérdida de comercio y los mayores costes de la mano de obra. Los consumidores de todo el mundo ven reducido su poder adquisitivo.

En muchos aspectos, las barreras comerciales son similares a los obstáculos naturales que frustran el esfuerzo humano y merman el bienestar del hombre. Ambos aumentan la demanda de mano de obra específica. Por ejemplo, la destrucción de viviendas por inundaciones, terremotos o incendios aumenta la demanda de suministros para la vivienda y de mano de obra para la construcción, al tiempo que reduce la demanda de una miríada de otros bienes a los que ahora deben renunciar las víctimas de la destrucción. Del mismo modo, las restricciones a la importación de coches extranjeros pueden aumentar la demanda de coches nacionales, pero también reducen la demanda de otros bienes a los que las víctimas de las restricciones, es decir, los consumidores, deben renunciar.

Así pues, las restricciones comerciales destruyen más puestos de trabajo de los que pueden crear. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores estadounidenses están convencidos de que necesitan esa protección gubernamental. Sin barreras comerciales, creen, los productos extranjeros fabricados por mano de obra extranjera barata inundarían los mercados estadounidenses y obligarían a los trabajadores estadounidenses a sufrir importantes recortes salariales o directamente al desempleo. Los estadounidenses pueden comerciar entre sí porque tienen ingresos y condiciones de trabajo similares, pero no pueden comerciar con extranjeros que trabajan por menos y con un nivel de vida inferior.

Si se lleva a su conclusión lógica, este argumento de los tipos salariales impide todo comercio exterior porque no hay dos países idénticos en productividad laboral e ingresos. Puede incluso impedir el comercio interestatal porque los salarios difieren de un estado a otro. Los salarios del Estado de Nueva York suelen ser más altos que los de Mississippi, por lo que, según este argumento, los neoyorquinos no pueden comerciar con los habitantes de Mississippi. En realidad, el coste de la mano de obra no es más que uno de los muchos factores de coste que determinan la competitividad de un producto.

Es significativo que la mayor agitación en favor de la protección se oiga en las industrias que compiten con mano de obra extranjera de alto coste. La industria automovilística estadounidense compite con los fabricantes japoneses y alemanes, que pagan salarios y prestaciones considerablemente más elevados. Si el argumento de los salarios fuera correcto, habría pocos coches japoneses y alemanes en las carreteras estadounidenses.

Cuando el argumento laboral no es creíble, los proteccionistas estadounidenses recurren rápidamente a una defensa del siglo XVI: la doctrina de la balanza de pagos. Sostiene que el gobierno debe promover las exportaciones para atraer dinero al país y reprimir las importaciones. La versión moderna insta a legislar y regular para restringir el uso de productos extranjeros y fomenta las exportaciones con el fin de crear puestos de trabajo en el país. Ambas versiones, la antigua y la nueva, son espurias y erróneas.

Estados Unidos registra actualmente déficits crónicos en su balanza de pagos con Japón. El superávit comercial ordinario de Japón es de unos 10.000 millones de dólares al mes, de los cuales entre 5.000 y 6.000 millones son con Estados Unidos. Consisten en ganancias en dólares que el Banco de Japón invierte rápidamente en obligaciones del Tesoro estadounidense. El Banco de Japón es el mayor financiador del mundo de los déficits de Estados Unidos, tanto en el presupuesto federal como en las cuentas corrientes de comercio, y es el mayor defensor del mercado de obligaciones de Estados Unidos. Si no fuera por este sólido apoyo de Japón, el mayor país acreedor del mundo, las condiciones financieras de Estados Unidos, el mayor deudor del mundo, serían bastante precarias.

En muchas partes del mundo el dólar estadounidense está muy infravalorado en términos de poder adquisitivo. En Japón y Alemania, el dólar vale entre un 30% y un 50% menos que en Estados Unidos. Sin embargo, en esta era de comunicación instantánea y movilidad del capital, no es la paridad del poder adquisitivo lo que determina los tipos de cambio, sino la rentabilidad del capital y las oportunidades. Los déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos son el resultado de la excesiva facilidad monetaria de las autoridades monetarias estadounidenses, de los bajos tipos de interés, de los elevados impuestos sobre el capital y el ahorro, y del déficit crónico del gasto del gobierno federal. Estados Unidos consume demasiado y ahorra e invierte demasiado poco.

El proteccionismo crea extraños compañeros de cama. Reúne a las grandes empresas y a los grandes trabajadores, a los políticos que cuentan votos y a los funcionarios que ansían el poder, a los pensadores del siglo XVI y a los economistas del siglo XX. Une a muchos peticionarios de favores políticos y limosnas en una causa común contra los consumidores y los extranjeros.

Publicado originalmente el 1 de agosto de 1995