Cuarenta años de España y Portugal en la UE.
El 1 de enero, España y Portugal celebraron el 40.º aniversario de su adhesión a la UE. En 1986, cuando ambas naciones ibéricas transitaban hacia la democracia tras décadas de asfixiante dictadura, la pertenencia a la Comunidad Económica Europea (CEE), como se la conocía entonces, se consideraba esencial para modernizar sus economías e integrarse en la comunidad internacional. Y aunque en los últimos años los partidos euroescépticos han ganado protagonismo en ambos países, en general España y Portugal siguen siendo firmemente proeuropeos: el 73 % de los españoles cree que la entrada en la UE ha sido positiva para España, cifra que supera el 90 % en el país vecino.
Los dirigentes de ambos países comparten esta convicción. Luis Montenegro, primer ministro de centro-derecha de Portugal, afirmó que la adhesión a la UE en enero de 1986 “consolidó nuestra democracia, abrió la economía, modernizó el país y nos proyectó hacia Europa y el mundo”. El presidente socialista del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha descrito a sí mismo como un “proeuropeo militante”, fue aún más entusiasta: los últimos cuarenta años, dijo, han sido “los mejores días de la historia [de España]… Hemos construido un Estado del bienestar de primer nivel. Y nos hemos convertido en un país tolerante, diverso, vibrante y atractivo para todo el mundo”.
En la década previa a su ingreso en la CEE, ambos países habían sufrido turbulencias políticas. España completó una difícil transición a la democracia tras la muerte, en 1975, del dictador Francisco Franco, que había gobernado durante casi cuarenta años. En Portugal, la Revolución de los Claveles de 1974 derrocó al Estado Novo, un régimen autoritario establecido en 1933 por António de Oliveira Salazar. Ambos dictadores habían estrechado lazos firmando el llamado Pacto Ibérico en marzo de 1939, un acuerdo de no agresión destinado también a mantener a España y Portugal al margen de una futura guerra entre el Reino Unido y Alemania.
Para Portugal, el ingreso en la CEE fue casi una formalidad: la etapa final de un proceso de internacionalización iniciado décadas antes. Había sido uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949 y de la OCDE en 1960, año en el que también contribuyó a crear la Asociación Europea de Libre Comercio. En 1972, Lisboa firmó un acuerdo de libre comercio con la CEE, eliminando casi todas las barreras comerciales entre sí y el resto del bloque. Entre 1950 y la muerte de Salazar en 1970, durante la llamada “Edad de Oro” de la economía portuguesa, el PIB per cápita había aumentado casi un 6 % anual; pero para 1986 el crecimiento se había estancado y Portugal era una de las economías menos desarrolladas de Europa.
España tampoco estuvo completamente aislada durante las largas décadas de dictadura. En 1958 se convirtió en miembro de la Organización Europea de Cooperación Económica (predecesora de la OCDE). Ese mismo año ingresó tanto en el FMI como en el Banco Mundial, instituciones que contribuyeron a un periodo de rápida expansión económica hoy conocido como el “Milagro español” (1959–74). Sin embargo, las crisis del petróleo de 1973 y 1979 golpearon con fuerza a España, provocando un elevado desempleo y una alta inflación. A comienzos de la década de 1980, el crecimiento anual rondaba el 1 % del PIB. Para 1986, España, al igual que Portugal, estaba atrapada en un bache económico, y la entrada en la UE se veía como la mejor salida.
Los beneficios económicos de la pertenencia a la UE para ambas naciones ibéricas han sido sustanciales. La población ocupada de España casi se ha duplicado en los últimos cuarenta años, pasando de 11 millones a alrededor de 21 millones. Su PIB se ha expandido en más de un 100 %, y ha recibido más de 150.000 millones de euros en fondos europeos, gran parte de los cuales se han destinado al desarrollo de infraestructuras de transporte (el sistema ferroviario español es hoy uno de los mejores de Europa). Las exportaciones mundiales de bienes españoles crecieron de 12.600 millones de euros en 1986 (el 4,9 % del PIB) a 141.500 millones en 2024 (el 8,9 % del PIB). La economía española es ahora la de mayor crecimiento de Europa y fue nombrada la mejor del mundo en 2024 por la revista The Economist.
Portugal ha seguido una trayectoria similar, aunque su crecimiento reciente no ha sido tan espectacular como el de España. Impulsado por más de 160.000 millones de euros en fondos europeos, su PIB se ha expandido un 131 % desde 1986. A lo largo de las dos últimas décadas, la UE ha financiado más de 350 proyectos de transporte en todo Portugal, el más reciente de los cuales es la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Tanto España como Portugal también se han beneficiado de formar parte del espacio Schengen, una comunidad sin fronteras de 29 países europeos que permite la libre circulación de más de 450 millones de personas (lo que también ha supuesto un enorme impulso para el turismo).
Pero la pertenencia a la UE no siempre ha sido una bendición para las naciones ibéricas. España y Portugal estuvieron entre los países más afectados por la crisis de deuda de la eurozona de 2009. Las medidas de austeridad impuestas por la UE como condición para los rescates provocaron dificultades económicas y desempleo masivo, que en 2013 alcanzó el 27 % en España y el 17 % en Portugal. Los bonos soberanos portugueses fueron calificados como “bono basura”, y cerca de medio millón de personas emigraron entre 2011 y 2014, la mayor salida de población en más de cincuenta años. En España, las tasas de desempleo, tanto entre adultos como entre jóvenes de 15 a 24 años, siguen siendo elevadas, al igual que los niveles de pobreza. A pesar de su destacada expansión macroeconómica y del enorme gasto público del gobierno liderado por los socialistas, España sigue siendo uno de los países más desiguales de Europa.
Las políticas medioambientales de Bruselas también están resultando impopulares en el sector agrícola. A lo largo de 2024, agricultores españoles y portugueses participaron en protestas con tractores en toda la UE, expresando su frustración por el aumento de los costos regulatorios, las prohibiciones de pesticidas y la competencia de importaciones baratas. En Bruselas, los manifestantes arrojaron huevos, encendieron fuegos artificiales y vertieron estiércol frente al edificio del Parlamento Europeo. Estas protestas pusieron de relieve un problema persistente de la pertenencia a la UE: que los objetivos impuestos desde el centro no siempre responden a los intereses de un país o de una industria, y resultan más alcanzables para unos países que para otros.
El cumplimiento de la agenda verde de la UE también ha sido una condición para acceder a los fondos del programa “Next Generation”, introducido en 2020 para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de los efectos devastadores de los confinamientos. También en este ámbito España ha entrado en conflicto con la UE. A pesar de ser uno de los mayores beneficiarios de la iniciativa, con una asignación total de 140.000 millones de euros, Madrid ha sido acusado de opacidad y falta de eficiencia en la gestión de los desembolsos. La UE también está investigando la posibilidad de que los fondos Next Generation hayan sido mal utilizados en relación con el caso de corrupción Koldo, cuyos protagonistas estuvieron entre los asesores más cercanos de Sánchez.
Aunque en general son naciones proeuropeas, tanto Portugal como España han visto recientemente el ascenso de partidos contrarios a una mayor integración en la UE. El partido portugués Chega ha modelado su lema “Dios, patria, familia y trabajo” a partir del “Dios, patria, familia” de Salazar, y sostiene que Portugal debería abandonar la UE si alguna vez intenta convertirse en un Estado federal; mientras que Santiago Abascal, líder de Vox en España, se pronunció en 2021 contra la “deriva federalista” del bloque. Chega y Vox son ahora el segundo y el tercer partido con más poder en sus respectivos parlamentos, aunque su aumento de popularidad se ha debido principalmente a políticas internas, más que a su postura sobre Europa.
La oposición al control centralizado desde Bruselas fue, por supuesto, una de las razones de la decisión del Reino Unido de abandonar la UE en el referéndum del “Brexit” de 2016. Pero ni España ni Portugal parecen dispuestos a seguir el ejemplo británico. Para Madrid y Lisboa, la transformación de los últimos cuarenta años supera la dilución de soberanía que conlleva la pertenencia a la UE.
