El primer ministro socialista de España convoca elecciones que se hacían esperar desde hace mucho.
Durante los próximos dos meses, oirás hablar mucho de Pedro Sánchez. El 5 de octubre, tras no lograr el apoyo parlamentario para medidas que abordaban la crisis de vivienda de España, el primer ministro socialista del país convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, varios meses antes de lo previsto. Sánchez busca un mandato propio para su coalición minoritaria y espera lograr que se elijan más socialistas aprovechando la indignación pública por la situación de la vivienda. Pero las encuestas actualmente colocan en primer lugar al Partido Popular (PP), conservador, con 34% de los votos, seguido por los socialistas con 26%. Para gobernar, el PP necesitaría el apoyo de Vox (un partido de centroderecha que ya se ha aliado con los conservadores en varias administraciones regionales), que se espera que quede en tercer lugar con alrededor de 18%.
La indignación pública por la crisis de vivienda de España se encendió el mes pasado, cuando una mujer de 87 años fue desalojada de su piso en Madrid porque no podía pagar un aumento en la renta (desde entonces ha fallecido). El rechazo de la derecha española a las medidas que Sánchez preparó apresuradamente en respuesta, entre ellas una prohibición de desalojos hasta 2030, impuestos más altos a los pisos turísticos y restricciones a las firmas de inversión privada que operan en el sector residencial, alimentó esta indignación. Sánchez espera aprobar una versión modificada del paquete de emergencia en un parlamento reducido antes de las elecciones; pero incluso si lo logra, no resolverá los problemas de vivienda de España.
Las medidas de emergencia son precisamente eso: soluciones temporales que no abordan los problemas estructurales de fondo. España tiene un déficit de alrededor de 700,000 viviendas, lo que ha provocado que los alquileres se dupliquen y que los precios de las viviendas hayan subido 44% desde 2020. En un informe publicado en noviembre pasado, el Banco de España identificó la construcción históricamente lenta como un factor clave del déficit. Una conclusión que se puede extraer es que Sánchez no ha hecho lo suficiente para estimular la actividad en la industria de la construcción. Como dijo un ministro del PP: “La vivienda no se vuelve más asequible mediante decretos; se vuelve más asequible construyendo más viviendas”.
Estas elecciones anticipadas parecen basarse en la creencia de que los votantes tienen una memoria extremadamente selectiva o de corto plazo (lo cual bien podría ser cierto). Sánchez ha tenido casi una década para abordar la situación de la vivienda, y durante ese período solo ha empeorado. Pero ahora espera que lo único que los votantes recuerden sea que la derecha española (junto con Vox, calificado de “extrema derecha” por los socialistas) bloqueó su intento de solución de último minuto. Es una jugada arriesgada, pero a Sánchez se le describe con frecuencia como un consumado jugador político. Esta es la tercera elección anticipada que convoca desde que llegó al poder en 2018. (Las otras fueron en abril de 2019 y julio de 2023. La votación repetida de noviembre de 2019 se desencadenó automáticamente por un bloqueo parlamentario).
Entre ahora y el 29 de noviembre habrá abundante especulación sobre si el “Houdini” de la política española, como a veces se le llama a Sánchez, puede salir de otro aprieto; y habrá editoriales llenos de lamentos en la prensa de centroizquierda sobre la posible caída del único líder “progresista” de Europa y el deterioro de la democracia europea. Todo esto pasa por alto lo esencial, porque el propio Sánchez ha hecho mucho para dañar la democracia de España. La pregunta clave que plantea la elección anticipada es: “¿Por qué Sánchez no convocó una antes?”. O, dicho al revés: “¿Por qué sigue en el poder?”.
Sánchez asumió el cargo en junio de 2018 al ganar una moción de censura contra su predecesor conservador, Mariano Rajoy. En la antesala de la votación, Sánchez ejerció una presión implacable sobre Rajoy para que renunciara. Sus críticas se centraron en dos asuntos clave: la impotencia legislativa, manifestada en la incapacidad de Rajoy para aprobar un presupuesto, y la corrupción dentro del PP.
Pero desde que recuperó el poder por tercera vez en 2023, tras unas elecciones anticipadas en las que perdió por poco frente a los conservadores, Sánchez no ha podido aprobar un plan nacional de gastos. Durante ese mismo período, algunos de sus aliados políticos más cercanos han sido acusados o investigados por corrupción. Nada de esto lo ha llevado a actuar según los mismos principios que exigió a Rajoy hace ocho años. La oposición también merece críticas por su desconcertante omisión de presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno español.
“Aprobar un presupuesto del Estado”, declaró Sánchez estando en la oposición, “es la primera y principal obligación de un gobierno”. En 10 ocasiones distintas entre el 17 de febrero y el 6 de marzo de 2018, exigió que Rajoy convocara elecciones. Un gobierno incapaz de aprobar un plan nacional de gastos, dijo, era “tan útil como un coche sin gasolina”. Claramente, para Sánchez, eso solo se aplica a los gobiernos de centroderecha.
Ya han pasado más de 1,000 días desde que España tuvo un nuevo presupuesto estatal. Debido a la falta de apoyo de su coalición en el parlamento, Sánchez ha prorrogado el plan de gastos de 2023 tres veces, extendiendo en exceso un mecanismo constitucional diseñado para aplicarse por un año como máximo. Su gobierno se ha quedado sin gasolina desde que volvió a colarse en el poder hace tres años (mediante un acuerdo con los separatistas catalanes que provocó protestas en todo el país); sin embargo, de no ser porque el PP y Vox rechazaron con su voto sus medidas de vivienda el 2 de octubre, Sánchez probablemente habría permanecido en el cargo hasta agosto del próximo año, prorrogando el presupuesto de 2023 por cuarta vez. Si el PP toma el poder tras la votación de noviembre, ha prometido modificar la ley para que tal abuso prolongado de la democracia no sea posible.
Ahora Sánchez tampoco puede criticar a los conservadores por corrupción sin que se le acuse de hipocresía (aunque hasta ahora eso no lo ha detenido). En el debate previo a la moción de censura contra Rajoy en 2018, José Luis Ábalos, en ese entonces secretario de organización de los socialistas, arremetió contra los conservadores por el llamado caso Gürtel, un enorme escándalo de dinero a cambio de contratos en el que un extesorero del partido recibió una condena de 33 años de cárcel: “Con su uso del poder”, le dijo Ábalos a Rajoy, “ustedes crearon un verdadero círculo de corrupción… Hemos vivido mucho tiempo en el universo de la ‘presunción de inocencia’, pero ese período se acabó”.
Ábalos se convirtió en ministro de transportes cuando Sánchez reemplazó a Rajoy. Ahora él también está en la cárcel. En junio, el Tribunal Supremo de España lo condenó a 24 años por recibir sobornos en contratos de mascarillas durante la pandemia. Su antiguo asesor Koldo García recibió una condena de 19 años en el mismo caso. El tribunal dijo que “la gravedad de los cargos deriva de que erosionan los fundamentos de un Estado democrático y desvirtúan el propósito del poder público convirtiéndolo en un instrumento al servicio de intereses individuales”, precisamente la acusación que Ábalos lanzó contra Rajoy hace ocho años.
Santos Cerdán, otro miembro del círculo íntimo de Sánchez, quien sucedió a Ábalos como secretario de organización de los socialistas, también está bajo investigación por soborno, tráfico de influencias y participación en un esquema de dinero a cambio de contratos. Cuando Cerdán fue arrestado en junio de 2025, Sánchez pidió disculpas públicamente por haber confiado en él; pero rechazó el llamado de la oposición a elecciones anticipadas, alegando que “esto no es una crisis de gobierno; solo afecta al partido socialista, no al gobierno”. Este desconcertante acertijo de identidad disfraza un doble rasero: el escándalo Gürtel “solo” afectó al PP, y se concentró en gran medida en actividades ocurridas años antes de que Rajoy fuera primer ministro. Entonces, ¿cuándo insistió Sánchez en su renuncia?
Con suerte, un gobierno distinto tendrá la oportunidad de abordar la crisis de vivienda de España después del 29 de noviembre. Porque según sus propios principios (o al menos los que tenía cuando estaba en la oposición), Sánchez debería haberse ido hace mucho tiempo.
