La carrera por la alcaldía recalca lo difícil que es reconstruir.
Pendiente los resultados de las elecciones primarias para alcalde de Los Ángeles de esta semana, puede ser que la alcaldesa titular Karen Bass se enfrentará en las elecciones generales de noviembre a la ex estrella de la televisión de telerrealidad Spencer Pratt o a la concejala Nithya Raman.
Con la excepción de Nueva York, muy pocas ciudades reciben atención nacional por su política local. Pero esta elección es única. Pratt ha utilizado evocadores anuncios de campaña para poner de relieve temas como la criminalidad, el consumo de drogas y, sobre todo, la mala gestión municipal durante las emergencias. Decidió postularse para alcalde después de que su casa se incendiara en el Incendio de Palisades del año pasado que, junto con el Incendio de Eaton, destruyó más de 13.000 hogares y propiedades residenciales. Hasta abril, solo se han reconstruido 34 viviendas en los muy afectados Palisades del Pacífico y Altadena.
Debido a la implicación personal de Pratt, la carrera por la alcaldía ha girado su enfoque hacia el sector inmobiliario: la inasequibilidad, los obstáculos regulatorios y la falta de capacidad de la ciudad de reconstruir. Estos problemas han plagado a las ciudades californianas durante años, y ahora se han vuelto imposibles de ignorar en Los Ángeles.
Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo una ciudad próspera que atrae a artistas aspirantes, profesionales de negocios e inmigrantes. Sin embargo, en la última década, la ciudad se ha vuelto cada vez más cara y ha tenido dificultades para mantener la seguridad pública. El año pasado, más de 50.000 residentes abandonaron el condado de Los Ángeles —la mayor pérdida de población del país—. Los incendios han agravado el éxodo de la región, en parte porque los residentes no pueden reconstruir.
La lenta recuperación de los incendios de Palisades e Eaton deja claro el elevado costo de la regulación excesiva. Agobiadas por lo que el Los Angeles Times denominó “montañas de papeleo”, las víctimas de los incendios se encontraron “navegando por confusos portales web, frustrantes sistemas de contestación automática y otra burocracia que agota el alma”. Mientras que la mayoría de los residentes carecían de la capacidad financiera para reconstruir de inmediato, quienes sí la tenían no pudieron obtener los permisos necesarios para iniciar la construcción. Por ejemplo, Malibú emitió su primer permiso de reconstrucción en agosto de 2025, siete meses después de los incendios. Un año después, menos de una docena de viviendas habían sido reconstruidas en el condado de Los Ángeles.
Este lento proceso de reconstrucción impulsó al gobierno federal a intervenir. En enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a abordar los “requisitos innecesarios, duplicados u obstruccionistas en los permisos que impiden reconstruir a las familias y empresas”. Trump le ordenó sus funcionarios que saltaran los procesos de permisos estatales y locales que han obstaculizado el uso oportuno de los fondos federales de ayuda de emergencia y creó un proceso de autocertificación para constructores. Dejando a un lado las cuestiones constitucionales, los opositores han argumentado principalmente que los funcionarios locales y estatales han acelerado el ritmo de emisión de permisos y ayudado a los residentes a avanzar tras los incendios.
Sin embargo, según un estudio de enero de 2026 del NORC de la Universidad de Chicago y el Consejo Comunitario de Pacific Palisades, el 64% de los residentes de Palisades planea reconstruir sus viviendas, pero solo el 13% de los propietarios de viviendas unifamiliares gravemente afectadas ha comenzado la construcción. Los solares vacíos siguen siendo muy visibles en Los Ángeles, por lo que el anuncio de Pratt que yuxtapone las propiedades de sus contrincantes con el solar de su casa quemada resulta tan elocuente.
Esta maraña regulatoria que impide la construcción está extendida por toda California. En marzo de 2025, el Comité Selecto de la Asamblea de California para la Reforma de Permisos publicó un informe que destacaba cómo el proceso de permisos “desempeña un papel desproporcionado” en la crisis de vivienda en todo el estado: “Para los proyectos individuales, influye considerablemente en el plazo y los riesgos asociados a la construcción de viviendas —ambos correlacionados con el aumento de costos”. Este retraso es especialmente común en los proyectos de desarrollo multifamiliar.
La deficiente recuperación en los Palisades revela la amplitud de los problemas de vivienda en California. Aunque el enfoque ha sido principalmente la escasez de viviendas —especialmente de unidades asequibles y de alta densidad—, los Palisades demuestran que incluso la construcción de viviendas más “socialmente deseables” sigue siendo difícil. Se trata principalmente de casas unifamiliares de gran tamaño que ocupan los mismos solares en los que se encontraban, y no de proyectos en nuevas áreas donde los vecinos podrían oponerse. Sin embargo, los obstáculos regulatorios están siempre presentes y siguen impidiendo la construcción.
Como demuestra la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, la vivienda es un gran desafío en California, complicado aún más por los obstáculos regulatorios. El daño es aún más agudo cuando los incendios desplazan a los residentes, pero el gobierno sigue sin actuar con eficacia. Es probable que estos temas sigan en primera línea de la política de Los Ángeles y California durante las elecciones generales de noviembre.
