La potencia maderera de Europa está bajo amenaza.
Polonia es una de las economías más dinámicas y prometedoras de la Unión Europea. Con un crecimiento del PIB del 3.6% en 2025 y proyecciones que apuntan al 3.7% en 2026, el país continúa consolidándose como uno de los motores de crecimiento del continente.
Sin embargo, existe una regulación europea que amenaza a uno de los sectores que más contribuye a este éxito: la industria de la madera y los muebles.
El sector maderero y de muebles polaco está conformado por alrededor de 32,000 empresas que emplean a aproximadamente 196,000 trabajadores, la gran mayoría de ellas pymes. Los fabricantes polacos representan aproximadamente el 19% de las exportaciones de muebles de la Unión Europea, y con frecuencia ocupan el primer o segundo lugar entre los exportadores de Europa. Este sector se basa principalmente en pequeñas y medianas empresas familiares ubicadas en zonas rurales, a diferencia de otros países donde la producción está más concentrada en grandes corporaciones.
El Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) sancionará a estas empresas con requisitos burocráticos que resultan imposibles de cumplir a bajo costo. Si bien el EUDR afecta a varios Estados miembros con sólidas tradiciones forestales —como Austria, Suecia, Finlandia, Rumanía y los países bálticos—, Polonia figura entre los más perjudicados debido al enorme peso de su sector y su dependencia de las pymes familiares rurales.
Esta regulación es parte del Pacto Verde Europeo, el amplio conjunto de políticas destinado a convertir a Europa en el primer continente “carbono neutral” del mundo para 2050. En nombre de esta ambición utópica, se están imponiendo medidas que revelan una desconexión con —e incluso un desconocimiento de— la realidad económica.
El EUDR fue creado para garantizar que los productos comercializados en la Unión Europea, o exportados desde ella, no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal, ya sea en Europa o en otras partes del mundo. Para lograrlo, las empresas deben demostrar que el producto no proviene de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020, que fue producido conforme a la legislación del país de origen y que cumple con una declaración de diligencia debida. Las empresas deben proporcionar datos precisos de geolocalización, mediante coordenadas GPS, para cada parcela de origen, realizar una evaluación completa de riesgos y presentar una declaración oficial a través del sistema de la UE.
La implementación de esta regulación ya ha sido pospuesta en dos ocasiones, lo que genera una incertidumbre persistente, un factor que por sí solo resulta problemático para los productores. Inicialmente prevista para entrar en vigor a finales de 2024, fue postergada a diciembre de 2025 y, más recientemente, al 30 de diciembre de 2026 para las medianas y grandes empresas, y al 30 de junio de 2027 para las micro y pequeñas empresas.
Aunque la Comisión Europea ha propuesto simplificaciones y plazos ampliados para las micro y pequeñas empresas, una exención total de las pymes del ámbito del EUDR nunca ha sido considerada, como destacó el eurodiputado polaco Marcin Sypniewski (ESN) en una pregunta parlamentaria escrita al Parlamento Europeo. Señaló que es imposible que las pequeñas y medianas empresas queden al margen de la regulación, ya que frecuentemente operan como subcontratistas de empresas más grandes que exigen el mantenimiento de documentación completa.
Las grandes corporaciones están mejor equipadas para absorber los altos costos que imponen estos requisitos.
Sin embargo, las pymes polacas no pueden asumir estos costos, y es previsible que muchas se vean obligadas a reducir su actividad, despedir trabajadores o incluso cerrar definitivamente, lo que derivaría en una mayor concentración del mercado en manos de las grandes corporaciones. Con menor competencia y menor diversidad entre los productores, es probable que los precios suban para los consumidores.
Esta regulación, ciega a las diferencias entre las realidades nacionales, ignora el hecho de que Polonia no representa un riesgo para la sostenibilidad y es, de hecho, una de las regiones con una gestión forestal más sostenible de Europa. Alrededor del 29.6% del territorio del país está cubierto por bosques gestionados con estándares ejemplares y respaldados por altas tasas de reforestación. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la cobertura forestal del país ha aumentado casi un 10%. (Alemania, en contraste, ha perdido el 12% de su cobertura solo desde el año 2000).
Cada año se plantan en Polonia aproximadamente 500 millones de árboles, y la regeneración forestal es obligatoria después de cualquier actividad maderera. La extracción de madera representa únicamente el 60% del crecimiento anual natural de los bosques, lo que significa que el riesgo de deforestación neta es prácticamente inexistente.
Las economías que dependen de sus recursos naturales tienen incentivos directos para gestionarlos de manera sostenible, porque su propia prosperidad económica depende de ello. Polonia entiende que destruir sus bosques equivaldría a destruir una parte significativa de su industria, su empleo y sus exportaciones, razón por la cual ha mantenido prácticas efectivas de gestión forestal que preservan sus reservas madereras.
Los países deben ser responsables de gestionar sus propios recursos, ya que su prosperidad depende en última instancia de si esos recursos se administran bien o mal.
