¿Pondrán fin las regulaciones medioambientales al Mercado Único?
Tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de países europeos tuvo una idea para reconstruir sus economías: derribar las barreras comerciales entre ellos eliminando los aranceles aduaneros y permitiendo que bienes, personas, servicios y capital circularan libremente. La idea de un mercado único se convirtió eventualmente en realidad y creció hasta convertirse en uno de los mayores logros de Europa en el siglo XX.
A partir de 1993, un pequeño empresario de cualquier Estado miembro de la UE podía vender a otro Estado miembro sin tener que enfrentarse a nuevas barreras burocráticas o financieras en cada frontera.
El tamaño potencial de un nuevo negocio ya no estaba determinado por el tamaño del país donde estaba radicado.
Hoy, la Comisión Europea estima que el Mercado Único ha incrementado el PIB de la Unión Europea en un 3–4% y creado 3.6 millones de empleos desde su creación. Un estudio de Bertelsmann Stiftung estimó que la integración aumenta los ingresos de los ciudadanos europeos en un promedio de aproximadamente €840 ($974) por persona al año.
Sin embargo, los beneficios creados por esta integración, y la libertad que los hizo posibles, comenzaron a verse amenazados el 12 de agosto de 2026, de forma silenciosa y a través de una regulación de envases aparentemente inofensiva.
El Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés) obligará a los vendedores, tanto europeos como extranjeros, a cumplir un complejo conjunto de normas que pueden ser manejables para las grandes marcas, pero asfixiantes para las pequeñas empresas.
El requisito más problemático es que los vendedores que envían productos envasados a un país de la UE donde no están establecidos deben designar un representante autorizado local. Ese representante actuará en nombre del vendedor ante las autoridades de reciclaje de ese país. El representante debe registrar a la empresa en el sistema nacional de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), presentar informes anuales sobre los envases que la empresa introduce en ese mercado, y cobrar una tarifa de servicio de entre €200 ($232) y €500 ($580).
El proceso de designar un representante en un país es a la vez burocrático y costoso. Hacerlo en varios países puede volverse inviable para los pequeños vendedores, que carecen de la escala necesaria para distribuir estos costos fijos entre un gran volumen de ventas, especialmente dado que el PPWR no establece ninguna exención basada en el volumen.
Varias empresas ya están anunciando la suspensión de envíos a otros países de la UE o la desactivación de las opciones de envío a la UE en su totalidad. La empresa alemana Copiaro, por ejemplo, suspendió los envíos a otros Estados miembros de la UE mientras continúa enviando a mercados europeos como Suiza, Noruega y el Reino Unido, que están fuera del marco regulatorio de la UE.
Estamos, por tanto, regresando a algo parecido a los viejos mercados nacionales, con barreras de entrada.
Todo el modelo de comercio transfronterizo para las pequeñas empresas corre el riesgo de ser socavado en nombre de la protección medioambiental. Sin embargo, si las grandes empresas —que producen con mucho más residuos de envases— son las que mejor pueden absorber estos costos, nos encontramos ante una contradicción. Las regulaciones de envases pueden proteger a los grandes vendedores de la competencia de las empresas más pequeñas, creando un mercado más cerrado y concentrado.
Europa puede volverse más verde empobreciéndose. El espíritu empresarial europeo está siendo estrangulado, y los pequeños empresarios están pagando el precio.
En Estados Unidos, una medida similar, pero con un propósito diferente y un objetivo explícitamente proteccionista, puso fin a la exención de minimis para los envíos de bajo valor. Hasta 2025, los paquetes con un valor inferior a $800 podían entrar en el mercado estadounidense con poca burocracia y sin pagar aranceles aduaneros. Era una puerta de entrada crucial para los pequeños vendedores de todo el mundo (y permitía a los consumidores americanos adquirir bienes de todo el mundo a través de minoristas en línea).
Cuando se eliminó la exención, el impacto afectó a grandes plataformas como SHEIN y Temu, pero recayó con aún más fuerza sobre los operadores más pequeños y, en consecuencia, sobre los consumidores. Los consumidores americanos comenzaron a pagar más por los bienes de bajo valor, generando una pérdida estimada de entre $11,000 millones y $13,000 millones, con los hogares de menores ingresos especialmente afectados.
A pesar de las diferentes motivaciones detrás de estas medidas intervencionistas a ambos lados del Atlántico, el resultado es el mismo: la libertad económica está siendo comprimida.
En Europa, esta regulación llega en un momento en que la relevancia del bloque ya está bajo una seria presión.
Aunque el Mercado Único representa aproximadamente el 18% de la producción económica mundial, Europa está perdiendo terreno frente a sus competidores directos en tecnología y negocios digitales, en parte debido a su creciente carga regulatoria.
Hace una década, Europa todavía tenía una presencia significativa entre las mayores empresas cotizadas del mundo por capitalización bursátil. Hoy, solo un puñado permanece en los primeros puestos mundiales. Casi ninguna de las startups líderes del mundo nace en el bloque.
El PPWR es el último catalizador de este declive, que penaliza directamente el pilar de la economía europea: las microempresas y las pequeñas empresas.
En su ciega aspiración de convertirse en el continente más verde del mundo, Europa corre el riesgo de convertirse en el más estancado, ahuyentando el espíritu empresarial.
La Unión Europea quiere liderar el futuro mediante la regulación, aunque hacerlo tenga como coste socavar el propio Mercado Único que hizo posible la integración económica europea.
