El próximo capítulo de la guerra tecnológica transatlántica.
Cuando un gobierno otorga un monopolio en ciertas industrias, se está protegiendo de una competencia que no puede controlar. El costo de esa decisión siempre recae sobre las personas que dependen de servicios que, por decreto, se vuelven más caros, más lentos y menos innovadores.
Esto es exactamente lo que propuso la Comisión Europea el 3 de junio de 2026, esta vez aplicado a la infraestructura digital que sostiene a hospitales, universidades, administraciones públicas y empresas en toda Europa. Se llama la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), y es la pieza central del Paquete de Soberanía Tecnológica. La lógica detrás de ella es proteccionista: restringir quién puede competir y garantizar cuota de mercado para las alternativas seleccionadas por el Estado.
CADA establece cuatro niveles europeos de “soberanía” para los servicios de nube e inteligencia artificial. En los Niveles 3 y 4, que aplican a la salud, las finanzas, la energía y la administración pública, exige control europeo por completo, propiedad dentro de la UE e inmunidad completa frente a la ley estadounidense, en particular la Ley CLOUD de Estados Unidos de 2018, que permite a las autoridades estadounidenses, con una orden judicial, obligar a empresas como Amazon, Microsoft o Google a entregar datos de clientes sin importar dónde estén almacenados físicamente. El objetivo es eliminar esta posibilidad legal para los datos europeos sensibles.
AWS, Microsoft Azure y Google Cloud representan actualmente alrededor del 70% del mercado europeo de la nube. En la práctica, CADA las excluye, o les dificulta enormemente participar en los contratos del sector público más valiosos. Para cumplir con los requisitos de los niveles de soberanía más altos, estas empresas se ven efectivamente obligadas a crear “nubes soberanas”, versiones separadas y aisladas de su infraestructura global con centros de datos europeos, personal exclusivamente europeo y gobernanza local.
Estas versiones soberanas cuestan entre un 20% y un 30% más que sus equivalentes globales, ofrecen un conjunto reducido de funciones y evolucionan más lentamente. Sin importar si los usuarios finales son proveedores de atención médica o instituciones educativas, todos reciben una versión inferior de lo que ya existe, pagando más por ello porque el Estado así lo exige.
Hoy en día, ningún proveedor europeo ofrece capacidades comparables a AWS SageMaker o Azure ML. CADA no crea un proveedor así. Simplemente garantiza contratos públicos para alternativas de segunda banda, usando dinero de los contribuyentes para subsidiar el rezago tecnológico de Europa.
CADA llega en un momento en que las relaciones transatlánticas atraviesan una tensión sin precedentes. Para entender por qué, es necesario retroceder un poco. La Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), las regulaciones digitales insignia de la Unión Europea adoptadas en 2022, imponen obligaciones significativas a las plataformas con un poder de mercado considerable. Exigen que las empresas abran sus sistemas a la competencia, limiten la forma en que promocionan sus propios servicios y se sometan a auditorías y a multas potencialmente descomunales. En la práctica, las empresas afectadas son casi exclusivamente estadounidenses: Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft.
Ninguna empresa europea es lo suficientemente grande como para activar estas obligaciones. El resultado es un marco regulatorio que, más allá de sus intenciones declaradas, funciona como una desventaja competitiva legal impuesta a las empresas estadounidenses. Por eso Washington clasifica estas medidas como barreras no arancelarias. Hacen que operar en Europa sea más caro y más complicado para las empresas estadounidenses, sin imponer cargas equivalentes a sus competidores europeos.
En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos amenazó con represalias inmediatas a menos que la UE desistiera de aplicar estas normas. En diciembre del mismo año, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), la agencia federal responsable de la política comercial estadounidense y de las negociaciones comerciales internacionales, escaló la disputa con un ultimátum formal, amenazando con aranceles y restricciones contra empresas europeas como Spotify y DHL a menos que Bruselas cambiara de rumbo.
La Ley de IA intensificó aún más las tensiones. Sus obligaciones para los modelos de IA de propósito general entraron en vigor en agosto de 2025 y recayeron de manera desproporcionada sobre modelos desarrollados principalmente por empresas estadounidenses, reforzando la percepción de Washington de que la UE legisla contra la competencia extranjera en lugar de regular los mercados de forma neutral.
Un frágil acuerdo comercial firmado en Turnberry, Escocia, en julio de 2025, redujo al 15% los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos y estabilizó temporalmente la relación. Pero ese equilibrio sigue siendo frágil. Una determinación de prácticas comerciales injustas le daría al gobierno de Estados Unidos autoridad legal para imponer nuevos aranceles a los bienes europeos.
Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas europeas enfrentan una presión distinta, pero igualmente tangible. Dependen de servicios de nube asequibles y escalables para competir en los mercados globales, y son las que menos capacidad tienen para absorber precios más altos, migraciones de datos forzadas y la pérdida de funciones de las que se han vuelto dependientes. Las consecuencias se acumulan silenciosamente: menos innovación, crecimiento más lento y una menor capacidad para competir con empresas estadounidenses y asiáticas que operan sin estas restricciones.
La soberanía tecnológica se construye eliminando barreras al comercio, reduciendo cargas regulatorias, atrayendo talento y capital global, y permitiendo que sean los consumidores, no los burócratas, quienes decidan qué tecnologías sirven mejor a sus necesidades. Cuando el Estado reemplaza esa elección por la suya propia, lo que se pierde no es solo eficiencia. Lo que se pierde es el principio de que los mercados existen para servir a las personas, no para ser administrados en su nombre.
