España se mueve para prohibir a los menores de 16 años usar redes sociales
Pedro Sánchez, el primer ministro socialista de España, ha vuelto a irritar a los magnates tecnológicos. El 3 de febrero anunció una propuesta para prohibir a los menores de 16 años usar redes sociales, como parte de una legislación que también responsabilizaría a los directores ejecutivos por el contenido dañino en sus plataformas.
“Hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos”, afirmó durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. “Los protegeremos del Salvaje Oeste digital”.
Si la legislación se aprueba, España se convertiría en el segundo país del mundo en prohibir que adolescentes jóvenes utilicen plataformas como TikTok, Snapchat, Facebook y X (antes Twitter), después de que el gobierno de izquierda de Australia liderara el camino el año pasado. Otros países europeos que se espera sigan su ejemplo pronto incluyen Francia, Portugal, Dinamarca y Grecia.
El debate global sobre las restricciones de edad en las redes sociales se centra ahora en una cuestión: si los gobiernos intervencionistas o los omnipotentes magnates tecnológicos representan la mayor amenaza para la libertad y la democracia. Hay exageraciones en ambos lados, pero el alcance impreciso de la prohibición española de las redes sociales es motivo de preocupación, al igual que la cultura de impunidad que parece rodear a los multimillonarios tecnológicos—aunque hay señales de que esto podría estar cambiando.
El 3 de febrero, fiscales franceses allanaron las oficinas de X en París como parte de una investigación sobre el presunto abuso de algoritmos, complicidad en la distribución de imágenes de abuso infantil y violación de derechos de imagen mediante deepfakes. También citarán al CEO de la plataforma, Elon Musk, para ser interrogado. Esta investigación llega después de que X fuera multada con 120 millones de euros (141 millones de dólares) por la Unión Europea el pasado diciembre por no cumplir con las regulaciones de transparencia. Mientras tanto, el chatbot de X, Grok, está siendo investigado por la UE y por el regulador británico Ofcom por presuntamente generar imágenes sexualizando a personas reales.
Las autoridades francesas también han iniciado una investigación sobre el servicio de mensajería Telegram por una regulación insuficiente frente a actividades criminales. En relación con ello, su CEO ruso, Pavel Durov, fue arrestado en París el pasado agosto. Durov fue acusado de varios cargos por no actuar contra contenido extremista y terrorista, y fue liberado bajo una fianza de cinco millones de euros (5,9 millones de dólares). Moscú también está investigando a Durov, con el sospechoso argumento de haber encontrado material en Telegram que “potencialmente representa una amenaza para Rusia”.
Musk recurrió a X para criticar la prohibición española de redes sociales, tal como lo hizo cuando reaccionó a la de Australia a finales de 2024. “Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España”, declaró. Como descripción general, probablemente muchos españoles estarían de acuerdo con eso—pero no necesariamente en relación con la nueva ley de redes sociales (el gobierno minoritario de Sánchez está envuelto en acusaciones de corrupción y no puede aprobar legislación sin el apoyo de separatistas catalanes, profundamente impopulares en gran parte del país). Musk continuó con otra publicación en la que llamó a Sánchez “el verdadero fascista totalitario”, demostrando lo versátil que se ha vuelto la palabra “fascista” como insulto.
El gobierno español respondió calificando a Musk como una amenaza para la democracia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó: “La casta tecnológica global está ahora directamente involucrada en la política. Entran en el debate público y amenazan nuestro respeto, nuestra convivencia, nuestros derechos y nuestra democracia”. Bolaños no explicó por qué expresar opiniones en X constituye una “participación directa” en política, ni proporcionó pruebas para su afirmación implícita de que el comportamiento electoral de las personas está fuertemente influido por los barones de las redes sociales. Incluso si eso fuera cierto, ¿por qué esa influencia sería menos democrática que la ejercida por periodistas de alto perfil, celebridades opinativas o magnates que mueven hilos mediante enormes donaciones? El respaldo de celebridades es un activo político muy valorado; sin embargo, cuando Musk escribe unas pocas sílabas en X, el mundo libre parece estar en peligro.
Musk y Sánchez ya habían chocado antes. En el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el pasado enero, el primer ministro español acusó a los multimillonarios tecnológicos de intentar “derrocar la democracia” expresando sus opiniones políticas en línea. Sonando como un auténtico teórico de conspiraciones, Sánchez afirmó que “el movimiento internacional de extrema derecha… está siendo liderado por el hombre más rico del planeta [y] está atacando abiertamente nuestras instituciones, incitando al odio y llamando abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania”. (Esto último debido a que Musk respaldó al partido Alternativa para Alemania antes de las elecciones generales alemanas del pasado febrero, en las que el partido de derecha aumentó sus escaños en 76).
Durov también está indignado por la prohibición española de las redes sociales—pero no, por supuesto, por la perspectiva de perder millones de usuarios menores de edad. Al día siguiente de que se anunciara, el fundador de Telegram envió un mensaje masivo a todos los usuarios de la plataforma en España acusando a Sánchez de “impulsar nuevas regulaciones peligrosas que amenazan sus libertades en Internet”. Durov afirmó que la “sobre-censura” podría provocar que las plataformas “eliminen cualquier cosa remotamente controversial para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas”. El gobierno español respondió acusando a Durov de difundir “mentiras” y “propaganda”.
Las críticas de Musk y Durov al gobierno español no carecen de fundamento. Sánchez tiene un historial frágil en cuanto a la protección de la libertad y el respeto a los procesos democráticos. El confinamiento que impuso durante la pandemia, que criminalizaba su incumplimiento, fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español. Con frecuencia evita el parlamento, introduciendo legislación mediante decretos reales, y lidera un gobierno que está sumido en acusaciones de corrupción. Sus comentarios anteriores sobre multimillonarios tecnológicos intentando apoderarse del mundo sugieren que su prohibición de redes sociales podría no tratarse únicamente de proteger a los niños.
En su anuncio, Sánchez dijo: “Investigaremos a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios […]. Difundir odio debe tener un costo: un costo legal, así como económico y ético”. No explicó de qué manera su gobierno diferenciaría entre el contenido que “difunde odio” y el que simplemente promueve opiniones disidentes. La ley australiana contra la desinformación, propuesta junto con restricciones a redes sociales en 2024, fue rechazada precisamente por preocupaciones de que otorgaría al gobierno poder para limitar la libertad de expresión (al criticarla, Musk volvió a recurrir a la palabra “fascista”). Sin embargo, tampoco se puede confiar en que las redes sociales hagan esa evaluación: prosperan gracias a noticias falsas, clickbait y otros contenidos basura. Las acciones legales en curso contra Durov y Musk, así como la multa ya impuesta a X por la UE, muestran lo ineficaces que son las plataformas para autorregularse..
Esta es una de las razones por las que las restricciones de edad en redes sociales no deberían verse necesariamente como ataques a la libertad personal. Al igual que las leyes que establecen límites de edad para el consumo de alcohol, el juego o el tabaco, buscan proteger a los menores de actividades o sustancias potencialmente dañinas o adictivas. Un estudio encargado por el gobierno australiano encontró que el 96% de los niños entre 10 y 15 años había utilizado redes sociales, más de la mitad de los cuales habían experimentado ciberacoso y el 24% habían sido víctimas de acoso sexual en línea. Expertos en salud también han advertido sobre el carácter adictivo de las redes sociales: en 2024, el entonces Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy, propuso “una advertencia del cirujano general en las plataformas de redes sociales que indique que están asociadas con daños significativos para la salud mental de los adolescentes”.
La hostilidad libertaria hacia las dos primeras prohibiciones de redes sociales en el mundo es comprensible. Existe una línea muy fina entre la protección de los menores y la supresión de la libertad de expresión, y el respeto a esa línea dependerá de cómo los gobiernos de España y Australia implementen su nueva legislación. Sin embargo, ambos países están liderando un experimento político basado en una hipótesis sólida: que el acceso no regulado de adolescentes jóvenes a las redes sociales es peligroso. Deberíamos esperar los resultados antes de juzgar.
