El acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. logra salir adelante
“Sólido, aunque no perfecto” fue el veredicto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en cuanto al acuerdo comercial consolidado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), firmado en Turnberry, Escocia, en julio del 2025. Nada es perfecto, por supuesto; sin embargo, este respaldo cuidadosamente matizado ha resultado cada vez más profético a medida que el acuerdo ha ido superando obstáculos. Finalmente, fue aprobado por el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo el 19 de marzo del 2026, con 29 votos a favor y 9 en contra, y por el Parlamento en pleno el 26 de marzo, con 417 votos contra 154.
El camino hacia la aprobación no fue sencillo. Titulado formalmente como el Acuerdo de Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado, la inclusión de la palabra “recíproco” ha generado escepticismo, y el pacto ha dado avanzado entre suspensiones, crisis legales y pugnas políticas durante el último año. Tras la votación en el pleno del 26 de marzo, el ponente Bernd Lange (S&D, Alemania) declaró:
Con la votación de hoy, tenemos un mandato fuerte para las negociaciones con el Consejo y pretendemos aprovecharlo al máximo. Los eurodiputados solamente podrán suscribir los términos comerciales del acuerdo si el reglamento contiene salvaguardias muy sólidas y claras, y solo después de que EE. UU. haya respetado plenamente los términos del pacto. Pienso defender este mandato firmemente en las negociaciones.
Las tensiones a ambos lados del Atlántico han obstaculizado el progreso del acuerdo. En Estados Unidos, a finales de febrero, la Corte Suprema (SCOTUS) anuló el uso por parte del Ejecutivo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el mecanismo legal que sustentaba la capacidad de Washington para mantener los aranceles en el tope acordado del 15% con la UE. Incluso antes de esto, en enero, el comité de comercio del Parlamento Europeo detuvo los trabajos en protesta por la retórica del presidente Trump sobre Groenlandia.
No obstante, el presidente Trump no fue el único factor en juego. Internamente, la política de la UE en torno al acuerdo ha sido tan turbulenta como las presiones externas. Se presentaron dos obstáculos principales: la estructura de aprobación del acuerdo y los fuertes grupos de presión industriales que operan en todo el continente. El Parlamento Europeo dejó muy claro que el acuerdo no se aprobaría de forma automática, debido al resentimiento por la forma en que la Comisión estructuró la legislación para implementar el pacto comercial. En esencia, la legislación podría requerir únicamente la aprobación del Consejo para cualquier arancel, eludiendo por completo al Parlamento. Mientras tanto, dada la fuerza de la industria agrícola en el continente, esto puso a muchos eurodiputados en una situación difícil, ya que se despertaron sospechas ante un mayor acceso para el cerdo y los lácteos estadounidenses, y cualquier posible flexibilización de los estándares alimentarios de la UE.
El escepticismo está justificado: el acuerdo es fundamentalmente asimétrico. A pesar del fallo de la Corte Suprema, EE. UU. impone un arancel del 15% a todas las exportaciones de la UE, lo que supone una suerte de racionalización de los impuestos fragmentados que ya existían sobre sectores específicos. Sin embargo, Michael Oakeshott advirtió contra el racionalismo en la política por la sencilla razón de que este socava la matriz de conocimiento generada en la interacción espontánea y libre de individuos y consumidores. En el contexto del mercado, esto significa que una racionalización de los aranceles ignora la razón de la variación entre aranceles en primera instancia. No obstante, el mínimo del 15% existe, mientras que la UE, a cambio, acepta eliminar los aranceles en la mayoría de los bienes industriales y agrícolas estadounidenses.
Más allá de los aranceles, la UE ha implementado una serie de compromisos regulatorios más amplios, como garantizar que su Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CS3D) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) no creen barreras comerciales indebidas para las empresas estadounidenses. Ambas partes se han comprometido a trabajar hacia el reconocimiento mutuo de los estándares automotrices —“la cooperación en materia de estándares desempeña un papel crucial en la mejora del mercado transatlántico”, afirma el memorando de la UE—, mientras que la UE ha prometido un aumento en la inversión en la manufactura estadounidense de hasta $600 mil millones.
Las consecuencias ya se están sintiendo para los europeos; el reconocimiento mutuo de estándares para la industria automotriz podría reducir los costos de cumplimiento para los exportadores, pero el arancel del 15% recorta rápidamente cualquier beneficio obtenido. Los automóviles alemanes y suecos ya están sintiendo la presión en sus márgenes y se ven tentados a acelerar sus procesos de localización, incluso si tales movimientos son “intensivos en capital y podrían tardar años en dar resultados”.
Para el sector agrícola, el panorama es mixto: el acceso a los mercados estadounidenses, por muy condicionado que esté, ofrece grandes oportunidades de expansión para los agricultores actuales. Por otro lado, su escepticismo sigue siendo válido, ya que un mayor acceso para los productos lácteos y de cerdo de EE. UU. se percibe como una amenaza. Las alarmas han sonado con más fuerza ante la promesa del acuerdo de “revisar los estándares agrícolas de la UE”, dado que muchos productos alimentarios europeos son motivo de orgullo nacional y cultural, más que simples exportaciones económicas. Al fin de cuentas, el champán solo es champán si proviene de la región de Champaña.
Estrictamente hablando, el acuerdo no es legalmente vinculante, sino que es una declaración de intención política y no un tratado ejecutable. La organización Friends of Europe ha criticado el pacto como un indicio más de la “debilitada influencia internacional de Europa” y, principalmente, señaló que el acuerdo podría incluso ser “ilegal bajo las leyes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la UE siempre ha defendido. El Artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) —la cláusula de la Nación Más Favorecida (MFN)— establece que cualquier concesión arancelaria ofrecida a un país debe extenderse incondicionalmente a todos los demás miembros de la OMC”.
Inevitablemente, existen indicios de que el Parlamento de la UE no confía que este acuerdo sea respetado, debido a la inclusión de una “cláusula de extinción” (sunset clause) en la votación del 19 de marzo, que restablecería los aranceles de la UE después de 18 meses si el acuerdo no se renueva. Del mismo modo, existe una “cláusula de entrada en vigor condicional” (sunrise clause), que activa los recortes arancelarios siempre y cuando Washington cumpla sus compromisos (como el reconocimiento mutuo de los estándares automotrices).
En cualquier caso, el acuerdo ha recibido la aprobación “condicional” del Parlamento Europeo. Se ha fijado una “revisión de salud anual” del acuerdo para julio del 2026, fecha en la que las cláusulas de extinción o entrada en vigor se harán efectivas si Washington no ha cumplido con su parte del trato.
En el fondo, el problema del acuerdo es que es estructuralmente insostenible, especialmente ahora que la Corte Suprema ha fallado en contra de los instrumentos ejecutivos sobre los que se construyó. En el lado europeo, los intereses locales están lo suficientemente arraigados como para trasladar la carga de la prueba a Washington en lugar de a Bruselas, lo que significa que muchos eurodiputados buscarán cualquier motivo para encontrar fallas. Este acuerdo comercial podría señalar una nueva era de estabilidad; o podría ser simplemente una pausa en una guerra comercial en curso.
