Ecuador y Colombia se ven obligados a declarar una tregua arancelaria.
Es probable que, si tienes algún interés en la política, hayas visto The West Wing; y si no lo has hecho, deberías verla. Al menos mira la temporada 2, episodio 16, “Somebody’s Going to Emergency, Somebody’s Going to Jail”. En medio de una protesta contra la expansión de la Organización Mundial del Comercio, el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Toby Ziegler, lanza un pequeño discurso que ha circulado mucho en los últimos años:
“¿Quieres los beneficios del libre comercio? La comida es más barata. La comida es más barata, la ropa es más barata, el acero es más barato, los autos son más baratos, el servicio telefónico es más barato. ¿Notas el ritmo que estoy construyendo? Es porque soy escritor de discursos y sé cómo hacer un punto. Baja los precios, aumenta los ingresos. ¿Ves lo que hice con “baja” y “aumenta”? Se llama la ciencia de la atención del oyente. Usamos repetición, usamos opuestos flotantes, y ahora terminas con el que no es como los demás. ¿Listo? El libre comercio detiene las guerras. Y eso es todo. ¡El libre comercio detiene las guerras! Y encontramos la manera de arreglar el resto.”
El “uno que no es como los demás” de Toby —el libre comercio detiene las guerras— es algo más simple que la compleja realidad del impacto del comercio internacional en las relaciones entre naciones; pero ciertamente parece que las instituciones, si no los principios, del libre comercio han logrado resolver la tensión diplomática entre dos países latinoamericanos: Ecuador y Colombia.
Tras un reciente fallo de la Comunidad Andina (CAN), Ecuador y Colombia se han visto obligados a dar marcha atrás en una escalada comercial que se venía intensificando desde principios de 2026.
La escalada comenzó en enero, cuando Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció un arancel del 30% sobre todos los productos colombianos, calificándolo como una “tarifa de seguridad” dado que Colombia “no había logrado contener la minería ilegal y el tráfico de cocaína”, y citando la aparente “falta de reciprocidad y acción firme” del gobierno colombiano frente al narcotráfico fronterizo. En respuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro negó las acusaciones y prometió un arancel retaliatorio equivalente del 30% sobre todos los productos ecuatorianos, además de suspender temporalmente las exportaciones de electricidad.
Mientras la situación se mantuvo en ese punto durante febrero, mientras se implementaban los aranceles, Ecuador elevó los aranceles en marzo al 50% sobre las exportaciones colombianas, incrementándolos aún más al 100% a principios de abril, entrando en vigor el 1 de mayo.
La escalada, en esta etapa, tomó un giro profundamente personal: el aumento al 100% llegó después de que Petro llamara públicamente al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas “preso político”, tras ser encarcelado después de una controvertida incursión en la embajada de México en Ecuador, en la capital Quito. Simultáneamente, Colombia formalizó aranceles diferenciados sobre 190 productos ecuatorianos, en cifras del 35%, 50% y 75%.
Finalmente, en un intento por calmar la situación, la Comunidad Andina ordenó a ambos países poner fin a todos los aranceles recíprocos en un plazo de diez días hábiles, el 8 de mayo de 2026. La orden siguió al fallo de la CAN que determinó que las medidas impuestas por cada parte habían violado el Acuerdo de Cartagena de 1969, así como el principio de libre comercio intracomunitario.
Pero el desacuerdo entre los dos países no es solo económico; la política, como siempre, ha jugado un papel fundamental en esta escalada. Noboa, cuyo partido, Acción Democrática Nacional (ADN), es de derecha y generalmente más conservador, ha buscado cada vez más estrechar lazos con el presidente estadounidense Donald Trump, al tiempo que distancia al socialista Petro (elegido en 2022 como el primer presidente de izquierda de Colombia) sobre el problema del narcotráfico en la región.
La CAN, fundada en 1969 tras el Acuerdo de Cartagena y compuesta originalmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —y que desde entonces se ha ampliado para incluir a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros asociados, mientras que Chile la abandonó en 1976— está explícitamente diseñada para gestionar el comercio de bienes y servicios, la regulación de una unión aduanera entre sus miembros, un mercado común e incluso la política exterior.
Originalmente llamado Pacto Andino, la CAN surgió del deseo de autosuficiencia económica regional y de protección frente a las grandes potencias mundiales, en un momento en que las naciones latinoamericanas eran verdaderamente parte del “Tercer Mundo”, atrapadas entre el Mundo Libre y el Bloque Soviético y sus aliados.
Como resultado, no solo tiene la autoridad y el poder para fallar en conflictos comerciales entre sus miembros, sino que además tiene precedencia sobre el derecho nacional y se aplica directamente sin necesidad de ratificación adicional. Evidentemente, no puede abordar las condiciones políticas que generan crisis como la ocurrida entre Ecuador y Colombia, pero sí puede al menos obligar a ambas naciones a cesar las escaladas.
En un momento en que las barreras al comercio están aumentando, y en que el bloque comercial más reconocible del mundo —la Unión Europea— está regulando en exceso las economías cuyo comercio fue creado para proteger y facilitar, el fallo de la CAN es un recordatorio bienvenido de que el libre comercio es una de las garantías más efectivas de la paz internacional en la historia. La UE es un ejemplo particularmente flagrante de este apretujamiento del comercio: en el lapso de cinco años, entre 2019 y 2024, se crearon alrededor de 13,000 actos en la UE (en comparación con aproximadamente 3,500 leyes provenientes de Washington, D.C.). Del mismo modo, Meta dedicó alrededor de 600,000 horas de ingeniería y más de 11,000 empleados al cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales de la UE.
La CAN puede no ser capaz de resolver las condiciones políticas que dieron lugar a esta escalada en la guerra comercial. Evidentemente, tendrá dificultades para combatir el narcotráfico regional, no inculca por sí sola el respeto por el estado de derecho y ciertamente no puede impedir que el presidente colombiano haga comentarios sobre la legalidad de la política interna de Ecuador. Sin embargo, la CAN sí puede al menos eliminar las fricciones entre las naciones y sus economías mediante la institucionalización del libre comercio y el fomento de una cultura de comercio internacional.
