Lo que las Azores nos enseñan sobre la sostenibilidad
El archipiélago de las Azores, un territorio portugués ubicado en el Atlántico entre Europa y América del Norte, es frecuentemente celebrado por su belleza natural, sus paisajes volcánicos y la imagen pintoresca de vacas lecheras en los campos verdes. Sin embargo, esta imagen turística oculta una realidad económica históricamente difícil.
La ubicación geográfica de las Azores, marcada por la insularidad, el aislamiento de los mercados y las limitaciones naturales a la producción agrícola, ha impuesto profundos costos económicos. Durante décadas, el archipiélago ha concentrado algunos de los niveles de ingresos más bajos del país, incluyendo el municipio de Rabo de Peixe, frecuentemente citado como uno de los más pobres de Portugal. A pesar del gobierno democrático portugués, las Azores han recibido pocas reformas estructurales orientadas a la liberalización económica. Un ejemplo emblemático fue el transporte aéreo, que permaneció fuertemente protegido durante décadas y solo se comenzó a liberalizar de manera significativa a partir del año 2015, tanto en las conexiones interinsulares como en los enlaces con el continente.
Para muchos azorianos, nacer en el archipiélago significaba vivir durante generaciones con oportunidades económicas muy limitadas. Debían elegir entre quedarse con escasas posibilidades de movilidad social o emigrar. Miles optaron por partir, especialmente hacia Estados Unidos, donde se establecieron en gran número en el estado de Massachusetts. Ciudades como New Bedford y Fall River (esta última frecuentemente llamada la décima isla de las Azores), aún conservan una memoria viva de esta conexión, visible en el New Bedford Whaling Museum, dedicado a la caza de ballenas y la historia marítima, donde la presencia azoriana es central.
Para quienes permanecieron, el mar fue durante mucho tiempo la principal, y en muchas ocasiones, la única fuente de subsistencia.
Durante décadas, islas como Faial dependieron fuertemente de la caza de ballenas, una actividad central para la economía local. El aceite de ballena era un recurso energético esencial en el mundo atlántico, utilizado para la iluminación en grandes ciudades europeas, incluyendo Londres. Con el declive de esta industria y la posterior prohibición de la caza de ballenas, muchas de estas comunidades se vieron obligadas a adaptarse, transformando su conocimiento e infraestructura marítima en actividades relacionadas con el turismo, particularmente la observación de cetáceos.
Esta dependencia directa del mar creó un sistema económico basado en incentivos inmediatos. Quienes explotan los recursos marinos en las Azores viven bajo las consecuencias de sus propias decisiones: la sobreexplotación tiene efectos rápidos, visibles y locales. La pesca, realizada en su mayoría a pequeña escala y repetidamente por las mismas comunidades, generó prácticas prudentes mucho antes de que existieran marcos regulatorios modernos.
Este modelo ayuda a explicar por qué, en las últimas décadas, la economía azul se ha destacado respecto al resto de la economía regional, representando cerca del 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional en 2022.
Este éxito se debe a la gestión local de los recursos y no a un plan centralizado a nivel europeo.
Es precisamente aquí donde surge la tensión con el marco regulatorio europeo. La Política Pesquera Común (PPC) fue diseñada para gestionar grandes flotas industriales a escala continental, con cuotas nacionales rígidas establecidas en Bruselas y con impactos diluidos en el tiempo. En las Azores, aunque la PPC se aplica, su peso es mucho menor, ya que la flota es casi totalmente artesanal (menos de 700 embarcaciones, en su mayoría pequeñas), la población es reducida (alrededor de 240.000 habitantes) y la insularidad ya impone una gestión cercana e inmediata de los recursos.
Como Región Ultraperiférica, las Azores se benefician de adaptaciones y derogaciones bajo el artículo 349 del Tratado de la UE; sin embargo, en este caso la Unión Europea no hace más que conceder excepciones a dinámicas que nunca necesitaron tales regulaciones en primer lugar. Esta comunidad se autorregula, con el propio Gobierno Regional estableciendo cuotas y límites anuales adicionales por especie, prohibiendo prácticas como el arrastre de fondo en la ZEE local y ajustando las normas a la realidad insular. Quienes sobreexplotan sienten las consecuencias en meses, no en años.
Las reglas diseñadas para frenar abusos en flotas industriales terminan imponiendo algunos costos fijos (informes, monitoreo, etc.), pero no “arruinan” el sistema que se tiene. La proximidad entre la decisión y la consecuencia ayuda a preservar prácticas preexistentes, permite una rápida adaptación de acciones y sostiene el crecimiento de la economía azul.
El caso azoriano muestra que la sostenibilidad surge más de la responsabilidad local que del control centralizado y lejano. Es un claro ejemplo de cómo las políticas públicas funcionan mejor cuando respetan, reconocen y preservan la experiencia de quienes viven cerca de las consecuencias de sus acciones, y de porqué la Unión Europea debería dejar de interferir con tanta intensidad en la gestión de los recursos naturales de sus Estados miembros.
Aquí resuena la gran lección de Adam Smith: cuando cada persona decide en función de lo que mejor sirve a sus intereses y siente directamente las consecuencias, la economía tiende a prosperar.
Permitir que las personas sean libres para buscar su bienestar, en un contexto de responsabilidad real, genera riqueza y sostenibilidad simultáneamente.
