Cómo la disfunción gubernamental contribuyó al desastre de las inundaciones en Valencia.
Está claro a quién culpan los españoles de las devastadoras inundaciones que asolaron España el 29 de octubre, a consecuencia de las cuales 229 personas perdieron la vida y cinco siguen desaparecidas. Pocos días después de la catástrofe, cuando el presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, visitaron la localidad de Paiporta, en la región nororiental de Valencia -la zona más afectada, en la que murieron 221 personas-, los ciudadanos les lanzaron barro e insultos.
El presidente conservador de Valencia, Carlos Mazón, también formaba parte de esta delegación mal recibida, pero pronto se retiró junto con Sánchez tras ser acribillados a barro. Para los residentes locales, representan a una clase política disfuncional que no avisó con suficiente antelación de las lluvias torrenciales, y que desde entonces ha sido lenta e ineficaz en su respuesta. Esa clase superpoblada está formada por unos 300.000-400.000 políticos en total que operan en cuatro niveles de gobierno: municipal (ciudad/pueblo), provincial (código postal/condado), regional (estado) y central.
Inmediatamente después de las inundaciones, los representantes de ese gran número de políticos no aparecían por ninguna parte. Miles de voluntarios se hicieron cargo de los esfuerzos de recuperación, algunos de los cuales representaban a grupos marginales deseosos de capitalizar la ira pública y la desilusión con el establishment. Ese sentimiento ya ha impulsado a un nuevo grupo de derechas,Se Acabó la Fiesta, a conseguir sus primeros escaños en el Parlamento Europeo, una tendencia que probablemente se verá exacerbada por la respuesta del Estado a las inundaciones.
Han surgido dos bandos en las secuelas políticas de las inundaciones: la izquierda y el centro frente a la derecha y la región. El centro de su disputa es la interacción entre los poderes regionales y centrales en un Estado altamente descentralizado. Las diecisiete comunidades autónomas españolas se autogobiernan en gran medida, excepto en tiempos de crisis, cuando Madrid puede intervenir por decreto o a petición propia. Durante la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió la autonomía regional declarando el Estado de Alarma en todo el país (aunque la imposición del bloqueo mediante este mecanismo se declaró ilegal más tarde); y en octubre de 2017, tras una declaración inconstitucional de independencia en Cataluña, el gobierno conservador de Mariano Rajoy disolvió el parlamento catalán y se hizo con el control de la región.
Sánchez ha prometido 13.000 millones de euros en ayuda y ha enviado más de 17.000 soldados, guardias civiles y policías a Valencia; pero no ha declarado el Estado de Emergencia nacional, que permitiría a su gobierno coordinar la misión de recuperación. En este caso, según el Primer Ministro, «sustituir a la administración regional reduciría la eficacia» -una afirmación extraña, dado lo ineficaz que ha sido hasta ahora la respuesta regional. Mazón, por su parte, afirma que estaba esperando a que la unidad militar de emergencia (UME) española tomara el control tras las inundaciones; pero según el jefe de la UME, Javier Marcos, no se había solicitado ayuda: «Puedo tener 1.000 hombres en la puerta de la emergencia pero no puedo entrar, legalmente, sin autorización del jefe de la emergencia» -en este caso Mazón. Si el jefe regional hubiera elevado el nivel de alerta de dos a tres, se habría desencadenado la intervención del Estado.
El problema para Mazón es que no puede criticar a las autoridades centrales por falta de iniciativa sin abrirse él mismo a la misma acusación. Se calcula que 130.000 personas asistieron a una manifestación en Valencia el 9 de noviembre exigiendo su dimisión, pero hasta ahora, a pesar de ofrecer una disculpa un tanto coja por su gestión de la crisis, Mazón se ha negado a dimitir. Además de culpar al gobierno central, también señala con el dedo a AEMET, la agencia meteorológica nacional española, por su papel en la crisis.
Mazón afirma que AEMET no advirtió suficientemente del diluvio. Así justifica, presumiblemente, su anuncio a las 13.00 horas del 29 de octubre de que, «según las previsiones», la intensidad de la tormenta disminuiría a las 18.00 horas. Después, se fue a comer con un periodista durante cinco horas y no llegó al centro de control de emergencias hasta las 19 horas.
A pesar de las afirmaciones de Mazón en sentido contrario, la información meteorológica sobre el chaparrón que se avecinaba estaba disponible. La AEMET emitió un aviso cinco días antes de que estallara la tormenta, en el que predecía que se producirían lluvias torrenciales en la región. A las 7:30 de la mañana del 29 de octubre, emitió una alerta roja para toda Valencia, aconsejando a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos debido al «riesgo meteorológico extremo». Poco antes del mediodía, la Confederación Hidrográfica de Valencia alertó de desbordamientos de barrancos en el sur de la provincia. Sin embargo, los ciudadanos no recibieron las alertas en sus teléfonos móviles hasta poco después de las 8 de la tarde, mucho después de que hubieran comenzado las inundaciones. Salomé Padras, ministra de Interior valenciana, afirma que ni siquiera conocía la existencia del sistema de texto ES-Alert, introducido en 2023 para avisar de catástrofes naturales.
La responsabilidad tanto a nivel nacional como regional se remonta más allá de la preparación inmediata de las inundaciones. Una de las primeras cosas que hizo Mazón tras ganar las elecciones autonómicas valencianas de mayo de 2023 (tras las cuales su conservador Partido Popular [PP] formó coalición con su aliado de derechas Vox) fue suprimir una unidad de respuesta ante emergencias creada por la anterior administración dirigida por los socialistas. El otoño pasado, la alianza PP-Vox votó en contra de una propuesta de Compromís, una alianza regional de izquierdas, para hacer frente a «los crecientes riesgos de inundaciones en el Mediterráneo», una idea que el partido también planteó tres veces sólo en octubre. (La salida de Vox de la coalición en junio de este año dejó al gobierno de Mazón en minoría). Su propuesta fue ignorada, a pesar de que Valencia ya ha sufrido graves inundaciones con anterioridad, sobre todo en 1957, cuando murieron 81 personas, y de nuevo en 1982 y 1987.
A nivel nacional, la atención se centra también en la decisión de la ministra española de Medio Ambiente y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, de desechar una iniciativa que podría haber reducido la magnitud del desastre en Valencia. Una propuesta para canalizar el barranco de Poyo, que causó algunas de las peores inundaciones repentinas el 29 de octubre, fue aprobada inicialmente por el gobierno conservador de José María Aznar en 2009. Fue dejada de lado por los sucesivos gobiernos centrales hasta que Ribera finalmente la eliminó en 2021, por considerarla demasiado cara e intervencionista desde el punto de vista medioambiental.
En el nivel más fundamental, por supuesto, las inundaciones de Valencia fueron una catástrofe natural, un fenómeno meteorológico extremo que habría causado tremendos daños incluso si toda la zona hubiera sido evacuada con antelación. Pero no fueron totalmente inéditas, ni hubo falta de información sobre la tormenta que se avecinaba. Sus efectos destructivos se vieron sin duda exacerbados por la disfunción gubernamental tanto a nivel nacional como regional, y por una ruptura de la comunicación y el entendimiento entre ambos.
