Se está presionando a Spotify para que retire del podcast de Joe Rogan los episodios polémicos, pero capitular ante las presiones sería una forma informal de censura. Afortunadamente, hay una alternativa.
La reciente controversia en torno al podcast Joe Rogan Experience (JRE) nos presenta algunas inquietudes algo problemáticas sobre la naturaleza de la libertad de expresión. A lo largo de la pandemia del COVID-19, Rogan ha sido acusado de proliferar la “desinformación” sobre el virus, pero la gota que derramó el vaso llegó en diciembre (episodio # 1757), cuando el podcaster tuvo como invitado al virólogo Dr. Robert Malone, un experto con credenciales quien tiene opiniones contrarias a las vacunas del COVID-19.
Este episodio provocó que 270 “expertos médicos” -la mayoría no eran verdaderos médicos- enviaran una carta abierta a Spotify pidiéndole a la compañía que retirara la información inexacta difundida en el podcast de Rogan.
“Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información errónea en su plataforma”, escribieron, “aunque la empresa no tiene actualmente una política de desinformación”.
En resumen, la ola de preocupación por el Podcast JRE que promueve información inexacta presionó a Spotify para que editara o eliminara el contenido, aunque, desde una perspectiva legal, el servicio de streaming sueco tiene todo el derecho a distribuir el contenido de Rogan. (En respuesta al revuelo, Spotify emitió una nueva medida para mitigar la “desinformación”).
Si se tiene en cuenta que Spotify llegó a un acuerdo con Rogan de más de 100 millones de dólares, queda claro que la empresa valora el contenido de Rogan. Sin embargo, desde el punto de vista ético, existen problemas de libertad de expresión relacionados con la presión social para moderar y censurar contenidos. También es evidente que a Spotify no le preocupa demasiado el contenido producido en el podcast de Joe Rogan. Las medidas adoptadas parecen ser principalmente una respuesta al aumento del escrutinio y la presión del público.
El problema
En un mundo con multitud de puntos de información, cada vez es más difícil separar la realidad de la ficción. Internet ha democratizado de forma efectiva la distribución de los medios de comunicación y de la información, dando ahora a individuos con perspectivas heterodoxas una plataforma para producir contenidos. Siempre habrá productores de contenidos que perpetúen la desinformación. El dilema es: ¿quién decide lo que constituye desinformación?
Una opción es que sea el gobierno quien lo decida, pero esto se enfrenta a graves problemas. Al fin y al cabo, la Primera Enmienda está pensada para proteger el discurso impopular, como se demostró en Johnson contra Texas (1989) (validado a nivel estatal) y en Estados Unidos contra Eichman (1990) (a nivel federal). Por lo general, mientras la información incorrecta no sea difamatoria, es un discurso protegido, ya que el gobierno no debe ser el árbitro último de la verdad.
Otra opción es confiar en las opiniones de acreditados expertos. Esta situación es paralela al fenómeno de la ignorancia racional examinada por la Teoría de Elección Pública. La idea básica es que la deferencia hacia los expertos y las figuras públicas es rentable para el laico promedio. No es necesario leer docenas de revistas médicas llenas con oscuro lenguaje técnico. Sin embargo, este método presenta sus propios problemas. Por un lado, el consenso de los expertos no es unánime cuando se trata del COVID-19. El Dr. Robert Malone y sus críticos, por ejemplo, son todos expertos con credenciales. ¿A qué grupo de expertos debe hacerle caso el público? También es posible que los profesionales médicos que apoyan el conocimiento convencional tengan motivos ocultos, lo que comprometería la integridad de su “opinión como expertos”.
Una posible solución
Afortunadamente, estas no son nuestras únicas alternativas. En lugar de aprobar leyes que supriman la expresión o confiar en una oligarquía de expertos, ¿por qué no tener una plataforma en la que los usuarios determinen la veracidad del contenido? Por ejemplo, el profesor y erudito F.E. Guerra-Pujol sugiere en su artículo Betting on Conspiracy Theories: Kurt Godel and ‘The Leibniz Cover-Up’ (2021) que deberíamos validar las teorías conspirativas apostando por ellas. Esto podría ocurrir mediante la implementación de un mercado de retrodicción, una versión modificada de un mercado de predicción.
En los mercados de predicción, los participantes hacen una oferta sobre la probabilidad de que se produzca un acontecimiento futuro. Los operadores pueden comprar un contrato de sí o no sobre la proposición del acontecimiento especulado. El costo de un contrato específico suele reflejar el consenso sobre la probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Por ejemplo, “¿Seleccionará Joe Biden a J. Michelle Childs como reemplazo de Stephen Beyers en el Tribunal Supremo?”; Sí (2 $)/ No (5 $).
El beneficio es doble: la agregación de información salva las asimetrías en la información y ajusta los sesgos. Además, el incentivo de una recompensa monetaria da a los participantes una razón para hacer juicios precisos.
Un mercado de retrodicción es una versión del mercado de predicción en la que los operadores pujan por la validez de eventos o información pasados. Un excelente ejemplo de una propuesta de Mercado de Retrodicción sería “¿Las vacunas causan autismo?”. Si la mayoría de los participantes en el mercado están dispuestos a arriesgar dinero apoyando una afirmación contraria sobre un tema determinado, esto podría ser una señal de que la afirmación tiene cierta veracidad. Por el contrario, si la mayor parte del dinero apuesta en contra de la afirmación, es muy probable que ésta sea falsa.
Esta solución permitiría a los usuarios de la plataforma, independientemente de su nivel de conocimientos, juzgar con cierto grado de certeza si un artículo u otro tipo de medio es probablemente exacto.
Los mercados de apuestas, como el mercado de retrodicción propuesto por Guerra-Pujol, ayudan a validar la información salvando las asimetrías informativas. Como explicó el premio Nobel F.A. Hayek, la naturaleza del conocimiento está dispersa y no se concentra en ningún individuo o institución. Por ello, los intentos pasados de utilizar la gobernanza descendente para gestionar las economías han fracasado, ya que es imposible que una sola persona u organización disponga de toda la información relevante para planificar eficazmente la actividad económica.
El mismo principio se aplica al mercado de ideas, ya que ninguna persona tiene conocimientos suficientes para validar todas las teorías que se promueven en Internet. Un método de agregación de consensos basado en incentivos puede tener en cuenta diferentes fuentes de información y las experiencias de los participantes, lo que aumenta las probabilidades de exactitud.
Spotify podría sentirse obligado a eliminar los episodios polémicos del podcast JRE, pero capitular ante tales presiones actuaría como una forma informal de censura. Una alternativa mejor sería que los oyentes de Spotify juzgaran la exactitud del contenido de estos episodios, quizás a través de una forma modificada de un Mercado de Retrodicción para evitar la regulación y los requisitos impuestos a las apuestas y a los contratos de opciones binarias.
Los suscriptores de Spotify son los consumidores, por lo que la empresa debería tomarse su opinión en serio. Si los oyentes de Spotify piensan que los episodios son problemáticos, la empresa podría colocar una aclaratoria en los episodios controversiales, en lugar de eliminarlos o censurarlos directamente. En pocas palabras, una medida voluntaria que incorpore el consentimiento y el consenso de los clientes es una solución superior a que una empresa actúe, desde arriba, como moderadora de contenidos.
