Mientras Noruega construía un fondo de 2 billones de dólares, el Reino Unido tiró las ganancias de su Mar del Norte.
El Reino Unido tiene petróleo en el Mar del Norte. Pero eligió no pensar en este recurso a largo plazo, tratándolo como una fuente temporal de ingresos en lugar de una oportunidad para construir riqueza duradera. En la década de 1970, algunos economistas tenían claro que el petróleo del Mar del Norte representaba una oportunidad única.
En 1974, Gavin McCrone, economista senior de la Scottish Office al servicio del gobierno británico, elaboró un informe interno para los ministros de Westminster. El informe evaluaba las implicaciones económicas del petróleo del Mar del Norte para una Escocia independiente y concluía que los ingresos eran muy superiores a las estimaciones previas. McCrone advirtió que esta bonanza representaba una oportunidad histórica de prosperidad duradera, capaz de transformar las finanzas públicas si se gestionaba adecuadamente. El informe permaneció clasificado durante 30 años. Cuando se reveló en 2005, quedó claro el grave error estratégico que había supuesto ignorar sus propuestas.
Ese error se evidencia al mirar a Noruega, que optó por gestionar sus ingresos petroleros de una manera radicalmente distinta a la de Gran Bretaña.
A pesar de que los precios de la energía han subido tras la inestabilidad en Oriente Medio, el gobierno del primer ministro Keir Starmer ha adoptado una política contradictoria: restringe la nueva exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte al tiempo que mantiene una de las cargas fiscales más elevadas del mundo sobre el sector. El impuesto a las ganancias energéticas se aproxima a un total del 78%. Las facturas de energía han subido considerablemente desde que el Partido Laborista llegó al poder y se prevé que aumenten un 18% adicional en julio.
Aunque nuevas licencias no resolverían la crisis energética a corto plazo, el Mar del Norte es una cuenca madura cuya producción alcanzó su pico en 1999 y hoy se sitúa en apenas el 20-23% de ese nivel, con alrededor del 93% del petróleo y gas recuperable ya extraído. Aún existen yacimientos descubiertos con recursos conocidos e infraestructura cercana que permanecen sin desarrollar. La decisión de no emitir licencias —política, no económica— acelera un declive inevitable sin dejar prácticamente nada a cambio. No hay fondo soberano, no hay ingresos significativos para financiar la transición energética y no hay reserva estratégica frente a las importaciones.
Sin embargo, el problema no comenzó con Starmer. Durante 50 años, gobiernos laboristas y conservadores por igual trataron los ingresos del Mar del Norte como renta corriente ordinaria. El dinero entraba y salía rápidamente: en los años 70 ayudó a combatir la inflación y las huelgas; en los 80 respaldó las reformas; en 2008 sirvió durante la crisis financiera; y en 2020 financió el gasto de la pandemia. No quedó prácticamente nada. Sin fondo, sin reserva, sin independencia energética.
Noruega hizo exactamente lo contrario. En 1990, cuando los ingresos aún no eran enormes, creó el Fondo de Pensiones del Gobierno Global y lo protegió de la volatilidad política a corto plazo. La regla establecida era ahorrar la mayor parte de los ingresos petroleros. Una vez creado, la ley dificultó que los gobiernos posteriores lo revirtieran.
Hoy, el fondo noruego vale unos 2,2 billones de dólares, más de 380.000 dólares por ciudadano. Fue construido por gobiernos de izquierda y de derecha por igual, porque la regla institucional prevaleció sobre el ciclo electoral. Los rendimientos, limitados a alrededor del 3% anual, financian el presupuesto de manera sostenible.
El contraste con el Reino Unido es contundente. Se estima que si el país hubiera adoptado el modelo noruego desde los años 70 u 80, hoy contaría con un fondo soberano valorado entre 400.000 y 850.000 millones de libras esterlinas. Esa cantidad generaría rendimientos anuales de varios miles de millones de libras, suficientes para amortiguar los choques energéticos, ayudar a pagar las facturas de energía durante las crisis, reducir la deuda pública o invertir en infraestructura y educación sin desequilibrios fiscales.
En cambio, el Reino Unido gastó todo. Sin reserva, se volvió más dependiente de las importaciones, incluidos el gas y el petróleo de la propia Noruega. El país que ahorró su dinero ahora le vende energía al país que dilapidó el suyo. Esta dependencia aumenta la vulnerabilidad ante los choques de precios globales y reduce la capacidad del gobierno para responder.
Como explica el Premio Nobel de Economía de 1986, James Buchanan, en la Teoría de la Elección Pública, los políticos son agentes racionales que responden a incentivos. El principal incentivo es ganar las próximas elecciones, no preparar a la próxima generación. El gasto en proyectos visibles trae votos. Ahorrar a largo plazo, no. Sin reglas sólidas que limiten la discrecionalidad, el consumo presente prevalece.
Starmer considera que su enfoque —restringir licencias combinado con una tributación elevada— equivale a salir del ciclo de los combustibles fósiles. Pero ese ciclo no fue creado por el mercado. Fue construido por décadas de intervención política, exactamente como la que ahora se profundiza. Menos licencias y más impuestos significan menos inversión, menor producción futura y mayor dependencia de las importaciones. Esto no reduce los precios de la energía a corto plazo, porque los precios son globales, pero sí empeora la vulnerabilidad estructural del país.
El verdadero fracaso nunca fue la cantidad de petróleo extraído, sino la forma en que se gestionó el dinero mientras existió. McCrone advirtió a Gran Bretaña en 1974. No fue escuchado.
Más de 50 años después, el Reino Unido ha perdido una oportunidad única y ahora se encuentra sin fondo soberano, sin reserva estratégica y sin independencia energética. Las consecuencias son una economía más expuesta a los choques externos y menos capaz de proteger a los ciudadanos cuando suben los precios globales.
La lección de Noruega muestra que las buenas instituciones importan más que el populismo político y la próxima emergencia. Ante la inevitabilidad de la escasez de recursos, la acción debe ser pragmática y orientada al futuro, limitando la discrecionalidad política a corto plazo.
