[Este artículo se publicó en el Wall Street Journal el 19 de agosto de 1977 (imagen alojada en FEE.org). Anticipa la perspectiva de una reforma monetaria a través de la iniciativa privada. La criptomoneda es una de esas iniciativas que ha surgido desde que Hayek escribió.
Hayek plantea aquí varios puntos críticos. Explica que la inestabilidad económica y el crecimiento del gobierno están totalmente causados por el dinero malo. No es probable que los gobiernos sean los agentes de la reforma, pero todo lo que deben hacer para permitirla es flexibilizar o derogar las leyes de curso legal.
Los bancos existentes, dice, deberían asumir la tarea de crear un nuevo dinero respaldado por activos físicos. Los bancos mantendrían reservas elevadas y serían los únicos responsables del reembolso del dinero. Llegarían a circular simultáneamente muchos dineros, y el público llegaría a preferir el dinero privado porque el dinero gubernamental se deprecia. Con el tiempo, el dinero privado superaría al público.
– Editores de FEE.org]
Siempre he defendido el patrón oro, y más tarde los tipos de cambio fijos, no porque pensara que daban lugar a un dinero especialmente bueno, sino porque proporcionaban la única protección eficaz contra el abuso gubernamental de su monopolio para emitir dinero.
Pero ahora, cuando esta disciplina se ha roto, no veo ninguna esperanza de que se restablezca jamás.
Por lo tanto, a menos que cambiemos fundamentalmente las cosas, nuestra perspectiva parece ser la de una aceleración indefinida de la inflación, agravada por los controles de precios, seguida de un rápido desmoronamiento del mercado, de las instituciones democráticas y, en última instancia, de la civilización tal como la conocemos.
Pero, como nos enseñó Shakespeare: “las enfermedades que crecen desesperadamente, con un aparato desesperado se alivian, o no se alivian”.
Hace dos años sugerí una cura radical – es decir, quitar al gobierno el monopolio de la emisión de dinero y entregar la tarea a la industria privada – en parte como una broma amarga.
Sin embargo, al reflexionar más sobre el tema, la idea me fascinó cada vez más. Porque ahora parece ofrecer un remedio eficaz a nuestros problemas monetarios y abre un capítulo nuevo e inexplorado de la teoría monetaria.
No sólo nuestros problemas con el dinero, sino también la inestabilidad de la economía capitalista y el crecimiento del gobierno se deben enteramente a que los gobiernos niegan a la libre empresa el derecho a suministrar el buen dinero que necesita, dinero que sin duda la competencia habría proporcionado hace mucho tiempo si el gobierno no lo hubiera prohibido.
Desde que Bodin, en el siglo XVI, declaró por primera vez que el derecho a acuñar moneda era uno de los atributos esenciales de la soberanía, se ha sostenido que el gobierno necesitaba ese poder para abastecerse de dinero. Sin embargo, ha habido pocos intentos de justificar el monopolio monetario del gobierno sobre la base de que proporcionaría mejor dinero, al menos no desde que la emisión de dinero se refería únicamente a la acuñación de moneda. E incluso esa prerrogativa era generalmente abusada por los gobiernos.
Pero las cosas se han vuelto totalmente desesperadas desde que los economistas modernos empezaron a enseñar a los gobiernos que hacían el bien gastando más de lo que los ciudadanos estaban dispuestos a darles en impuestos.
Dos malentendidos
No me cabe duda de que la competencia sería mucho más inventiva a la hora de proporcionar el tipo de instituciones monetarias necesarias para el buen funcionamiento de los mercados. Pero habría que hacer frente a dos malentendidos.
El primero es que debe haber una moneda de curso legal. De hecho, no es necesaria en absoluto. Los economistas liberales del siglo XIX entendían que “moneda de curso legal” significaba simplemente que el gobierno obligaba a las partes de un contrato a cumplir su obligación de una manera que no habían previsto al celebrar el contrato.
Como señaló Carl Menger hace 85 años, los economistas se dejaron convencer inexplicablemente por los abogados de que el curso legal era un atributo esencial del dinero perfecto. Sin embargo, el experto financiero de hace 100 años, que informaba de que tras siglos de abusos los chinos habían recuperado la confianza en el papel moneda “porque no es de curso legal y no concierne al Estado”, entendía las cosas mucho mejor que la mayoría de los abogados.
Por supuesto, en China el Estado pronto volvió a interferir y lo estropeó todo.
La segunda objeción es: ¿qué pasa con la ley de Gresham? ¿Acaso el dinero malo no expulsaría inevitablemente al bueno?
Pero la ley de Gresham no se aplica a la competencia entre monedas de distintas denominaciones, cuyo tipo de cambio lo determina actualmente el mercado. Sólo cuando la gente tiene la opción de pagar con dinero bueno o malo, elige inevitablemente el malo y conserva el bueno para otros fines.
Pero si los tipos de cambio entre los diferentes medios de cambio son variables, la gente (como se ha demostrado al final de todas las grandes inflaciones) se negará a vender por el dinero malo. Insistirán en que se les pague con el bueno.
Si yo estuviera al frente de uno de los grandes bancos por acciones de Zurich, y suponiendo que no hubiera prohibiciones legales, anunciaría que emitiría certificados y abriría cuentas corrientes en términos de alguna nueva unidad monetaria. Reclamaría derechos exclusivos sobre ella, responsabilizándome de canjearla a la vista, a elección del titular, por un número determinado de dólares estadounidenses, francos suizos o marcos alemanes.
Además, anunciaría mi intención, aunque sin asumir una obligación legal, de controlar la cantidad de esta emisión para mantener su poder adquisitivo lo más constante posible (medido con respecto a una lista específica de materias primas).
Añadiría a este anuncio que comprendía perfectamente que el éxito de mi negocio, que debería ser muy rentable puesto que prestaría dinero, dependía de que cumpliera la expectativa del público de que mantuviera mi moneda al valor real anunciado. Estoy convencido de que podría satisfacer esta expectativa.
Todos los ejecutivos del banco emisor se guiarían en sus decisiones de préstamo y compra o venta de divisas u otros activos por un número indicativo, cuyo valor actual parpadearía constantemente ante ellos.
El número indicativo sería, en efecto, una media ponderada de los precios monetarios -probablemente de las materias primas y de los productos alimenticios comercializados internacionalmente- tomados en primer lugar en función de las monedas en las que se negocian y convertidos al tipo de cambio vigente.
En otras palabras, sería un número índice calculado continuamente sobre la base del último precio y cotización de cambio llegados. Si la base de este número índice fuera, digamos, 1.000, una subida a 1.003 informaría instantáneamente a todos los funcionarios del banco de que reducirían ligeramente sus préstamos y compras. Del mismo modo, una caída a, digamos, 998 les diría que pueden relajarse ligeramente.
Por supuesto, el mercado y los medios de comunicación utilizarían la misma información, con lo que cualquier desviación de la norma anunciada se haría pública rápidamente.
Los consumidores individuales probablemente se conformarían con que se les pagara con cualquier moneda generalmente aceptada que no se depreciara notablemente. Pero las grandes empresas manufactureras y comerciales elegirían una moneda que permitiera una contabilidad fiable del capital, minimizara en lo posible la incertidumbre sobre la evolución futura de determinados precios y fuera aceptable internacionalmente. Con el tiempo se desarrollaría un estándar común de materias primas, representado por una serie de monedas específicas diferentes.
Dado que los activos de cualquier banco de este tipo consistirían principalmente en préstamos a corto plazo en términos de su propia moneda estable, no debería haber ningún problema en cuanto a su capacidad para controlar las cantidades pendientes. A efectos de liquidez instantánea, tendría que mantener una cierta reserva limitada en otras monedas, pero su situación sería exactamente la misma que la de todos los demás bancos que han existido, es decir, que no podría hacer frente a todas sus obligaciones a la vista si se le exigieran al mismo tiempo.
El éxito de esta política significaría que si la moneda nacional en la que la moneda privada era legalmente convertible continuaba inflándose, la moneda privada llegaría a flotar cada vez más alto. Desde el principio se habría valorado más que cualquiera de las monedas en las que era canjeable a opción del tenedor, simplemente porque gracias a esa opción era menos arriesgada.
Pero a medida que las monedas oficiales siguieran depreciándose, la diferencia no dejaría de aumentar, y con ella la conciencia pública de las ventajas de una moneda estable.
La aparente rentabilidad de este negocio atraería obviamente a los competidores.
¿Qué preferirá el público?
Esto plantea la pregunta: ¿Qué dinero preferirá el público si puede elegir entre varios tipos, que difieren en carácter y estabilidad?
La respuesta dependerá del éxito o el fracaso de las monedas competidoras, que pueden basarse en normas diferentes. Es decir, podría haber diferencias entre las distintas materias primas a las que se vincula el índice monetario, diferencias en el grado de estabilidad y diferencias en el crecimiento bancario.
Pero una vez que el público muestre su preferencia por un estándar concreto (o quizá por varios), nada puede impedir que otros bancos basen su propia moneda (aunque con otro nombre) en ese mismo estándar.
Preveo que al final prevalecerá una sola norma o muy pocas, sin duda en las grandes regiones y quizá en todo el mundo. También preveo que las monedas que aspiran a los mismos estándares serían emitidas bajo diferentes nombres por muchos bancos diferentes, que seguirían compitiendo en cuanto a la fiabilidad de su fidelidad a esos estándares y en cuanto a todos los demás servicios que ofrecerían a los usuarios de su moneda.
La eliminación del monopolio estatal sobre la emisión de moneda de curso legal no sólo nos proporcionaría un dinero estable, sino que también acabaría con esas pirámides crediticias de determinados países en los que un sistema de reserva fraccionaria hace igualmente imposible que el banco central y el banco comercial ejerzan un control efectivo sobre la cantidad de todo el dinero de una denominación concreta.
Hace tiempo que se comprendió lo absurdo de este sistema, con su “inestabilidad inherente” y su “perversa elasticidad” del crédito, pero hombres como Walter Bagehot y Ludwig von Mises consideraron que debía tolerarse por el momento porque la gente se había adaptado a él.
Ahora no tenemos más remedio que cambiar nuestro sistema monetario, tarde o temprano. Y una de las principales necesidades, si queremos eliminar las grandes fluctuaciones del crédito, es acabar con la distinción entre el efectivo emitido por el gobierno y el crédito monetario que crean los bancos.
Creo que aún comprenderemos que lo único que no debe permitirse que posea en exclusiva el gobierno de un país libre es una imprenta de dinero. Cuanto antes lo aprendamos, mejor para todos nosotros y para nuestras instituciones libres.
