España se opone al impulso desregulador de la UE.
Durante los últimos dos años, la UE ha estado en una misión para hacer más competitivas las empresas europeas mediante un proceso al que llama “simplificación”. Esto significa recortar la burocracia —sobre todo cuando se trata de obligaciones de reporte y cumplimiento— en un 25% para todas las empresas, y al menos un 35% para las pymes. Respaldado por Alemania, Italia y los países nórdicos, se dice que el proyecto ya ha ahorrado 15,000 millones de euros en costos administrativos a las empresas de la UE, casi a mitad de camino de la meta de ahorro de 37,500 millones de euros fijada por Bruselas para 2029.
La revolución desreguladora de Europa comenzó con un informe de 2024 del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Draghi recomendó una revisión integral del sistema regulatorio de la UE, así como un aumento de la inversión, para permitir que el bloque compita en condiciones más equitativas con Estados Unidos y China. La Comisión Europea respondió el año pasado presentando diez paquetes “ómnibus”, cada uno enfocándose en una industria específica. Viniendo de una institución que se ha mostrado enamorada de la burocracia durante la mayor parte de su historia, algunos de estos paquetes resultan sorprendentemente agresivos: por ejemplo, eliminan al 80% de las empresas europeas de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, y reducen a una sola inspección anual in situ por cada granja del bloque.
Para el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, esto no representa una liberación para las empresas de la UE, durante tanto tiempo enredadas en procedimientos de cumplimiento centralizados, sino una amenaza a la estabilidad del bloque. Al hablar por videoconferencia ante el parlamento europeo el 9 de junio, dijo: “Algunos dicen que para competir hay que desregular. Quienes dicen eso son los mismos que llevaron al mundo a la crisis financiera con esa misma receta.” Sánchez sostuvo que la verdadera pregunta no era “tener más o menos leyes o normas”, sino “tener buenas normas y leyes” —y que, por implicación, la iniciativa de desregulación corre el riesgo de desechar muchas normas “buenas”.
Pero, ¿qué hace que una ley sea “buena” en este contexto? Para los grupos de presión industriales y la derecha de la UE (que domina el parlamento del bloque), son aquellas que permiten que las empresas crezcan e innoven, para poder competir mejor con China y Estados Unidos. Pero para la izquierda europea, de la cual Sánchez se ha convertido en el líder extraoficial, la regulación debe servir al objetivo de Bruselas de ser el primer continente climáticamente neutro del mundo para 2050. En el camino hacia ese hito, la UE quiere que las energías renovables representen el 42.5% de su combinación energética para 2030 (actualmente, esa cifra es del 25%).
Inspirados por el informe de Draghi, el liderazgo de la UE quiere lograr ambas cosas. Está convencido de que la “simplificación” regulatoria impulsará tanto la competitividad de las empresas como sus credenciales climáticas, al liberar más presupuesto para realizar los cambios tecnológicos necesarios para ambos fines. Pero esto parece excesivamente optimista. Por poner solo un ejemplo, existe un enfado generalizado en la industria agrícola europea por las regulaciones ambientales de Bruselas, que los agricultores afirman obstaculizan severamente su competitividad —especialmente dada la proliferación de importaciones baratas provenientes del bloque sudamericano del Mercosur.
Estas frustraciones han desencadenado protestas masivas de tractores en los últimos años, sobre todo en Francia, Bélgica y España. Sin embargo, si la UE espera que su agenda climática no se vea afectada por una flexibilización de las regulaciones de cumplimiento dentro del sector agrícola (como se detalla en el paquete ómnibus correspondiente, anunciado en mayo pasado), sin duda se engaña. Esto, por supuesto, también aplica a todas las demás industrias. Si la prioridad es aumentar la competitividad, los objetivos climáticos tendrán que pasar a un segundo plano, al menos hasta 2029.
Sánchez tiene razón al decir que la falta de una regulación efectiva contribuyó a la crisis financiera de 2008 (aunque no fue la única causa). Pero la adhesión a una legislación rígida y uniforme también puede provocar estancamiento fiscal. En 2010, las economías de Estados Unidos y la UE tenían un tamaño aproximadamente similar, pero desde entonces se han distanciado de forma significativa. Un informe identifica como factor la relativa falta de dinamismo comercial en la UE, “lo que sugiere la existencia de barreras regulatorias y administrativas en el mercado único”. Las normas fiscales impuestas de forma centralizada también pueden agravar los problemas: la crisis de deuda de la eurozona de 2009 se vio significativamente agravada por la falta de autonomía fiscal de los países —por ejemplo, por su incapacidad para devaluar sus propias monedas como mecanismo de recuperación. Sánchez lo sabe. En 2022, presionó con éxito a la UE para obtener la llamada “excepción ibérica”, que ayudó a España y Portugal a hacer frente a la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué fue esto sino una admisión de que las regulaciones de la UE pueden ser demasiado restrictivas?
El canciller alemán Friedrich Merz es el defensor más entusiasta de la desregulación de la UE. Ha pedido un enfoque de “una entra, dos salen”, según el cual cada nueva ley de la UE debería ir acompañada de la eliminación de dos leyes antiguas. Y hay muchas de las cuales deshacerse. Desde su fundación, la UE ha aprobado más de 100,000 actos legislativos, y continúa haciéndolo a un ritmo de alrededor de 2,000 por año. Resulta difícil de creer que cada una de estas leyes cumpla una función positiva. Según un informe del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), la UE añadió 562 páginas nuevas a su normativa de Datos y Privacidad entre 2016 y 2024, momento en el cual el número de restricciones en ese sector —medido por el uso de la palabra “deberá”— era de casi 2,500. ECIPE citó un estudio del Banco de España, que encontró que cada nueva norma se correlacionaba con una caída del 0.7% en el empleo en el área afectada.
Merz cuenta con el apoyo de la primera ministra italiana Georgia Meloni, quien recientemente describió a la UE como un “monstruo burocrático que con demasiada frecuencia ha sacrificado la competitividad, el crecimiento y la visión estratégica en el altar de los enfoques ideológicos y tecnocráticos, contribuyendo así al declive económico y geopolítico gradual del continente”. Merz y Meloni forman lo que los sectores ambientalistas más firmes consideran un “eje Berlín-Roma” con poder para socavar los objetivos climáticos de la UE. “[Una] fe ciega en la desregulación”, sentenció The Guardian en febrero, “no es ni remotamente una estrategia adecuada para estos tiempos”. Tampoco lo es una obsesión con las políticas ambientales cuando la mayoría de las grandes economías europeas —incluida la de España— sienten más presión que nunca por parte de China y Estados Unidos.
Los líderes empresariales están aprovechando al máximo esta ola desreguladora. Un informe reciente de Corporate Europe Observatory y LobbyControl encontró que los mayores grupos de presión industriales de Europa (definidos como empresas con presupuestos de incidencia de al menos 1 millón de euros al año) están gastando 382 millones de euros anuales en presionar a la UE, un aumento del 50% respecto a 2025. “En definitiva”, advierten sus autores, “estamos presenciando a grupos de presión corporativos con un poder cada vez mayor y más audaz para influir en las políticas, un público que en gran medida desconoce lo que está ocurriendo, y la mayor ola de desregulación jamás vista en la UE”.
Sánchez tiene razón al advertir sobre los peligros de una desregulación excesiva, y al decir que la calidad de las normas, no solo su cantidad, es crucial para su efectividad. Pero este argumento, en realidad, refuerza el caso a favor de la desregulación, al sugerir que una ley “buena” vale más que dos leyes “malas” o inútiles. Dentro de la UE hay muchas del primer tipo, pero también hay muchas del segundo. Una poda prudente de la maraña regulatoria del bloque es algo que ya se debería haber hecho hace tiempo.
