Por qué el acuerdo UE–Mercosur no es un tratado de libre comercio.
En Bruselas hemos sido testigos de una escena que se ha vuelto cada vez más común: protestas de agricultores europeos marcadas por una hostilidad creciente, que incluye la quema de llantas y enfrentamientos con la policía. Este descontento es la reacción acumulada a un proceso que se ha prolongado por más de 25 años y que ahora se empuja hacia su conclusión bajo condiciones profundamente dañinas para los agricultores europeos.
Algunos invocan los beneficios de los mercados libres y, en circunstancias normales, estos efectivamente ofrecen los mejores resultados tanto para productores como para consumidores. El problema es que, entre los agricultores europeos y los productores del Mercosur —un bloque comercial que incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay—, el mercado nunca puede ser verdaderamente libre, porque los agricultores de cada bloque operan bajo condiciones regulatorias fundamentalmente distintas.
La Unión Europea (UE) exige a sus agricultores cumplir con normas ambientales, sanitarias y laborales cada vez más estrictas en el marco del Pacto Verde Europeo y la Política Agrícola Común (PAC), incluyendo reglas específicas como la GAEC 8, que obliga a dejar partes de la tierra sin cultivar como áreas de barbecho o como elementos no productivos, como setos o zonas de biodiversidad. Estos requisitos elevan de manera significativa los costos de producción. Al mismo tiempo, la UE busca abrir su mercado a productos provenientes de países que no están sujetos a reglas comparables y que pueden vender a precios más bajos. En estas condiciones, hablar de un “mercado libre” es un error conceptual. No hay libertad de mercado cuando los costos se imponen de manera asimétrica por decisión política.
En la práctica, esto obliga a los agricultores europeos a renunciar a parte de su capacidad productiva para cumplir con objetivos ambientales definidos políticamente, sin una compensación proporcional en ingresos y sin que se impongan obligaciones equivalentes a los productos importados. Esto representa un costo indirecto derivado de decisiones regulatorias. El agricultor produce menos, mientras sigue compitiendo en un mercado abierto con productores externos que no están obligados a retirar tierras de la producción.
Lo mismo ocurre con las severas restricciones al uso de pesticidas y fertilizantes impuestas por la estrategia “De la granja a la mesa” (Farm to Fork). Los agricultores europeos se ven forzados a utilizar insumos alternativos que con frecuencia son más caros y operativamente menos eficaces, no porque incumplan estándares ambientales o ecológicos, sino porque suelen ofrecer una protección más limitada, requieren aplicaciones más frecuentes y funcionan de manera confiable solo bajo condiciones agronómicas específicas. Esto incrementa la exposición a plagas y enfermedades de los cultivos, eleva los costos de producción y vuelve más volátiles los rendimientos, especialmente para las pequeñas explotaciones.
Los productores de los países del Mercosur no operan sin regulación: estos países cuentan con sus propias normas ambientales, sanitarias y laborales, y las exportaciones agrícolas a la Unión Europea deben cumplir con los estándares de seguridad alimentaria de la UE en la frontera. Sin embargo, estos requisitos no son comparables en alcance ni en impacto económico con las restricciones que la UE impone a nivel del proceso productivo.
Bajo la estrategia Farm to Fork, la UE ha fijado objetivos para reducir el uso y el riesgo de pesticidas en 50% y el uso de fertilizantes en al menos 20% para 2030, implementando estas metas mediante restricciones a los insumos y la prohibición de numerosas sustancias activas. Muchas sustancias prohibidas en la UE, como el clorotalonil, siguen estando autorizadas para uso agrícola en los países del Mercosur.
Si bien los productores del Mercosur pueden estar sujetos a regulaciones nacionales y objetivos de sostenibilidad, no están obligados a internalizar restricciones equivalentes a nivel productivo que reduzcan sistemáticamente la producción o incrementen los costos de cumplimiento. Como resultado, los agricultores europeos enfrentan presiones regulatorias que no comparten sus competidores externos, lo que crea una brecha artificial de precios impulsada por la asimetría regulatoria y no por diferencias en eficiencia productiva.
A estas presiones se suman los costos asociados a las normas laborales y sociales vigentes en la UE. Los agricultores europeos deben cumplir con salarios mínimos elevados, contribuciones a la seguridad social y reglas estrictas en materia de contratación y seguridad en el trabajo, en un contexto de severa escasez de mano de obra agrícola. Estas obligaciones son legítimas dentro de un sistema económico que valora la protección social y los derechos laborales. Sin embargo, se convierten en una fuente de distorsión cuando la UE abre su mercado a productos provenientes de países donde los costos laborales son sustancialmente menores, las regulaciones son menos exigentes y su aplicación es más débil. Una vez más, las diferencias de precios no reflejan una mayor eficiencia productiva, sino un marco regulatorio profundamente desigual.
Al mismo tiempo, los agricultores europeos enfrentan una reducción efectiva del apoyo bajo la PAC, ya que la ayuda financiera está cada vez más condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales y controles administrativos. Los agricultores que no cumplen con estas condiciones corren el riesgo de perder apoyos al ingreso. Este modelo afecta de manera desproporcionada a los pequeños productores, que carecen de la capacidad financiera y administrativa para absorber costos adicionales, adaptarse continuamente a nuevas reglas y competir en un mercado liberalizado sin reciprocidad regulatoria.
Más que un simple acuerdo comercial, el expediente UE–Mercosur se está convirtiendo en una fuente de división dentro de la propia Unión Europea. La oposición pública del presidente francés Emmanuel Macron y la resistencia de otros Estados miembros con sectores agrícolas vulnerables revelan profundas diferencias entre países con prioridades económicas divergentes. Cuando un acuerdo somete a los gobiernos nacionales a una intensa presión social y obliga a los Estados miembros a elegir entre preservar la unidad europea y proteger la estabilidad interna, el asunto deja de ser meramente agrícola o comercial y se vuelve claramente político. Avanzar sin corregir estas desigualdades corre el riesgo de agravar las tensiones internas y profundizar la desconfianza pública en las instituciones europeas.
Si la UE desea ser honesta con el concepto de mercados libres y preservar su base agrícola, debe reducir las cargas ambientales, administrativas y sociales impuestas a sus propios agricultores. Mantener un sistema en el que los productores europeos cargan con costos impuestos políticamente mientras compiten en un mercado global abierto es insostenible. Continuar por este camino conducirá inevitablemente a la desaparición de los pequeños agricultores, a una mayor concentración de la producción y a una mayor dependencia de naciones extranjeras para el suministro de alimentos.
