España está desesperada por ganar la próxima presidencia del Banco Central Europeo.
Luis de Guindos escapó de la política española justo a tiempo. En marzo de 2018 dejó su cargo de ministro de Economía, puesto que había ocupado bajo el gobierno del primer ministro Mariano Rajoy desde 2011. Tres meses después, Rajoy fue derrocado en una moción de censura, con su Partido Popular sumido en un gigantesco escándalo de corrupción. De Guindos, de 66 años, ha pasado los últimos ocho como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), la institución responsable de mantener la estabilidad de precios en todo el bloque. Cederá el cargo al croata Boris Vujčić a finales de este mes, dejando a España sin representación en la junta de seis miembros del BCE por primera vez en muchos años, una situación que Madrid está decidida a rectificar.
Bajo el liderazgo socialista de Pedro Sánchez, España ha emergido como una de las voces más influyentes de la UE. La oposición de Sánchez a Israel, a Donald Trump y a la guerra de Irán lo han convertido en el favorito de la izquierda internacional, posición que consolidó en abril al acoger una cumbre de líderes de izquierdas en Barcelona. (Sánchez goza de mucha más popularidad en el extranjero que en su propio país, donde su gobierno se ahoga en denuncias de corrupción —al igual que el de Rajoy en 2018, cuando Sánchez lo forzó a salir del poder—.)
En lo económico, España también destaca. Su economía ha superado sistemáticamente las medias de la UE en los últimos años y en 2024 fue nombrada la mejor del mundo por The Economist. El sector turístico español es una superpotencia mundial que genera el 13% del PIB del país, y sus bancos y empresas energéticas, especialmente las del sector renovable, se encuentran entre los más grandes del planeta. Madrid busca equiparar este peso económico y diplomático con un cargo formal en la UE, preferiblemente en la institución financiera más poderosa del bloque.
Aunque España asumió por quinta vez la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en 2023, ahora aspira a algo más que un puesto simbólico. De manera asombrosa, esta institución de la UE coexiste tanto con el Consejo Europeo como con el Consejo de Europa. El país que la preside tiene la misión de presidir mil reuniones en seis meses, lo que demuestra sin lugar a dudas que la UE podría recortar tanto consejos como reuniones. España desempeñó por última vez este tedioso papel administrativo bajo el lema ‘Europa, más cerca’; pero como la presidencia rotatoria exige neutralidad al país que la ejerce, apenas había margen para influir en las políticas.
Actualmente, dos españoles ocupan grandes cargos dentro de la UE. Nadia Calviño, ministra de Economía bajo Sánchez entre 2018 y 2023, es presidenta del Banco Europeo de Inversiones desde enero de 2024; y Teresa Ribera, antes ministra de Transición Ecológica también con Sánchez, fue nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Clima y Competencia a finales de ese año. Sin embargo, ninguno de estos cargos brinda a España la oportunidad de moldear la política de la eurozona durante casi una década (los mandatos en el BCE duran ocho años). Para ello, Madrid debe hacerse con uno de los tres puestos del BCE que se renuevan antes de que finalice el próximo año, incluida la presidencia, que desde 2019 ocupa la francesa Christine Lagarde.
De Guindos, que pasará a un cargo menos exigente como catedrático de Economía Política Europea en la Universidad de Comillas, está “convencido” de que España logrará nueva representación en el BCE. Según una encuesta del Financial Times, el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, que formó parte del consejo de gobierno del BCE entre 2018 y 2024, es el favorito en una “reñida” carrera por la presidencia. Le sigue Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, seguido de Klaas Knott, exgobernador del Banco de los Países Bajos, y del actual gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. El ministro de Economía socialista español Carlos Cuerpo ya ha declarado que no optará a un puesto en el BCE, sin dar explicaciones.
El nombramiento para la presidencia del BCE no depende únicamente de las cualificaciones profesionales, aunque el candidato final debe someterse a un interrogatorio de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Es también una cuestión intensamente política que requiere el apoyo de 16 de los 21 países del Eurogrupo. Esto deja amplio margen para que la ideología, los agravios personales y el sectarismo influyan en el proceso de selección, y España tiene cuentas pendientes que saldar.
Durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, España tuvo escasa influencia en la UE. Un analista atribuyó en parte este período de silencio a la perspectiva provinciana del primer ministro: “[Zapatero] rara vez viajaba antes de acceder a altos cargos y no dominaba ningún idioma extranjero.”
Las cosas no mejoraron mucho con el sucesor conservador de Zapatero. Al igual que su predecesor, Rajoy se sentía incómodo en el escenario internacional y se centró casi exclusivamente en la política interna. En 2012, España no logró obtener un asiento en la junta del BCE, en una batalla desencadenada por el vencimiento del mandato de José Manuel González Páramo. Cuando Yves Mersch fue nominado por Luxemburgo como sustituto en enero, el Consejo Europeo intentó agilizar su nombramiento alegando que el BCE no podía tener un cargo de alto rango vacante en plena crisis de deuda. Pero el Parlamento Europeo se opuso, con el argumento de que había que incorporar más mujeres a los puestos de mayor responsabilidad. España se sumó, alegando que no se había debatido suficientemente la idoneidad de Mersch (y, evidentemente, porque quería que otro español lo reemplazara). Mersch fue finalmente nombrado en noviembre, tras la batalla más larga por un cargo en la UE en toda la historia del bloque.
Tres años después, Madrid lo intentó de nuevo. De Guindos, que en 2015 llevaba la mitad de su etapa como ministro de Economía, se postuló para la presidencia del Eurogrupo, la reunión mensual de los (ahora 21) ministros de finanzas cuyos países utilizan el euro. Fue finalmente derrotado por su homólogo holandés Jeroen Dijsselbloem, cuyas negociaciones de rescate con Grecia le ganaron la admiración de sus pares. España compitió por el cargo nuevamente en 2020 con Calviño, una exfuncionaria de la UE respaldada por Francia, Alemania e Italia. Inicialmente favorita, fue superada por el irlandés Paschal Donohoe, que contaba con el apoyo de varios países más pequeños y del Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento europeo. Cuerpo, el actual ministro de Economía de España, lo intentó brevemente el año pasado, pero se retiró por falta de apoyos en un Eurogrupo de mayoría de centro-derecha (también fue superado por Donohoe, elegido para un tercer mandato pero que renunció poco después para asumir un cargo de alto nivel en el Banco Mundial).
Estas derrotas han acrecentado aún más el apetito de Madrid por obtener representación en el liderazgo financiero de la UE. Ya no es el socio europeo silencioso que fue bajo Zapatero y Rajoy, España aspira a un papel de peso que esté a la altura de su prominencia actual. Ganar la presidencia del BCE no solo le permitiría alcanzar ese objetivo, sino también resarcirse de todas aquellas ocasiones en que un español perdió la carrera.
