Los beneficios de la acción gubernamental son escasos mientras que los costes son elevados
Tomar decisiones económicas acertadas es imposible sin información sobre los costes de oportunidad. Pensar en el coste de hacer algo es crucial; equivale a considerar el valor de las alternativas.
Una gran ventaja del proceso de mercado es que recoge información sobre los costes y la transmite a los responsables de la toma de decisiones a través de precios que no pueden ignorarse. En cambio, el proceso político no consigue transmitir la información sobre costes a los responsables políticos ni motivar el uso adecuado de esta información. Fracasa en parte porque los grupos de interés organizados quieren ignorar los costes de sus proyectos favoritos, y en parte porque las instituciones políticas son incapaces de adquirir y comunicar información sobre costes. Los mercados fomentan las decisiones creadoras de riqueza revelando los costes, mientras que la política fomenta las decisiones destructoras de riqueza ocultando los costes.
Revelar muchos pequeños costes
Los costes de hacer cualquier cosa -por ejemplo, comprar un lápiz- son el resultado de pequeños sacrificios realizados en todo el mundo. El punto principal de Leonard Read en su justamente famoso artículo de 1958 «Yo, lápiz» es que hacer algo tan simple como un lápiz requiere los esfuerzos coordinados de miles (probablemente millones) de personas con una amplia gama de conocimientos especializados que ninguna persona podría poseer. Este esfuerzo coordinado sólo es posible gracias a la orientación que proporcionan los precios de mercado. El ejemplo de Read también ilustra cómo los costes de oportunidad en que incurren todas las personas implicadas en hacer llegar un lápiz al consumidor (tanto en términos de valor de su tiempo como de otros recursos) se incorporan a su precio. De este modo, el consumidor es consciente implícitamente del valor de cada pequeño sacrificio realizado para producirlo.
Todos los precios revelan al consumidor un conjunto similar de costes difusos. Por lo tanto, cada producto se consume sólo hasta el punto en que los consumidores valoran otra unidad en una cantidad igual al valor sacrificado para que esté disponible. Como ya he señalado antes, el mercado genera un modelo de interacción cooperativa entre personas que persiguen sus propias ventajas teniendo en cuenta las preocupaciones de los demás. Ojalá los costes difusos de la acción gubernamental pudieran recogerse a través del proceso político y revelarse a los responsables de la toma de decisiones con la misma claridad que en el mercado. El hecho de que los costes de las decisiones gubernamentales suelan ignorarse explica en gran medida la perversidad de tantas políticas públicas.
Ocultar muchos pequeños costes
Cuando los costes de la acción gubernamental están muy repartidos, como suele ocurrir, se suelen ignorar. Por ejemplo, un arancel que protege a una industria nacional de la competencia extranjera costará a los consumidores mucho más en precios más altos de lo que beneficia a la industria. Pero mientras que los beneficios se atribuyen fácilmente al arancel y se concentran en un número relativamente pequeño de personas, los costes ascienden sólo a unos pocos dólares al año para cada uno de los millones de consumidores, pocos de los cuales notarán los costes adicionales o la conexión con el arancel. E incluso si un consumidor conoce estos costes, su parte es tan pequeña que no le compensa oponerse activamente a la tarifa.
Los beneficios de cualquier propuesta de interés especial se comunican a través del proceso político alto y claro. Los costes, sin embargo, se soportan en silencio y, por tanto, los políticos los ignoran en gran medida. Los grupos de interés organizados son conscientes de que muchos costes pequeños y ampliamente difundidos son difíciles de registrar a través del proceso político, y explotan agresivamente este hecho para captar beneficios a costa de otros. Pero la incapacidad del proceso político para recoger y concentrar los costes difusos daría lugar a un apoyo popular a políticas públicas perversas incluso sin la presión de los grupos de interés.
Por ejemplo, tras un accidente aéreo en Sioux City, Iowa, a finales de los años 80, en el que murió un bebé al ser arrancado de los brazos de su madre, surgieron presiones para que el gobierno federal exigiera que todos los bebés tuvieran sus propios asientos de avión. El beneficio para los niños en los aviones era obvio: estarían más seguros. Pero, ¿cuál era el coste? El coste de un asiento adicional es obvio. Otros costes, sin embargo, eran menos obvios porque eran difusos y remotos. Si las familias con niños pequeños tuvieran que pagar más por viajar en avión, más niños viajarían en coche en vez de en avión. El resultado sería que morirían más niños en accidentes de coche que los que se salvarían en accidentes de avión, ya que los viajes en coche son muchas veces más peligrosos por milla recorrida que los viajes en avión. Varios estudios sugieren que el coste de salvar a un niño con el requisito del asiento habría sido la vida de entre cuatro y seis niños perdidos en accidentes de coche. Afortunadamente, el requisito nunca se convirtió en ley, pero el hecho de que se considerara seriamente ilustra la dificultad que tiene el proceso político para percibir costes muy dispersos y concentrarlos en los responsables pertinentes.
El coste del límite de velocidad de 55 MPH
La promulgación del límite de velocidad de 55 MPH alegando que salva vidas también muestra la tendencia del proceso político a ocultar los costes en lugar de revelarlos. Todos hemos oído que el límite de velocidad redujo las muertes por accidente de tráfico, que luego aumentaron cuando se elevó. Pero, ¿cuáles fueron los costes del límite de 55 MPH? Uno de los costes fue el tiempo adicional que la gente tuvo que pasar en la carretera, un coste que ascendió a miles de millones de horas al año (20 horas extra al año en la carretera para 200 millones de personas son 4.000 millones de horas). Evaluado al salario mínimo, esto supone 21.000 millones de dólares. Como este coste se repartió entre toda la población, se ignoró en gran medida.
Por desgracia, un coste aún mayor -también ignorado políticamente- fue el coste en vidas. Las afirmaciones de que el límite de velocidad redujo el número de víctimas mortales se basan en los accidentes mortales ocurridos en las autopistas interestatales, que, al ser carreteras divididas en varios carriles, son las más seguras. Pero cuando se impuso el límite, el tráfico se desvió a carreteras estatales de dos carriles que son mucho menos seguras. Este desvío se produjo porque el límite de velocidad de estas carreteras pasó a ser relativamente más alto que antes, y no estaban vigiladas con la misma eficacia que las interestatales. El resultado fue un aumento general de las muertes por accidentes de tráfico, a pesar de que las muertes en las carreteras interestatales disminuyeron. Se calcula que cuando se permitió a los estados aumentar el límite de velocidad en las carreteras interestatales fuera de las ciudades, las muertes en todas las carreteras disminuyeron entre un 3,4% y un 5,1%. (Véase Charles Lave y Patrick Elias, «Resource Allocation in Public Policy: The Effects of the 65-MPH Speed Limit», Economic Inquiry, julio de 1997, pp. 614-20.)
Si el mercado lo hiciera tan mal como el gobierno a la hora de recabar información sobre costes dispersos y fragmentados e imponerlos a los responsables, viviríamos en una economía empobrecida. Los gobiernos se ven tentados a entrometerse precisamente por su capacidad para ocultar costes y su incapacidad para revelarlos. Por eso los beneficios de la acción gubernamental son bajos y los costes altos.
