La capacidad de suspender estas leyes, sin temor a poner en peligro al público, abre la puerta para que cuestionemos sus propósitos.
Desde que comenzó el brote de COVID-19 en los Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales respondieron de diversas maneras, a través la emisión de órdenes de emergencia -cierres en toda la ciudad, hasta el cierre de escuelas y demás -, pero es la suspensión de diversas leyes y reglamentos lo que sacó a la luz la innecesaria red reguladora que agobia a las empresas.
Como suele ocurrir durante las emergencias, los gobernadores y alcaldes de todo el país han utilizado el poder ejecutivo para abolir leyes y eludir reglamentos. Esto permite que los bienes puedan acceder al público más rápidamente y a menor costo, que más proveedores de servicios entren en las industrias que presentan dificultades, y que el mercado responda a la crisis de otras innumerables maneras.
El levantamiento de estas regulaciones no pone en peligro la salud o la seguridad pública; si así fuera, no se levantarían con tanta facilidad. Pero esto debería llevar al público a preguntarse por qué existen estas cargas reglamentarias.
Reglamentos inútiles
En Texas, el Gobernador Greg Abbott abolió a las restricciones que controlan el tamaño y el peso de los camiones comerciales y suspendió los requisitos de registrarse en el Plan de Registro Internacional o de obtener un registro temporal, siempre y cuando el camión estuviese registrado en un estado de los Estados Unidos.
El Gobernador Abbott también abolió a los reglamentos que permitían a los médicos recibir el mismo pago por las visitas de telemedicina, por teléfono, que el que recibirían por las visitas en persona de los pacientes con planes de seguros regulados por el Estado.
Lo más notable es que renunció a las leyes estatales que prohíben que los camiones de la industria del alcohol entreguen suministros a las tiendas de comestibles diciendo, “al eliminar estas regulaciones, estamos agilizando el proceso para re-abastecer los estantes de los abastos de comestibles en todo el estado”. Todos estos movimientos permitieron que el mercado identificara las necesidades del público y las satisficiera lo más rápido posible.
En Boston, los restaurantes suelen necesitar un permiso específico para ofrecer el servicio de comida para llevar, pero el alcalde Marty Walsh levantó ese requisito para permitir que los restaurantes ofrecieran ese servicio. Incluso la ciudad de Nueva York suspendió su prohibición de bicicletas electrónicas ilegales durante la crisis para adaptarse a la afluencia de órdenes de entrega. El estado también tomó medidas para permitir el uso de licores.
Oferta y demanda
Debido al aumento de la demanda, y la capacidad de la cadena de suministro para mantenerse al día con esa demanda, las empresas de supermercados como H-E-B, Kroger y Randall’s anunciaron que contratarían miles de empleados adicionales. La nueva flexibilidad en las regulaciones de los camiones significa que los supermercados como H-E-B están desplegando 1.300 camiones al día para abastecer continuamente a sus supermercados.
En Nueva Jersey, Bayonne puso fin a la aplicación de los permisos de estacionamiento de residentes y de entrada vencidos. También suspendieron la emisión de permisos para lo que consideran “trabajos menores”, como plomería, electricidad, mecánica, incendios y construcción. Siempre y cuando los contratistas avisen a la ciudad el trabajo que pretenden hacer, la ciudad lo inspeccionará en una fecha posterior.
La posibilidad de suspender estas leyes, sin temor a poner en peligro al público, abre la puerta para que cuestionemos sus propósitos. Muchas de estas regulaciones parecen ser sólo impedimentos para el libre intercambio. Si estas medidas existen simplemente para generar ingresos adicionales para el gobierno, el público debería preguntarse, una vez que la crisis haya disminuido: ¿entonces, deberían existir?
