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domingo, septiembre 5, 2021

Tribunal Supremo norteamericano defiende (finalmente) derechos a la propiedad frente a las ilegalidades del CDC

Los jueces señalaron la delgada base legal sobre la cual el CDC intentó apoyarse para justificar sus órdenes.

Image Credit: istockphoto.com | trekandshoot

Cuando se trata de defender los derechos constitucionales de los estadounidenses, hacerlo tarde no es suficiente, pero es mejor que nunca. Con su fallo, que anula la llamada “moratoria de desalojo” del gobierno federal, el Tribunal Supremo finalmente cumple con su trabajo y defiende los derechos básicos de propiedad de los estadounidenses.  

La política del Centro de Control de Enfermedades en cuestión prohibía a los propietarios desalojar a los inquilinos que no pagaran en muchas circunstancias, todo en nombre de detener la propagación del COVID-19. Comenzó a aplicarse en septiembre de 2020 y amenaza a los propietarios que no la cumplan con sanciones de hasta un año de cárcel y 100.000 dólares de multa. Sin embargo, la política no ha establecido una “suspensión” de los pagos de las hipotecas y las facturas de los propietarios. Como resultado, ha arruinado a innumerables propietarios de clase media y trabajadora y ha puesto patas arriba el mercado de los alquileres.  

Con su sentencia, el Tribunal Supremo finalizó la suspensión y falló a favor de los propietarios que la llevaron a los tribunales. 

“La moratoria ha puesto a los demandantes, junto con millones de propietarios de todo el país, en riesgo de sufrir un daño irreparable al privarles del pago de los alquileres sin garantía de una eventual recuperación”, dice la opinión mayoritaria del tribunal, no firmada. “A pesar de la determinación del CDC de que los propietarios deben asumir un costo financiero significativo de la pandemia, muchos propietarios tienen medios modestos. E impedirles que desalojen a los inquilinos que incumplen sus contratos de alquiler supone una intromisión en uno de los elementos más fundamentales de la propiedad: el derecho de exclusión”. 

Los jueces señalaron la escandalosa base legal que el CDC había intentado utilizar para justificar su orden.  

“El CDC ha impuesto una moratoria nacional sobre los desalojos amparándose en un estatuto de hace décadas que le autoriza a aplicar medidas como la fumigación y la exterminación de plagas”, continúa el fallo del tribunal. “Es difícil de creer que esta ley otorgue al CDC la amplia autoridad que afirma. De hecho, la lectura que el Gobierno hace [de la ley] otorgaría al CDC una cantidad impresionante de autoridad. ¿Podría el CDC, por ejemplo, ordenar la entrega gratuita de alimentos a los hogares de los enfermos o vulnerables? ¿Obligar a los fabricantes a proporcionar ordenadores gratuitos para que la gente pueda trabajar desde la casa? ¿Ordenar a las empresas de telecomunicaciones que proporcionen un servicio gratuito de Internet de alta velocidad para facilitar el trabajo a distancia?”

Estas hipótesis ponen de manifiesto el carácter inédito y alarmante del intento de acaparamiento de poder del CDC. Sin embargo, el juez Stephen Breyer, de tendencia liberal, escribió una opinión contraria al fallo de la mayoría. En él, argumenta que “el interés público no se ve favorecido por la propagación de la enfermedad ni por el hecho de que un tribunal cuestione el juicio de los CDC… [sino que] está fuertemente a favor de respetar el juicio de los CDC en este momento, cuando más del 90% de los condados están experimentando altas tasas de transmisión”.

Básicamente, los jueces disidentes piensan que debemos confiar ciegamente en los funcionarios del gobierno porque la pandemia de COVID-19 es una amenaza grave. Sin embargo, no es así como se supone que funciona el estado de derecho. 

 “Es indiscutible que el público tiene un gran interés en combatir la propagación de la variante COVID-19 Delta”, concluye la mayoría del Tribunal Supremo. “Pero nuestro sistema no permite que los organismos actúen ilegalmente incluso cuando se busca fines deseables”.  

Efectivamente, no lo hace -o, al menos, no se supone que lo haga-. 

Desgraciadamente, el tribunal no protegió los derechos de propiedad cuando permitió que se mantuvieran previas versiones de la suspensión en el pasado. Esperemos que la próxima vez, el Tribunal Supremo no espere tanto para cumplir con su trabajo.