Por qué en los Estados Unidos las pruebas rápidas de COVID son más difíciles de encontrar (y más caras) que en Europa

Un informe de investigación publicado recientemente por ProPublica revela hasta qué punto la burocracia estadounidense ha estropeado la respuesta al COVID-19.

Un nuevo informe de ProPublica confirma una vez más que la burocracia federal no sólo no ha hecho frente al reto de salud pública que supuso el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, sino que ha contribuido activamente a obstaculizar la respuesta. En particular, el informe identifica la "regulación excesiva" por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como un factor primordial para explicar la falta de pruebas rápidas de COVID en los Estados Unidos.

El comienzo: Principios de 2020

Todo comenzó a principios de 2020. Después de que se secuenciara el genoma del virus, los laboratorios comerciales, las universidades y las empresas de biotecnología comenzaron a desarrollar pruebas que determinarían con un alto grado de precisión si un individuo tenía COVID. Sin embargo, la burocracia federal norteamericana no se dio por aludida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) erigieron innumerables barreras, como procedimientos de aprobación largos e insuperables que no tenían en cuenta la gravedad de la situación de la salud pública. Con ello, los CDC, así como otras agencias, impidieron de hecho que estos investigadores no gubernamentales desarrollaran pruebas de COVID para sacarlas al mercado, impidiendo su difusión a hospitales, clínicas y entes particulares.

Al resistirse a la generalización de las pruebas mientras la pandemia hacía estragos, los CDC agravaron el problema mucho más. Los CDC insistieron en utilizar sus propios kits de pruebas, que resultaron ser complejos, defectuosos y contaminados, y que con frecuencia arrojaban resultados erróneos. Con este acto de arrogancia -una cualidad, junto con la disfunción sistémica, que tipifica a los CDC- se perdió tiempo valioso.

El día de hoy: Casi dos años después

Avanzamos hasta hoy -casi dos años después- y podemos ver que se ha permitido que persistan muchas de las mismas ineficiencias burocráticas.

"¿Dónde están las pruebas?", preguntó David Leonhardt de The New York Times en septiembre de 2021. ¿Y dónde están? Han quedado atrapadas en el laberinto del vasto Estado burocrático, que con demasiada frecuencia se asemeja a un abismo en el que mueren las iniciativas potencialmente salvadoras de los laboratorios privados que buscan la aprobación reglamentaria. Los retrasos en la regulación y la lentitud asociada son literalmente una amenaza para la vida, como demuestran los casos de los fármacos y las vacunas contra el COVID.

Además de distribuir pruebas defectuosas y bloquear las pruebas COVID de la competencia de laboratorios privados y organizaciones benéficas, Lawrence McQuillan, del *Independent Institute, escribe que el gobierno federal dejó de lado las pruebas de antígenos en favor de las pruebas PCR. Aunque la precisión de las pruebas PCR puede ser insuperable, son prácticamente "inútiles para contener la propagación de la enfermedad porque la obtención de los resultados lleva demasiado tiempo". Por el contrario, las pruebas de antígenos podrían estar disponibles sin necesidad de receta médica, y los individuos podrían usarlas para determinar si sería seguro ir a su lugar de trabajo o asistir a ciertos eventos. En lugar de las pruebas rápidas, los gobiernos decidieron aplicar cierres y otras intervenciones, que conllevan importantes costos económicos y de salud pública.

El nuevo informe de ProPublica sugiere que se permita a las personas que presenten síntomas similares a los de la gripe utilizar las pruebas de antígenos para determinar si están infectadas por el virus.

"No es necesario ir a una clínica ni esperar días para obtener los resultados. Basta con coger un paquete de pruebas en una farmacia local cuando se quiera, pasarse un hisopo por la nariz y saber en 15 minutos si es probable que se transmita el virus", escriben los periodistas Lydia DePillis y Eric Umansky.

Epidemiólogos como Michael Mina, de Harvard, y expertos en salud pública como Stefanie Friedhoff, de Brown, han lamentado la escasez de capacidad de pruebas rápidas en Estados Unidos. En un país que se enorgullece de la libertad e innovación médicas, podemos hacerlo mucho mejor.

El problema resulta más claro y revelador si se compara con otras naciones del mundo desarrollado. ProPublica señala que en las naciones de Europa occidental -el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y Bélgica, por nombrar cinco- "las pruebas caseras son omnipresentes y tan baratas como un capuchino decente". Estados Unidos, en cambio, ha obstaculizado el progreso sometiendo a los laboratorios e investigadores a onerosos requisitos que cuestan miles de millones y que, a menudo, no se traducen en la aprobación de las pruebas.

Los ejemplos abundan. Por citar sólo uno, la empresa californiana WHPM, Inc. creó una prueba COVID y presentó los datos de un ensayo clínico a la FDA. Un revisor de la FDA se puso en contacto con la empresa en mayo, enviando un críptico correo electrónico en el que afirmaba que la empresa no había proporcionado toda la información requerida. WHPM respondió que había presentado todos los datos pertinentes. Las idas y venidas continuaron con la FDA alegando repetidamente que las pruebas y ensayos de WHPM eran deficientes e incompletos. Al final, las pruebas de WHPM fueron "despriorizadas". Se desperdiciaron millones de dólares, la capacidad intelectual de los investigadores de WHPM y un tiempo valioso.

La naturaleza de la burocracia

¿Por qué Estados Unidos no ha adoptado reformas que permitan la disponibilidad de pruebas rápidas a bajo precio como las que se ven en otras naciones?

El economista Alexander Tabarrok, frecuente crítico de la burocracia de la FDA, se refiere a esta actitud como "nacionalismo regulador". Bajo el pretexto de mantener la abundancia de precaución, las burocracias estadounidenses se niegan obstinadamente a adoptar incluso la más simple de las reformas. Sincronizar las aprobaciones de emergencia con otras naciones desarrolladas sería un buen primer paso para evitar las duras consecuencias de una regulación bien intencionada, pero perjudicial. Esto es especialmente importante ya que países como el Reino Unido han aprobado el molnupiravir, una píldora antiviral que resulta muy prometedora para tratar los casos leves o moderados de COVID. Médicos como el cirujano del Johns Hopkins, Marty Makary, han defendido que la FDA debería autorizar el medicamento de Merck bajo la figura de "uso compasivo". De hecho, las vidas dependen de una acción rápida.

La burocracia ha obstaculizado los esfuerzos individuales, benéficos y del sector privado para reducir las consecuencias del COVID. Los ejemplos de burocracia, y el consiguiente "cementerio invisible" creado a su paso, son demasiado numerosos para contarlos. ¿Por qué entonces el gobierno no ha respondido de manera oportuna?

La respuesta se encuentra en los incentivos a los que se enfrenta el gobierno. La burocracia federal está aislada de la responsabilidad y no tiene ningún incentivo para responder a las condiciones rápidamente cambiantes como lo haría una empresa privada.

Haciéndose eco de este punto, Norman Borlaug, el ganador del Premio Nobel de la Paz que fue pionero de la Revolución Verde, dijo: "Una de las mayores amenazas para la humanidad hoy en día es que el mundo puede ser ahogado por una burocracia explosivamente penetrante pero bien camuflada".

Cuánta razón tenía.