Reducir los costos regulatorios para las familias de Georgia.
En noviembre, los habitantes de Georgia elegirán a un nuevo gobernador. Varios temas han llegado a definir este ciclo electoral, y las plataformas de los dos candidatos ofrecen soluciones significativamente distintas a los problemas que enfrenta el estado. La ex alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, y su oponente, Rick Jackson, también tendrán que sortear los referendos nacionales sobre sus respectivos partidos. Pero si hay un tema central en esta campaña, es la asequibilidad.
La presión presupuestaria es una preocupación tanto para las empresas como para los hogares de Georgia. Sin importar quién ocupe la mansión del gobernador en 2027, un problema que una nueva administración debe abordar es la creciente carga de regulaciones del estado administrativo.
El costo de las regulaciones aparece en todas partes. Las empresas gastan dinero en cumplimiento normativo, lo que afecta a consumidores y trabajadores mediante precios más altos, salarios más bajos, menos oportunidades de empleo y menor inversión. Estas cargas recaen con más fuerza sobre las pequeñas empresas, y aún más sobre los emprendedores que intentan ingresar a un mercado. Todo esto puede dejar a los consumidores con menos opciones y precios más altos. Aunque las regulaciones se adoptan en nombre del control de calidad y la seguridad pública, en la realidad a menudo no está claro si logran sus objetivos, ofrecen un retorno proporcional a su costo o se vuelven irrelevantes antes de ser eliminadas de los libros.
Un análisis de 2024 contó 111,899 restricciones regulatorias y aproximadamente 6.3 millones de palabras en las reglas y reglamentos compilados del estado, lo que ubica a Georgia en el puesto 26 entre los estados medidos. Una revisión anterior, preparada para la Georgians First Commission en 2019, identificó 18,160 regulaciones individuales y encontró que más de la mitad necesitaban revisión porque estaban desactualizadas o hacían referencia a leyes que ya habían sido derogadas. De hecho, el código regulatorio ha crecido casi todos los años desde que el estado comenzó a contar hace más de medio siglo. Estos requisitos merecen escrutinio.
La Asamblea General avanzó este año con la promulgación del Proyecto de Ley 1247 de la Cámara (House Bill 1247). Este puso fin a la deferencia judicial hacia las interpretaciones que hacen las agencias estatales de leyes y reglamentos, y exige que los tribunales ejerzan un juicio independiente. También fortaleció la capacidad de los legisladores para cuestionar las reglas de las agencias.
La ley exige además que las agencias cubiertas informen sobre sus reglas vigentes a la Oficina de Planificación y Presupuesto (Office of Planning and Budget) a más tardar el 1 de julio de 2028, y cada cinco años a partir de entonces. Estos informes deben examinar el impacto, el costo, la efectividad de las reglas y las oportunidades de simplificación. El requisito de informar está sujeto a asignaciones presupuestarias e incluye exenciones, por lo que su implementación merece atención continua.
El siguiente paso debería ser hacer de la revisión periódica una parte del proceso regulatorio de Georgia.
Georgia debería establecer una oficina permanente y pequeña de gestión regulatoria para coordinar ese trabajo en toda la rama ejecutiva. Las agencias tienen experiencia en sus respectivos campos, pero pueden carecer del incentivo, la capacidad o la perspectiva de todo el gobierno necesarios para evaluar las cargas regulatorias de manera consistente.
Dicha oficina debería establecer estándares para el análisis económico, examinar minuciosamente los hallazgos de las agencias y mantener una base de datos transparente de reglas propuestas e informes de revisión. El desempeño de esta oficina podría medirse con resultados prácticos como menores costos de cumplimiento, tiempos de aprobación más cortos y la eliminación de requisitos innecesarios.
La Oficina de Gestión Regulatoria de Virginia es un modelo útil. En 2025, la oficina de su gobernador informó que la ORM había ayudado a reducir los requisitos regulatorios en más de una cuarta parte. Estimó ahorros anuales de $1.2 mil millones, una reducción de más de $24,000 en el costo de construir una vivienda nueva y tiempos de aprobación sustancialmente más cortos para ciertos permisos y licencias profesionales.
Georgia también debería exigir la aprobación legislativa afirmativa antes de que entren en vigor regulaciones particularmente costosas. Cuando una regla propuesta supere un umbral de costo definido, los legisladores electos deberían tener que aprobarla. Esto se basaría en las disposiciones de supervisión de la HB 1247 al exigir que los legisladores electos asuman la responsabilidad de las regulaciones más trascendentes antes de que las empresas y los consumidores carguen con sus costos.
Finalmente, Georgia debería aplicar su Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) de manera más amplia para exigir que todas las agencias ejecutivas la sigan. La APA ofrece salvaguardas como notificación pública, oportunidades para comentar y revisión legislativa. Las exenciones de agencias implican que esas protecciones varían según qué parte del gobierno estatal esté redactando las reglas.
El Proyecto de Ley 903 de la Cámara (House Bill 903) proponía extender la APA a casi todas las entidades de la rama ejecutiva autorizadas para adoptar reglas o decidir casos en disputa. Ese texto fue aprobado por la Cámara, pero no se convirtió en ley. Los legisladores deberían retomar la propuesta y exigir que las exenciones se justifiquen de manera individual.
Las protecciones necesarias deberían resistir el escrutinio de su efectividad y costos, pero las reglas obsoletas o innecesariamente onerosas deberían revisarse o eliminarse. Ese principio no debería depender de qué partido controle la oficina del gobernador. Si bien la Asamblea General ahora tiene mayor autoridad de supervisión, queda mucho trabajo por hacer, y nuestro próximo gobernador heredará las cargas regulatorias de Georgia, así como una oportunidad para reducirlas.
Este artículo fue publicado originalmente por la Georgia Public Policy Foundation.
