10 disparatados ejemplos de despilfarro y sobornos partidistas en nuevo proyecto de ley 'COVID-19'

La única verdadera solución a este tipo de corrupción es reducir el propio gobierno y dejar menos recursos disponibles para que los políticos sin escrúpulos se los roben.

El presidente Biden propuso 1.9 billones de dólares de gasto adicional por el COVID-19. Está pidiendo al Congreso que autorice otra ronda de cheques, más beneficios de desempleo ampliados, un salario mínimo de 15 dólares, y mucho, mucho más. Durante el fin de semana, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron finalmente el texto del proyecto de ley de 600 páginas destinada a hacer una realidad legislativa las amplias propuestas por el COVID-19 de Biden. 

Los críticos y los economistas ya han atacado la propuesta por los méritos de sus principales disposiciones y su asombroso costo global, argumentando que rompería el presupuesto, incentivaría el desempleo y no estimularía la economía. Sin embargo, hay una objeción mucho más sencilla a esta bonanza legislativa: está llena de gastos inútiles y prioridades políticas.

Aquí hay 10 ejemplos disparatados de despilfarro y de retrocesos partidistas que no tienen nada que ver con la COVID-19 pero que están en el nuevo proyecto de ley.

1. 1.000 millones de dólares para la "justicia racial" de los agricultores

"El paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Biden destina más de 1.000 millones de dólares a los agricultores 'socialmente desfavorecidos' y grupos afines, incluyendo una comisión de equidad, formación agrícola y otras ayudas para avanzar en la justicia racial en la agricultura", informa Fox News.

2. 50 millones de dólares para subvenciones de “justicia medioambiental”

La legislación asigna 50 millones de dólares para subvenciones de "justicia medioambiental", a través de la Agencia de Protección Medioambiental. La Comisión de Estudios Republicanos denunció estas subvenciones como un "soborno apenas velado" porque gran parte de este dinero acabará yendo a parar a grupos políticos de izquierdas. 

3. 112 millones de dólares para el proyecto de tránsito de California

En un gasto sin conexión aparente con el COVID-19, el nuevo proyecto de ley asigna 112 millones de dólares para el programa de "expansión del Tránsito Rápido del Área de la Bahía (BART)". El dinero se destinaría en gran parte a un "proyecto de tren subterráneo en Silicon Valley el cual se ha estado planificando durante varios años, pero que aún no ha comenzado", informa Fox Business.

4. 10 millones de dólares para la preservación de las lenguas nativas norteamericanas

En el aparentemente interminable texto del proyecto de ley se ha deslizado una asignación de 10 millones de dólares para "garantizar la supervivencia y la vitalidad continua de las lenguas nativas americanas durante y después de la emergencia de salud pública".

5. 200 millones de dólares para los servicios de museos y bibliotecas

Los museos y las bibliotecas están, en su mayoría, cerrados en todo el país. Sin embargo, según este proyecto de ley, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (¿sabías que eso existe?) recibirá 200 millones de dólares del dinero proveniente de los contribuyentes.

6. 750 millones de dólares para la "salud global”

Uno podría esperar que la legislación COVID-19 del Congreso de los Estados Unidos se centrara en, bueno, los Estados Unidos. Pero la nueva legislación asigna la enorme cantidad de 750 millones de dólares para que los Centros de Control de Enfermedades se dediquen a los problemas de la salud mundial y a los esfuerzos de vacunación en otros países.

7. 750 millones de dólares para la vivienda de los indígenas norteamericanos

El proyecto de ley también asigna 750 millones de dólares -además de la financiación existente y anterior- para "programas de asistencia a la vivienda y servicios de apoyo a los nativos norteamericanos". 

8. Expansión de los subsidios del Obamacare

Los demócratas de la Cámara de Representantes han intentado durante mucho tiempo ampliar los subsidios del Obamacare y eliminar los topes que les prohíben ir a los individuos de altos ingresos. Al no poder encontrar los votos para hacerlo a través del proceso legislativo normal, simplemente han deslizado esta prioridad partidista dentro de su legislación de alivio "COVID-19". 

9. Miles de millones para las escuelas públicas, reabran o no

La gigantesca legislación reparte 129.000 millones de dólares para las escuelas K-12, aparentemente destinados a ayudar en su reapertura. Pero en realidad es una limosna para los sindicatos de profesores y las escuelas públicas. Reciben el dinero independientemente de si vuelven a abrir o no, y gran parte se asigna para gastarlo entre 2022 y 2028, mucho después de la pandemia.

10. Innumerables proyectos favoritos de los poderosos legisladores

Hay demasiados en el proyecto de ley para contarlos, pero un ejemplo flagrante de la corrupción y el amiguismo, salpicado en este proyecto de ley, viene por cortesía de los 1.5 millones de dólares que asigna al Puente Internacional Seaway. El puente "conecta Nueva York con Canadá y es una prioridad para el senador neoyorquino Chuck Schumer", señala el Wall Street Journal

La corrupción desenfrenada es una característica de un gobierno engrandecido, no un defecto

A uno le gustaría pensar que este proyecto de ley y sus incalculables miles de millones en despilfarro, corrupción y gastos porcinos son un ejemplo inusualmente atroz de la negligencia del Congreso. Desgraciadamente, este tipo de disfunción es habitual.

La corrupción es una característica, no un defecto, de los programas de gasto de un  gobierno engrandecido. ¿Por qué? Bueno, cada vez que se concentra el poder de gasto masivo en manos de un número relativamente pequeño de personas, con poca supervisión del público, la corrupción es casi segura.

"No existe un método justo y equitativo para ejercer el tremendo poder que el intervencionismo pone en manos del poder legislativo y del ejecutivo", escribió una vez el economista austriaco Ludwig von Mises. "En muchos campos de la administración de las medidas intervencionistas, el favoritismo simplemente no puede evitarse". 

Piénsalo así. ¿Hay algún político en el mundo en el que confiarías para repartir honestamente 1.9 billones de dólares de tu dinero? 

Como argumentó Mises, un control de este comportamiento es el escrutinio público. "La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no esté controlado por una opinión pública vigilante", escribió. 

Mises tenía razón en que la luz del sol a menudo puede mantener a raya los peores abusos de la clase política. Pero en casos como el de esta legislación COVID-19, los políticos son capaces de salirse con la suya enterrando el gasto corrupto en un proyecto de ley de 600 páginas que pocos, aparte de los ayudantes del Congreso y los periodistas, llegarán a leer. 

El votante promedio no tiene tiempo para leer esta legislación, aunque tuviera la intención de hacerlo. Si tardaran un minuto en leer cada página, serían 600 minutos, o 10 horas de su tiempo, que tendrían que sacrificar para examinar a fondo la última gran ley de gasto del Congreso. Y el Congreso aprueba proyectos de ley de esta longitud -o incluso más- todo el tiempo.

Así que, desgraciadamente, dado el enorme volumen de gastos y de legislación que realiza nuestro enorme gobierno federal, la supervisión pública rigurosa es casi imposible. Y mientras se les deje a los políticos repartir billones a puerta cerrada, la corrupción será inevitable. 

La única verdadera solución a este tipo de corrupción es reducir el propio gobierno y dejar menos recursos disponibles para que los políticos sin escrúpulos los despilfarren.