¿Volverá el crecimiento a la agenda?
¿Necesitará Francia un rescate bajo el más reciente de los mecanismos de contención de daños del Banco Central Europeo (BCE), el mágicamente llamado Instrumento de Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI)? El gobierno minoritario de Francia, encabezado por el acosado primer ministro Sébastien Lecornu, finalmente logró aprobar un presupuesto de la seguridad social —incluyendo una disposición que suspende temporalmente la reforma emblemática de pensiones del presidente Emmanuel Macron—, pero este viernes comenzarán las negociaciones sobre un proyecto de ley del presupuesto del Estado, que debe aprobarse antes del plazo del 31 de diciembre.
Una colisión fiscal entre Francia y Alemania, las dos mayores economías de la zona euro, parece prácticamente inevitable en los próximos 18 meses. Francia se prepara para una elección presidencial en (o antes de) abril de 2027 que bien podría llevar a un líder de extrema derecha al Palacio del Elíseo. Esto supondría una dura prueba para la cohesión entre Francia y Alemania, una asociación que ha sido pilar de la integración europea durante 70 años.
El déficit presupuestario francés parece fuera de control: con más de 5% del PIB, está muy por encima del referente de 3% de la Unión Europea. El rendimiento de los bonos del gobierno francés, antes considerados los más seguros de la zona euro después de los Bunds alemanes, ha subido por encima de los niveles de Italia y Grecia, lo que muestra hasta qué punto Francia ha caído en desgracia entre los inversionistas globales. El malestar fiscal francés confirma mi tesis, expuesta en mi nuevo libro Can Europe Survive?, de que el país está contribuyendo de manera potente a las múltiples líneas de fractura del continente.
El indicador más contundente de las tensiones insidiosas entre Francia y Alemania es la divergencia en materia de deuda pública. Francia ha sido derrochadora, mientras Alemania ha practicado la ortodoxia fiscal. Las razones deuda/PIB de ambos países eran prácticamente idénticas en 2007, justo antes de la crisis financiera global, pero desde entonces la de Francia casi se ha duplicado, mientras que la de Alemania (tras subir en años posteriores y luego retroceder) se ha mantenido sin cambios.
Cuando el BCE creó el Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI) en julio de 2022, en algunos círculos se decía que sus siglas significaban “Para Proteger a Italia” (To Protect Italy). Muchos observadores creían que el nuevo mecanismo, condicionado (y hasta ahora no utilizado) de compra de bonos soberanos, se concibió sobre todo para apuntalar las finanzas del país con la mayor deuda pública de Europa. Pero, según el decano de las finanzas europeas, Niels Thygesen —profesor danés de economía de 90 años que durante ocho años presidió el Consejo Fiscal Europeo encargado de vigilar las finanzas públicas—, “Francia ha reemplazado a Italia como el principal país problema dentro de la zona euro”.
El TPI establece una vía para que el BCE inicie un programa de compras de bonos soberanos para países que enfrenten un aumento “injustificado” de las tasas de interés en los mercados de capital. El instrumento representa una posible línea de vida para ayudar a países en dificultades dentro del sistema de moneda única europea a superar el castigo de tasas más altas y desestabilizadoras. Ese castigo acecha si los países del bloque del euro no logran de manera persistente contener sus déficits. Por desgracia, Francia ofrece en la última década un ejemplo casi permanente de desprecio flagrante por las reglas de “estabilidad primero” de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Desde que el presidente Emmanuel Macron dio el paso mal concebido de disolver el parlamento y convocar elecciones legislativas anticipadas en junio de 2024, una Asamblea Nacional fragmentada ha estado atrapada en disputas sobre subir impuestos y recortar el gasto para intentar alinearse con las directrices europeas de estabilidad.
El último enfrentamiento surgió por la amenaza del Partido Socialista de derribar el frágil gobierno de Lecornu si no acepta imponer impuestos más altos a los más ricos en el presupuesto de 2026. A menos que el gobierno ceda, Olivier Faure, líder del partido —que posee un voto bisagra en el parlamento sin mayoría—, ha amenazado con promover una moción de censura, lo que podría presagiar otra ronda de elecciones legislativas. Un nuevo pulso parlamentario podría incluso precipitar una contienda presidencial anticipada, antes de la fecha prevista de 2027, en la que Macron dejará el cargo tras dos mandatos de cinco años.
El TPI forma parte de una maniobra elaborada para proteger a los países con mayor deuda de las consecuencias del aumento de las tasas de interés europeas, necesarias para contrarrestar el repunte inflacionario tras el fin de la pandemia de Covid y el inicio de la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, el mecanismo está diseñado para activarse mediante compras selectivas de bonos por parte del BCE solo si los “diferenciales” —la diferencia de tasas entre bonos de mayor y menor calificación dentro del bloque— se amplían de un modo que el consejo de gobierno del BCE considere injustificado por los fundamentos económicos.
El problema para los políticos franceses es que los responsables de política del BCE, en sondeos informales de los últimos meses, han concluido que el reciente aumento de los diferenciales franceses ha sido en gran medida autoinfligido y no resultado de una especulación injusta. De importancia crucial, Joachim Nagel y François Villeroy de Galhau, gobernadores del Bundesbank y del Banque de France, que han construido lazos estrechos en los últimos tres años, previsiblemente sostendrían de manera conjunta la necesidad primordial de mantener políticas orientadas a la estabilidad de la UEM. En consecuencia, si algún gobierno francés, con base en la realidad actual, solicitara la activación del TPI, el BCE casi con seguridad rechazaría la petición. Un rechazo sometería la toma de decisiones europeas a un escrutinio implacable y probablemente desataría una crisis política y financiera. Por todas estas razones, un recurso al TPI parece altamente improbable en el corto plazo.
En el centro del embrollo francés está el impuesto a la riqueza que lleva el nombre del economista Gabriel Zucman. La izquierda francesa ha favorecido desde hace tiempo un impuesto de este tipo, pese a la resistencia de Macron, sus aliados centristas y los partidos de derecha, quienes sostienen que provocaría fuga de capitales, deprimiría la inversión y limitaría los esfuerzos por modernizar y reformar la economía.
El acuerdo de Lecornu para suspender las reformas de pensiones de Macron fue una concesión a los socialistas que permitió a su gobierno sobrevivir a dos votos de censura a principios de octubre. Sin embargo, las conversaciones presupuestarias se han vuelto particularmente complejas después de que Lecornu también prometiera no usar una herramienta constitucional que permite aprobar el presupuesto sin debates parlamentarios. Esto ha abierto todas las áreas del presupuesto a la negociación legislativa.
La alianza franco-alemana dentro de la Comunidad Europea (y, desde la década de 1990, la Unión) ha mostrado a menudo disenso y conflicto —como lo atestiguan las fricciones entre París y Berlín durante los preparativos del euro en 1999 y, más recientemente, los desacuerdos sobre energía nuclear, acuerdos comerciales con América Latina y proyectos conjuntos para construir aviones de combate—. El espectro de un posible giro hacia la extrema derecha en París ahora se cierne con fuerza.
La llegada al Elíseo de una figura destacada del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen —ya sea Le Pen o (si ella se ve impedida por su inhabilitación de cinco años para competir por cargos públicos, contra la cual está apelando) el presidente del RN, Jordan Bardella— generaría tensiones, pero no necesariamente una ruptura de las relaciones franco-alemanas. En mi opinión, un giro a la derecha en Francia podría incluso resultar saludable para Friedrich Merz, canciller alemán de centroderecha democristiano desde mayo de 2025, quien ya ha tenido que forjar vínculos con dos primeros ministros franceses fallidos durante su breve gestión. A mi juicio, Merz podría llevarse razonablemente bien con una figura de extrema derecha en el Elíseo.
Merz es un político pragmático. Su lógica se basa en intentar contener el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD), el grupo de extrema derecha, anti-euro y antiinmigración que se ha convertido en la segunda fuerza parlamentaria del país. Ha inaugurado una política mucho más dura en materia migratoria, retomando ideas de control fronterizo planteadas hace 10 años al anterior gobierno democristiano de Angela Merkel, que ella rechazó por razones legales y político-morales. Las políticas migratorias de Merz, y su firmeza en el orden público y la disciplina de las finanzas estatales, tienen cierto atractivo para votantes de derecha que se sienten desatendidos por los partidos tradicionales, incluido el Partido Socialdemócrata, con el que Merz gobierna en una frágil coalición de escasa mayoría. Esto podría frenar o incluso revertir el ascenso meteórico de la AfD. Otro factor que podría animar a Merz es el revés electoral del Partido de la Libertad del populista antiinmigración Geert Wilders en los Países Bajos el 29 de octubre, cuya coalición colapsó en junio, un hito que marcó el regreso al centro político neerlandés.
En medio de un panorama económico alemán accidentado —el crecimiento sigue estancado con fuerza, prolongando seis años de parálisis—, Merz ha ganado apoyo gracias a un enfoque constante en política exterior. Pero el frente interno sigue siendo inquietante. La expansión fiscal a gran escala para defensa e infraestructura, acordada al inicio de su cancillería, está tardando demasiado en materializarse. Merz prometió famosamente un “otoño de reformas”, pero hasta ahora poco de relevancia se ha concretado.
En el frente europeo, Merz ha sanado algunas fracturas previas con Francia en el ámbito simbólico de la energía nuclear, ha construido una relación de trabajo con Donald Trump en la Casa Blanca, ha mostrado liderazgo en el respaldo de Alemania a Ucrania en la guerra con Rusia y ha forjado un vínculo necesario con el Reino Unido en economía, comercio y defensa. Esto podría, si Merz tiene suerte, fortalecer sus credenciales como un operador político experimentado y orientado a los negocios, capaz de tratar con una gama de líderes extranjeros complicados.
Los obstáculos para que la líder de la AfD, Alice Weidel, sea elegida como próxima canciller alemana siguen siendo mucho mayores que los que enfrentaría un líder del RN. Una combinación de un canciller de centroderecha en Berlín y un presidente de extrema derecha en París podría incluso emerger como una fuerza relativamente estabilizadora. La clave sería si logran acordar una política económica europea constructiva que coloque al crecimiento firmemente de nuevo en la agenda.
Aquí no faltan recetas para mejorar, sino la incapacidad colectiva para aplicarlas. Mario Draghi, ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, encabezó una serie de recomendaciones eruditas para mejorar la competitividad europea en un informe muy difundido para la Comisión Europea en septiembre de 2024. En un discurso del 24 de octubre en España, Draghi fue particularmente elocuente: “¿Por qué no podemos cambiar?”, preguntó. “¿Qué tan grave debe volverse una crisis para que nuestros líderes unan fuerzas y encuentren la voluntad política para actuar?”
Draghi pide una simplificación de los procedimientos europeos bajo un nuevo federalismo pragmático. Merz y muchos otros conservadores y centristas abogarían por una desregulación mucho más profunda. Pero a menos que Francia y Alemania puedan unirse para impulsar políticas que realmente funcionen, es poco probable que esas recomendaciones den frutos, y Europa quedará aún más rezagada en la competencia cada vez más implacable con China y Estados Unidos.
Can Europe Survive? es publicado por Yale University Press.