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martes, febrero 16, 2021

Por qué un salario mínimo federal de 15 dólares sería una política terrible

No hay cantidad de buenas intenciones que pueda invalidar los principios basicos de la economía.

Image credit: Wikimedia

Los dos tercios de los estadounidenses que apoyan una subida del salario mínimo a 15 dólares por hora tienen ahora un aliado en la Casa Blanca. Y, el presidente Joe Biden ya está actuando sobre su apoyo tratando de incluir un salario mínimo de 15 dólares por hora en su plan de ayuda para el COVID-19. Esta acción marcaría el primer aumento del salario mínimo federal desde 2009. Si bien es cierto que esto será celebrado sin contemplaciones por muchos, ahora es más importante que nunca examinar cuidadosamente el salario mínimo como política y no como mera retórica.

Debe ser un examen de su teoría económica subyacente, de su consonancia con los principios estadounidenses de autopropiedad y de su éxito empírico (o falta de él). Luego, estas ideas deben aplicarse a las circunstancias actuales en las que se encuentra Estados Unidos para ayudar a encontrar la medida política correcta.

La economía del salario mínimo

Al hablar de salarios, estamos realmente hablando de precios, ya que un salario no es más que el precio del trabajo. En el corazón de una economía de mercado está el sistema de precios, que utiliza la oferta y la demanda para determinar los precios. Dado que vivimos en un mundo caracterizado por la escasez, es primordial poder asignar los recursos de forma eficiente. Sin embargo, hay quien aboga por intervenir en el mercado para ajustar artificialmente los precios. Las leyes de salario mínimo se considerarían una de estas intervenciones en el sistema de precios.

Las dos formas principales en las que los gobiernos pueden distorsionar los precios son a través de los precios mínimos y los precios máximos. El primero obliga a que los precios no bajen de un determinado nivel, y el segundo obliga a que los precios no suban por encima de un determinado nivel. Las leyes sobre el salario mínimo son una escala para el precio de la mano de obra. Aunque pueda parecer deseable garantizar que los trabajadores poco cualificados reciban una remuneración “justa” o que las empresas no puedan “subir los precios”, estas intervenciones no se producen sin consecuencias.

Si se fijan precios artificialmente bajos mediante techos a los precios, se crea escasez, porque la cantidad demandada superará a la cantidad ofrecida a ese precio. A la inversa, si se fijan precios artificialmente altos a través de escalas de precios, se crean excedentes porque la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada a ese precio.

Al ilegalizar la remuneración de los trabajadores por debajo del salario vigente, se relega al desempleo a los trabajadores sin cualificación adecuada.

En el caso de las leyes de salario mínimo, ocurren dos cosas. En primer lugar, la cantidad de mano de obra ofrecida por los trabajadores aumenta debido al aumento del salario. En segundo lugar, la cantidad de mano de obra demandada disminuye debido a los costos de los salarios más altos. En consecuencia, esto crea desempleo.

Las leyes sobre el salario mínimo también excluyen del mercado a los trabajadores poco cualificados y, por tanto, poco productivos. Al hacer ilegal pagar a los trabajadores por debajo del salario vigente, se relega al desempleo a los trabajadores sin la cualificación adecuada. Después de todo, ningún empresario racional pagaría a un trabajador que genere 5 dólares por hora de valor económico, un salario de 15 dólares por hora. No le pagarían nada y no lo contratarían.

Salario mínimo y empleo propio

En su coyuntura más fundamental, la promesa del gobierno de proteger la vida, la libertad y la propiedad es realmente una promesa de autopropiedad.

El economista y profesor Walter E. Williams lo describe escribiendo: “Yo soy mi propiedad privada, y tú eres la tuya”. Williams continúa explicando que, partiendo de la premisa de la autopropiedad, resulta bastante fácil determinar la política. Si una política viola el derecho de un individuo a la autopropiedad, es inmoral y no debería instituirse.

Las leyes sobre el salario mínimo son una violación explícita del derecho a la autopropiedad y a la libre asociación. El trabajo del gobierno es asegurar nuestros derechos preexistentes, no violarlos. Si la parte A acuerda un contrato con la parte B -y este contrato no afecta negativamente a nadie más- hay pocas razones para que el gobierno intervenga.

Además, es un acto de tremenda arrogancia por parte del gobierno, que es un tercero en la transacción entre la parte A y la parte B, sugerir que sabe más sobre los intereses más aventajados de las partes implicadas en el acuerdo que ellas mismas. En realidad, las personas más indicadas para tomar decisiones sobre los acuerdos llegados son las que participan en ellos, ya que tienen un interés real en su éxito.

Pruebas empíricas

Aunque los argumentos contra las leyes de salario mínimo basados en la teoría económica pueden estar bien fundados, los defensores del aumento del salario mínimo argumentan que se trata de una cuestión no sólo económica, sino también humana. Sin embargo, las pruebas empíricas sugieren inequívocamente que basar nuestra política en la economía -no en lo que suena bien a nivel superficial- es la mejor manera de garantizar la máxima humanidad de nuestros conciudadanos.

Un repaso a la historia de las leyes sobre el salario mínimo revelará el defecto fundamental de estas políticas: crean desempleo entre las personas poco cualificadas. El ejemplo más obvio de trabajadores poco cualificados son los adolescentes.

En enero de 1948, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años era del 8,5%. Esto no era nada extraordinario, ya que las bajas tasas de desempleo entre los adolescentes eran habituales en aquella época. Sin embargo, también fue en esa época cuando el gobierno comenzó a instituir una dura regulación salarial.

Tras los aumentos del salario mínimo en 1950 y 1956, la tasa de desempleo adolescente del 8,5% de 1948 sólo podía ser un sueño. Desde septiembre de 1956, la tasa de desempleo de los adolescentes no ha vuelto a bajar del 10%. Incluso durante los años de crecimiento económico récord de la década de 1980, el desempleo de los adolescentes superaba regularmente el 17%.

Los efectos adversos del salario mínimo repercuten en diferentes comunidades en distinta medida.

Las minorías de bajos ingresos, por ejemplo, se ven desproporcionadamente perjudicadas por las leyes de salario mínimo. En 1948, la tasa de desempleo de los adolescentes negros era realmente inferior a la de sus homólogos blancos. Sin embargo, en las siete décadas siguientes, la tasa de desempleo entre blancos y negros ha divergido fuertemente. Aunque el desempleo de los adolescentes aumentó -y siguió siendo alto- tanto entre los blancos como entre los negros, ha sido sistemáticamente más alto entre los adolescentes negros durante algún tiempo.

Si bien la instauración de un salario mínimo hizo un daño tremendo al principio, ese daño se ha exacerbado en ciudades de todo el país que han aumentado su salario mínimo.

En 2016, el salario mínimo en Seattle, Washington, pasó a ser de 13 dólares por hora. Estudios posteriores de la Universidad de Washington han demostrado sus efectos negativos. Mientras que los trabajadores con salarios bajos vieron un aumento del 3% en los salarios por hora, se correspondió con una disminución del 9% en las horas trabajadas. Esto supuso “una reducción de más de 100 millones de dólares al año en la nómina total de los empleos con bajos salarios”. Esto supuso una pérdida de unos 125 dólares por puesto de trabajo al mes.

Además, también hubo una “reducción significativa en la tasa de nuevas entradas en la fuerza de trabajo”. Lo que esto significa es que, aunque hubo un modesto aumento de sueldos, se compensó con la reducción de horas. También se impidió la entrada de nuevos trabajadores en la plantilla.

Al considerar las consecuencias perversas para los adolescentes poco cualificados que simplemente intentan aferrarse al primer peldaño de la escalera económica, hay que concluir que las leyes de salario mínimo actúan como barreras al progreso. En lugar de proporcionar una oportunidad para que los adolescentes comiencen su desarrollo, las leyes de salario mínimo rompen los peldaños inferiores de la escalera, haciendo imposible su ascenso.

Esto es todavía cierto con la pandemia

Algunos sugieren que en una época de recesión económica -como la que vivimos actualmente- lo mejor para los trabajadores individuales y para la economía en su conjunto es aumentar el salario mínimo. Argumentan que, dado que la recesión es una consecuencia de la disminución de la demanda, poner más dinero en los bolsillos de aquellos que probablemente lo gasten es una forma fácil de estimular la economía. Sin embargo, este es un argumento engañoso.

Si los gobernantes se preocuparan de verdad por los trabajadores, instaurarían políticas que les concedieran la libertad de trabajar.

La pandemia del COVID-19 ya ha eliminado más de 100.000 empresas y, con ellas, los sustentos de vida. Para las empresas que han tenido la suerte de capear el temporal hasta este momento, los beneficios son ínfimos.

La pregunta debe ser qué haría un aumento del salario mínimo a los cientos de miles de empresas que están al borde de la quiebra final. El sentido común nos dice que les chuparía la última gota de aire a innumerables empresas. Si los gobernantes se preocuparan de verdad por los trabajadores, instaurarían medidas políticas que les dieran libertad para trabajar.

En consecuencia, la política de salario mínimo durante una recesión económica debería ser la misma que cuando no hay recesión. 

Conclusión

Aunque cada vez más estadounidenses se adhieran a un salario mínimo de 15 dólares, será importante mantenerse en la realidad económica y en los datos empíricos. Ninguna cantidad de retórica, señalización de virtudes o falsas afirmaciones sobre la naturaleza de los precios puede cambiar estas cosas.

Nuestra mejor esperanza para salir de esta pandemia aún en pie, y para lograr la prosperidad en sus secuelas, es permitir que la gente trabaje y se gane la vida. Hacer que sea ilegal que aquellos que no tienen las habilidades adecuadas trabajen con un salario que se ajuste a su productividad es una mala política, al igual que seguir haciendo ilegal que propietarios de negocios, quienes trabajan duro, se ganen la vida como resultado de la pandemia. Existe una preocupación real por la salud pública, pero las pruebas demuestran sistemáticamente que la mayoría de las personas que se infectan con el COVID-19 no lo contrajeron en los restaurantes, sino en sus propios hogares.

Los mismos que defienden las leyes de salario mínimo y el cierre de restaurantes también se lamentan sin cesar de la “desigualdad”. Lo que no se dan cuenta es que son sus políticas las que están creando la mayor desigualdad que lamentan. En definitiva, deberíamos defender la capacidad de la gente para trabajar, para ganarse la vida y para vivir sin la excesiva interferencia del gobierno.