VOLVER A ARTÍCULOS
lunes, agosto 16, 2021

Por qué la amenaza a la libertad de expresión parece ser, de repente, mucho mayor

La Casa Blanca anunció recientemente que funcionarios del gobierno están trabajando directamente con *Facebook para limitar la difusión de "información falsa".

Image Credit: White House

¿Qué tienen en común el hecho de que Donald Trump ganara la presidencia en 2016, las protestas en el Capitolio el 6 de enero y el hecho de que Joe Biden no cumpliera con su objetivo de vacunación contra el virus Covid-19 el 4 de julio? Según muchos de los políticos de izquierdas y expertos en medios de comunicación de hoy en día, Facebook, y las redes sociales en general, son parcialmente culpables de las tres cosas. Busca en Google “Los demócratas culpan a Facebook” y verás lo que quiero decir.

En el otro extremo del espectro, los republicanos culpan a las redes sociales de censurar sus ideas debido a un supuesto sesgo anticonservador. Por desgracia, prohibir al ex presidente Trump el acceso a todas las redes sociales no ayudó a aliviar esas preocupaciones. Muchos estadounidenses sin duda añoran los días menos complicados en los que la gente se conectaba a Facebook para encontrarse con viejos amigos y jugar a FarmVille y Mafia Wars, pero estoy divagando.

Sin embargo, tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en una cosa. Las redes sociales son un importante campo de batalla en la configuración del panorama político de Estados Unidos. El 72% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar utilizan activamente algún tipo de red social, mientras que el 69% de los estadounidenses del mismo grupo sólo utilizan Facebook, según datos de Socialbakers. En total, el 82% de la población de Estados Unidos tiene un perfil en las redes sociales, lo que se traduce en 223 millones de usuarios en las redes sociales estadounidenses en 2020.

No hay duda de que las empresas de las redes sociales y sus plataformas ejercen un poder y una influencia increíbles, especialmente en el periodismo y sobre los medios de comunicación. Al principio de la pandemia, el New York Post publicó un artículo de opinión que sugería que el coronavirus podría haberse filtrado desde un laboratorio. Facebook intervino y afirmó que esta opinión era “información falsa”.

Las redes sociales son increíblemente eficaces para amplificar las voces individuales y ayudar a coordinar la acción colectiva. Por eso, gobiernos totalitarios como el de China restringen severamente las redes sociales y el Internet.

Más de un año después, Facebook decidió que la hipótesis de la filtración del laboratorio no es conspirativa y permitirá que se compartan historias y opiniones sobre ese tema.

El New York Post también publicó una historia sobre los correos electrónicos de Hunter Biden antes de las últimas elecciones. En respuesta, tanto Twitter como Facebook limitaron el alcance de la historia y finalmente bloquearon la cuenta de Twitter del NY Post durante unas dos semanas antes de revertir su decisión. El New York Post no es un blog conspiranoico sin nombre. El periódico fue fundado en 1801 por Alexander Hamilton y tiene más de 2.2 millones de seguidores en Twitter y más de 4.4 millones en Facebook.

Más tarde, frente a la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la censura y la supresión en las redes sociales durante las elecciones de 2020, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, admitió que la censura de la historia de Hunter Biden fue un error.

En ambos casos, las empresas de las redes sociales se arrogaron la responsabilidad de ser los árbitros de la verdad, y en ambos casos, sus decisiones resultaron ser erróneas.

Las redes sociales también son increíblemente eficaces para amplificar las voces individuales y ayudar a coordinar la acción colectiva. Por eso, gobiernos totalitarios como el de China restringen severamente las redes sociales y el Internet. También es la razón por la cual Cuba cerró completamente Internet en respuesta a las protestas antigubernamentales.

Pero eso nunca podría ocurrir aquí en Estados Unidos, ¿verdad?

Desgraciadamente, no está fuera del alcance la posibilidad de que una empresa tecnológica estadounidense considere la censura como un buen modelo de negocio, ya sea por beneficio o por autopreservación. Un ejemplo de ello es el de Google y el desarrollo de su motor de búsqueda chino fuertemente censurado, apodado “Proyecto Dragonfly”. Después de que The Intercept diera a conocer la historia, Google acabó cancelándolo debido a la gran presión ejercida por los empleados e incluso por el Congreso.

Hay llamamientos para que las grandes empresas tecnológicas y los grandes gobiernos colaboren aún más estrechamente.

La NSA quiere que las grandes tecnológicas construyan “puertas traseras” en la tecnología de encriptación utilizada por varias empresas tecnológicas. Otros alaban abiertamente la censura de China en Internet, afirmando que el modelo de libertad de expresión de Occidente es obsoleto comparado con el de China.

Cuando los gobiernos y las empresas privadas empiezan a actuar de forma concertada y se mueven al unísono, corremos el riesgo de hacer realidad el 1984 de George Orwell. Hay un nombre para esto, un término que hemos oído gritar a los cuatro vientos durante todo el mandato de Donald Trump en la política.

Mientras que las empresas privadas deberían ser libres de hacer cumplir sus términos de servicio, parece que están siendo coaccionadas y presionadas para plegarse a la voluntad del gobierno.

Fascismo.

Pero no se fíen de mi palabra, escuchemos al mismísimo Benito Mussolini, que declaró lo siguiente en su Carta del Trabajo de 1927

“La intervención del Estado en la producción económica sólo tiene lugar cuando falta la iniciativa privada o es insuficiente o cuando están en juego los intereses políticos del Estado. Dicha intervención puede asumir la forma de control, asistencia o gestión directa”. (énfasis añadido).

Muchas personas en el gobierno de hoy, en ambos lados del pasillo político, sienten que los intereses políticos del Estado están definitivamente en juego cuando se habla de las redes sociales. El presidente Trump demandó recientemente a las grandes empresas tecnológicas, alegando que su eliminación en las plataformas de las redes sociales equivalía a una “acción estatal”.

Mientras tanto, la Casa Blanca hizo la sorprendente admisión de que están “identificando publicaciones problemáticas en Facebook que difunden desinformación” -Biden afirma que Facebook está directamente “matando a la gente”– y han identificado a “unas 12 personas que están produciendo el 65% de la información antivacunas” en Facebook.

Permítanme reiterar este punto. El gobierno ha identificado a 12 personas que considera problemáticas y las ha denunciado a una empresa privada por un discurso que han clasificado como “desinformación”.

Esto se produce después de que Facebook haya probado nuevos avisos de advertencia “Anti-Extremismo”, informandole a los usuarios de que pueden haber estado expuestos a contenido “extremista” y preguntándole también a los usuarios si están preocupados por un amigo que pueda estar convirtiéndose en extremista. No es una coincidencia que estas advertencias emergentes lleguen después de que el fiscal general de Biden declarara que “los supremacistas blancos son la amenaza terrorista doméstica más grave a la que se enfrenta Estados Unidos”.

Como individuos, tenemos que desvincularnos de la naturaleza centralizada de las redes sociales y empezar a volver a un modelo descentralizado.

Más allá de eso, la Administración Biden está considerando asociarse con empresas privadas para vigilar las “charlas extremistas” en línea. La definición de “extremismo”, y quién la define, es una cuestión que debería preocupar a todos.

Aunque las empresas privadas deberían ser libres de aplicar sus condiciones de servicio, parece que se las está coaccionando y presionando para que se plieguen a la voluntad del gobierno. Todavía existe un muro, aunque frágil, entre las grandes empresas tecnológicas y las agencias de inteligencia estadounidenses. La libertad de expresión tal y como la conocemos depende de que ese muro se mantenga.

Entonces, ¿cuáles son algunas de las respuestas? En primer lugar, permítanme identificar lo que no veo como soluciones.

  1. No estoy a favor de que el gobierno regule más las redes sociales o las grandes tecnologías en general. Una mayor regulación tiende a ahogar la competencia y a afianzar las posiciones de las grandes empresas en el mercado.
  2. Tampoco abogo por una “doctrina de la equidad” como la introducida por la FCC en 1949 y eliminada en 1987.

En el ámbito de las redes sociales, la respuesta a este problema no debería venir de la legislación o la regulación gubernamental, sino de la creación de un entorno de libre mercado y libertad de expresión que fomente la competencia y reduzca las barreras de entrada; sin embargo, eso no será suficiente.

Como individuos, tenemos que desvincularnos de la naturaleza centralizada de las redes sociales y empezar a volver a un modelo descentralizado, similar a lo que era Internet en sus inicios.

La Internet del pasado consistía principalmente en sitios web individuales, o blogs, sin las limitaciones de las redes sociales. Estamos tan acostumbrados a entrar en Facebook como ventanilla única para nuestros contenidos o a buscar una aplicación en las tiendas de aplicaciones de Apple o Google que nos olvidamos de que seguimos teniendo un navegador web en nuestro teléfono.

El pueblo no será privado ni coartado de su derecho a hablar, escribir o publicar sus sentimientos…

También están apareciendo empresas como Substack para que escritores y periodistas independientes publiquen sus contenidos y cobren por ello (fuera del ojo censor de las redes sociales). Y también hay protocolos como LBRY, una red de pago e intercambio de archivos basada en blockchain que impulsa plataformas descentralizadas, principalmente redes sociales y plataformas de vídeo. Los creadores de LBRY también dirigen Odysee, un sitio web para compartir vídeos que utiliza la red.

Aunque el contenido de Odysee está moderado para eliminar los vídeos que promueven la violencia y el terrorismo, es un modelo de lo que podría ser una Internet “descentralizada”.

La Primera Enmienda establece que el Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión. Como hemos aprendido, las empresas privadas no tienen esa obligación. Sin embargo, pueden (y deben) desempeñar un papel esencial en la creación de una cultura que revitalice el espíritu de la Primera Enmienda.

El borrador original de la Primera Enmienda de James Madison, que en general era mucho más descriptivo que el que terminó en la Carta de Derechos (Bill of Rights), da un poco más de idea de lo que pensaba sobre este tema. Dice en parte:

“El pueblo no será privado o coartado de su derecho a hablar, escribir o publicar sus sentimientos…”

¿No suena eso como un post de Facebook de hoy en día?

Las noticias digitales han sustituido a la plaza pública, y las grandes empresas tecnológicas, les guste o no, tienen la responsabilidad de ayudar a facilitar el libre intercambio de ideas.

También vale la pena señalar que, tanto en la versión original como en la definitiva de la Primera Enmienda, no hay ningún calificativo que excluya la “desinformación”. Los fundadores entendieron que la opinión e información impopular era el tipo de discurso más importante que necesitaba protección. Tanto es así que muchos escribieron bajo seudónimos para su protección.

Las noticias digitales han sustituido a la plaza pública, y las grandes empresas tecnológicas, les guste o no, tienen la responsabilidad de ayudar a facilitar el libre intercambio de ideas.

A fin de cuentas, las empresas estadounidenses de redes sociales basan todo su modelo de negocio en la monetización de la autoexpresión individual. Pueden y deben actuar como defensores de la libertad de expresión, especialmente cuando se enfrentan a la presión del gobierno.


  • Adam Johnston is a libertarian-conservative writer and contributor to freethepeople.org (@FreeThePeople)