Los confinamientos por el COVID-19 no han hecho más que intensificar las debilidades económicas estructurales de Sudáfrica.
Los cierres del 2020, promulgados en todo el mundo, sirven como un recordatorio visceral de lo que sucede cuando se socava la libertad económica.
Si se percibe que una amenaza es lo suficientemente elevada, los gobiernos consideran que es su deber actuar como consideren oportuno, sin importar las posibles consecuencias negativas futuras. Según el Banco Mundial, se prevé que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumente hasta 150 millones para 2021, mientras que las Naciones Unidas proyectan que las filas de los pobres podrían aumentar de 240 a 490 millones este año.
Los resultados de los límites a la libertad individual -que a menudo se sienten más severamente por las personas más pobres- deberían servir como una costosa lección para los planificadores centrales y los encargados de formular políticas. La devastación de una política mal pensada se ha sentido en todo el mundo, pero es aún más grave en las economías en desarrollo, como Sudáfrica.
En el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo de Sudáfrica se sitúa en el 43,1% (utilizando la definición ampliada, que incluye a los solicitantes de empleo desalentados que han dejado de buscar trabajo). El desempleo juvenil es ahora del 74%. Con su historia de separación racial forzosa y desigualdades crecientes del Estado, era imperativo que el país abrazara el asombroso poder de la libertad económica a partir de 1994. Ha habido períodos de progreso, pero no de forma muy sostenida. El hecho de que ahora haya más personas desempleadas que las que ganan un sueldo mensual es una prueba concreta de que Sudáfrica no ha adoptado las políticas correctas (el ejemplo más reciente es el duro bloqueo del país).
En las economías más desarrolladas, hay más posibilidades de que quienes perdieron su empleo a principios de este año vuelvan a trabajar una vez que se levanten los cierres. Sin embargo, en Sudáfrica, los datos están contando una historia diferente, lo que refuerza la idea de que el gobierno debería haber actuado con más precaución antes de aplicar un bloqueo duro. Unos 2,2 millones de empleos se perdieron durante el segundo trimestre de este año. De esos empleos perdidos, 539.000 regresaron en el tercer trimestre. Esto significa que había todavía 1,7 millones menos de personas trabajando en el tercer trimestre, en comparación con el año anterior. Visto de otra manera, sólo 37 de cada 100 sudafricanos en edad de trabajar están empleados.
Una menor tasa de absorción de mano de obra indica que las empresas simplemente no están contratando. Numerosos factores han contribuido a ello en Sudáfrica, entre los que destacan las políticas de acción afirmativa, un suministro de energía poco confiable, un salario mínimo nacional que pone precio a las personas que trabajan, una legislación de contratación y despido desalentadora y una falta general de confianza en el entorno empresarial del país.
Con la implementación de un intenso bloqueo, el gobierno asumió la posición de dictar qué empresas eran “esenciales” y cuáles no. Aquellos negocios que han logrado sobrevivir a los estragos de este año, serán extremadamente cautelosos antes de contratar de nuevo.
En el año 2000, Sudáfrica ocupó el puesto 58 en el Índice de Libertad Económica del Mundo (EFW) del Instituto Fraser. En la edición de este año, el país se encuentra en el 90º lugar, de un total de 162 países. Los datos recogidos en el EFW ayudan a ilustrar que, en los países que adoptan en mayor medida la libertad económica, la calidad de vida de los ciudadanos es, en promedio, muy superior a la de los países que restringen la libertad.
La caída del 58º al 90º se refleja en la realidad sobre el terreno: el aumento constante del desempleo, la disminución de la formación de capital y la inversión, y el aumento del número de personas que tratan de vivir y trabajar en otros lugares, muestran lo que sucede cuando un gobierno aplica políticas que socavan la libertad. En este momento, el sector privado de Sudáfrica sólo emplea a unos 8 millones de personas; sobre estos 8 millones recae ahora la presión de crear la mayor parte del valor económico del país, al tiempo que sustentan diversos programas de beneficios sociales. La situación es insostenible.
El duro bloqueo del COVID-19 ha servido para poner de manifiesto e intensificar las debilidades estructurales de la economía y el mercado laboral de Sudáfrica. El 19 de noviembre, el Banco de la Reserva de Sudáfrica pronosticó que la economía se contraería en un 8% este año. El gobierno se está quedando rápidamente sin pista fiscal para suministrar apoyo. Se prevé que la relación entre la deuda y el PIB supere el 92% en 2023-24; para abordar este problema, el gobierno pretende congelar los salarios del sector público durante los próximos 3 años. Todas las señales apuntan a un conflicto creciente entre el gobierno y los sindicatos sobre este tema en particular. El hecho de que la creciente factura salarial del sector público esté ejerciendo tanta presión sobre las finanzas del Estado, indica la grave medida en que el gobierno se comprometió a ser el principal impulsor del crecimiento económico hace años.
Al salir del COVID-19, es imperativo que el gobierno sudafricano escuche las lecciones sobre los cierres, y mire las recomendaciones de las políticas y los cambios que proporcionan índices como el EFW. Reducir el férreo control de los sindicatos, abrir el mercado de la electricidad a la competencia y abandonar los planes que aumentarán el poder del Estado -como la expropiación de propiedades sin compensación, el monopolio de toda la atención sanitaria en manos del Estado a través del Seguro Nacional de Salud y la aplicación de los activos prescritos para obligar a los fondos de pensiones a invertir en empresas estatales- es el cambio verdaderamente radical en la dirección política que necesita el país.
El “crecimiento liderado por el Estado” no es la respuesta para el país. Incluso si el gobierno tuviera más espacio fiscal para jugar, cuando el gobierno controla y dicta la asignación de capital, los resultados son ineficiencia e inflación. No es el deber del Estado poner en común toda la riqueza del país, y luego presumir que puede redistribuir a la gente en la prosperidad. Sólo a través del aumento de la facilidad de hacer negocios (desde el nivel corporativo hasta la esquina de la calle) el gobierno actuará realmente en el mejor interés del pueblo.
Una vez que la Zona Continental de Libre Comercio de África (AfCFTA) se aplique en 2021, Sudáfrica podría ser uno de los principales centros de innovación, empleo y prosperidad de la región del África meridional. Pero para encajar con el enorme potencial del AfCFTA, los sudafricanos necesitan más libertad económica que nunca.
Más de 11 millones de personas están ahora desempleadas. No se pueden hacer progresos sustanciales para hacer frente a esa devastación sin adoptar políticas radicales, políticas basadas en la libertad económica. Para los políticos y burócratas, este momento exige que dejen de lado su arrogancia y la creencia de que saben mejor lo que va a funcionar, que contengan sus temores de que la gente abuse de la libertad si tienen más, y que confíen en el potencial de los sudafricanos para hornear sus propios pasteles de la riqueza.
