El enfoque del Gobierno hacia la industria del acero del Reino Unido siempre ha parecido una mezcla entre un optimismo inveterado e inquebrantable y los sacudones de pánico de un hombre que se ahoga aferrándose a un flotador.
Un observador extremadamente caritativo argumentaría que el Gobierno siempre ha tenido un objetivo muy claro: preservar la industria del acero británica para salvaguardar el empleo en el sector y proporcionar resiliencia en la fabricación de un producto vital para su crecimiento y seguridad.
Una mente más cínica podría replicar que alguien que pide un deseo mientras lanza una moneda a un pozo tiene un objetivo muy claro. Sin un plan práctico, sostenible y realista para alcanzar ese objetivo, tales ambiciones etéreas de “qué lindo sería” carecen de valor político, en el mejor de los casos.
Esta semana, el Secretario de Negocios y Comercio, Peter Kyle, reveló la última maniobra de los Laboristas. A partir de julio, las cuotas de importación de acero libre de aranceles se reducirán en un 60%, y las importaciones que superen esos niveles estarán sujetas a un arancel del 50%. En otras palabras, ante una crisis, la respuesta del Gobierno es el proteccionismo.
No están a solas en esto. El régimen de exclusión sitúa al Reino Unido ampliamente en línea con los Estados Unidos, la UE y Canadá. Eso no significa necesariamente que sea el enfoque correcto, pero no debemos subestimar el desafío que enfrenta el Gobierno. Ya había acordado aportar £500 millones hacia el costo total previsto de £1,250 millones a Tata Steel para la construcción de hornos de arco eléctrico en su planta siderúrgica de Port Talbot.
A la vez, bajo la Ley de la Industria del Acero (Medidas Especiales) de 2025, el pasado abril los ministros tomaron el control de British Steel, propiedad de Jingye, y de su planta siderúrgica en Scunthorpe para salvarla de un cierre inminente. Eso ha tenido un costo enorme: hasta finales de enero, el Gobierno había gastado £359 millones en nueve meses en “capital de trabajo, cubriendo rubros como materias primas y salarios”; en otras palabras, simplemente manteniendo abierta la instalación. No es difícil ver que esa cifra alcanzará rápidamente quinientos millones de libras.
Aquí reside el problema fundamental. El Gobierno se guía por una declaración de lo que quiere que sea el caso. Como dijo Kyle: “Estamos cerrando el capítulo de décadas de desindustrialización destructiva y comprometiéndonos, en cambio, a fortalecer y sostener a Gran Bretaña como una nación productora de acero”.
Eso no significa que sea un fin alcanzable. Fundamentalmente, como la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha indicado recientemente al Presidente Trump, los aranceles son una forma de impuesto y, tarde o temprano, la carga financiera recaerá sobre el consumidor nacional. Los aranceles aíslan artificialmente a la industria de la realidad de las fuerzas del mercado, lo que puede elevar los costos, desalentar la eficiencia y actuar como un lastre para la innovación y el progreso. Si el gobierno está obstaculizando a sus competidores con gravámenes financieros, ¿para qué esforzarse más?
Está claro que la industria del acero del Reino Unido no puede competir en el escenario global sin asistencia gubernamental —o, para usar una frase menos delicada, subsidios financiados por los contribuyentes. Eso significa que a cada contribuyente se le está cobrando para mantener viva la industria. Bajo esas circunstancias, es necesario preguntarse por qué el acero del Reino Unido no es competitivo, y si es correcto mantener el sector a flote artificialmente.
Los costos de energía empresarial en Gran Bretaña se encuentran entre los más altos del mundo y, especialmente con los altos hornos, la fabricación de acero tiene un hambre voraz por la energía. Los aranceles no cambian nada en cuanto a eso, sino que intentan equilibrar una desventaja existente para el sector del Reino Unido con una nueva desventaja artificial para sus competidores en el extranjero. Pero esto solo nivela los precios hacia arriba: no hace nada para que el acero británico sea más asequible o se produzca de manera más eficiente, simplemente penaliza los costos más bajos de los fabricantes extranjeros (y, en algunos casos, anulando los subsidios que les otorgan sus propios gobiernos).
El contraargumento tradicional es que el acero tiene un valor estratégico y una necesidad particular para “defender las industrias críticas y la seguridad nacional”, como lo expresó Gareth Stace, Director General del organismo comercial UK Steel. Esto presupone que el Reino Unido podría, en un caso crítico, encontrarse incapaz de importar acero del tipo requerido, tanto para proyectos de infraestructura como para programas de defensa. Es un argumento que tiene fuerza pero no es contundente, y su aceptación plantea otra pregunta: si debemos conservar una industria siderúrgica soberana libre de intervención extranjera, ¿entonces no existe límite a lo que debemos estar dispuestos a pagar por ella?
Esto no es tanto una estrategia como un parche. En lugar de abordar las razones subyacentes a la incapacidad relativa del acero del Reino Unido para competir con los productores internacionales, el Gobierno está imponiendo costos más pesados a sus rivales en el extranjero con la esperanza de que esto conduzca a algún tipo de equilibrio. Pero en el análisis final, el sector será competitivo o no lo será. Si es incapaz de competir al nivel mundial, por la razón que sea, entonces no podemos adoptar un objetivo —permitir que sobreviva financieramente— sin alguna noción de los límites de ello.
Cuando los medios siguen a una política declarativa, puede volverse muy caro muy rápidamente. Claro está, la declaración no necesita transigir: establece un destino no negociable y exige que se encuentre una ruta. Pero el Gobierno tumba de una posición provisional a otra.
Cada día, únicamente para asegurar que la planta de British Steel de Scunthorpe no cierre, estamos gastando más de £1.2 millones. Eso es un estatismo costoso. Pero no es ni más simplista ni más improvisado que el resto de la estrategia siderúrgica del Gobierno. Esta crisis no pasará simplemente pidiendo a los consumidores que paguen más, sin importar cuántos intermediarios haya de por medio. Pero esa parece ser la magnitud del pensamiento de Whitehall. No es suficiente.