Cómo las restricciones a los derechos de propiedad destruyen la tierra.
Algunas leyes apagan incendios; otras los avivan. En España, un país que ha dominado el arte de legislar en contra de la realidad, tenemos más del segundo tipo. Cada vez que se viola la propiedad privada y se sustituye la responsabilidad individual por la imposición estatal, los problemas se multiplican. El Estado tiende a cubrir una mala ley con otra aún peor, como si intentara apagar un incendio con gasolina.
Durante décadas, la Ley Forestal de 1957 impuso límites estrictos a la gestión privada de los bosques. Ser propietario de un bosque no significaba decidir cómo utilizarlo: las actividades estaban estrictamente reguladas y los usos estaban sujetos a supervisión administrativa. La ley pretendía mantener la tierra como «bosque» de forma permanente, cerrando la puerta a cualquier uso alternativo. El resultado fue una propiedad vaciada de contenido, en la que los propietarios soportaban las cargas pero disfrutaban de pocos beneficios legítimos.
Una gran parte de los incendios forestales en España son provocados deliberadamente. La Ley de 1957 no impedía automáticamente que los terrenos quemados fueran recalificados o destinados a otros usos. Mucho dependía de la discrecionalidad urbanística y de las decisiones administrativas posteriores. En la práctica, esto abrió la puerta a las sospechas de incendios intencionados, ya que, una vez quemados, los terrenos podían perder su valor forestal y ganar interés urbanístico o agrícola. Cada verano, mientras las llamas se extendían por las colinas, las voces apuntaban a los intereses urbanísticos que se escondían tras el humo. El caso más famoso fue el de Terra Mítica, donde un incendio precedió a la recalificación del terreno para construir el parque temático.
No se necesitaban pruebas contundentes para que la idea se arraigara en la opinión pública: el fuego podía ser el primer paso para hacer negocios. El problema es que, tanto para la opinión pública como para los legisladores, la solución nunca fue abordar la raíz del problema ni dar a los propietarios la libertad de gestionar sus bosques sin necesidad de quemarlos. En lugar de eliminar los incentivos perversos y dejar que cada propietario cuidara y se beneficiara de su tierra, los legisladores eligieron el camino que mejor conocen: otro bloqueo legal.
La Ley Forestal de 2003 se presentó como la gran modernización del régimen forestal. En realidad, no resolvió el problema de fondo, ya que se mantuvieron e incluso se ampliaron las restricciones al libre uso de la propiedad. Los propietarios seguían sin poder gestionar sus parcelas sin autorización administrativa. El gran cambio fue la «regla de los treinta años»: si un bosque se quema, no puede ser rezonificado ni destinado a otro uso durante tres décadas. La lógica era que, si no había beneficios después de un incendio, desaparecería el incentivo para provocarlo. Sin embargo, esta medida solo cambió los incentivos. Ahora nadie provocaría un incendio para que se rezonificara la tierra (algo que, de hecho, nunca se demostró claramente), pero se abrió una nueva posibilidad: el sabotaje. Imagina una parcela de tierra en proceso de reclasificación. Si un competidor quisiera bloquearla, solo tendría que prenderle fuego. Si las llamas llegaran antes de que se completara el papeleo, el proyecto quedaría paralizado durante treinta años.
Los incentivos distorsionados para provocar incendios son solo una parte del problema. La otra consecuencia importante de las leyes forestales españolas no radica en por qué se inician los incendios, sino en por qué se propagan con tanta violencia: décadas de restricciones legales han convertido los bosques en enormes almacenes de combustible. Lo que convierte estos incendios en catástrofes nacionales no es solo que a veces sean deliberados, sino que, una vez iniciados, ya sean naturales o intencionados, arrasan sin control a través de bosques abandonados a propósito.
Un incendio no se alimenta solo de una chispa, necesita combustible. La biomasa seca, las ramas caídas y la maleza inflamable son los verdaderos impulsores del desastre. Esta acumulación no es accidental, sino el resultado de un marco legal que durante décadas ha fomentado el abandono. La Ley de 2003, lejos de resolver el problema, mantuvo las restricciones a la gestión del suelo e incluso las amplió. Limitó los usos permitidos (artículo 36) y exigió que todas las acciones se sometieran a planes técnicos y autorizaciones (artículo 37). Al mismo tiempo, impuso a los propietarios la obligación de prevenir los incendios y mantener sus terrenos en buen estado (artículo 48), al tiempo que tipificó como delito cortar, arrancar o incluso recoger leña sin autorización (artículo 67, apartados c y j).
Se trata de un cúmulo de contradicciones: se les dice a los propietarios que prevengan los incendios, pero se les priva de los incentivos para hacerlo, al tiempo que se les imponen costes, trámites burocráticos y posibles multas. Un activo que genera gastos pero no ingresos es un activo destinado al abandono. Durante siglos, esa limpieza nunca dependió de los burócratas ni de las subvenciones, sino de prácticas espontáneas que beneficiaban tanto a los lugareños como a los propietarios. Los pastores llevaban sus rebaños, los leñadores recogían ramas y los vecinos recolectaban combustible para sus hogares. Todo ello reducía la biomasa y proporcionaba un uso legítimo. Hoy en día, esas prácticas se castigan o se entierran bajo interminables autorizaciones.
Incluso dejando de lado los incentivos perversos que la ley crea para provocar incendios, y dejando de lado el abandono que fomenta, sigue existiendo un problema mayor: ¿qué ocurre después de que el bosque ya se ha quemado? Una vez que el fuego se ha propagado, la Ley de 2003 añade un obstáculo decisivo. Al imponer la norma de los treinta años, cualquier terreno quemado quedaba bloqueado y desaparecían todos los incentivos para restaurar lo destruido. La ley no distinguía entre un incendio natural, un accidente o un incendio provocado: todos eran igualmente condenados. ¿Qué propietario invertiría en recuperar un bosque que, por ley, debía permanecer estéril durante treinta años? En lugar de fomentar la regeneración, la ley produjo el efecto contrario: dejar el bosque abandonado y perpetuar así la devastación.
Paradójicamente, en nombre de la protección del medio ambiente, se ha expulsado de la tierra a quienes más interés tenían en conservarla. El resultado es un bosque que, en la práctica, no pertenece a nadie: ni a los propietarios, que no pueden gestionarlo; ni a los usuarios tradicionales, que ya no se benefician de él; ni al Estado, que carece de medios para cuidarlo. Este es el verdadero problema.
Así, cada verano se repite el ritual: helicópteros sobrevolando la zona, imágenes dramáticas en televisión, llamas imparables, bomberos agotados y políticos posando entre las cenizas. La escena se repite año tras año, siempre con las mismas promesas de reforma y nuevas comisiones de estudio. Mientras tanto, la maleza sigue creciendo, seca y lista, esperando la próxima chispa. El fuego no esperará y la ley no lo detendrá.
