No vemos cuánto nos cuesta.
Recientemente, miembros de la administración Trump se vieron atrapados en un enfrentamiento entre dos grupos con posturas opuestas sobre cómo —o si acaso— el gobierno federal debería regular la inteligencia artificial.
Los críticos sostienen que avanzar demasiado rápido en la IA podría generar riesgos. Otros argumentan que Estados Unidos no puede competir con China bajo un régimen regulatorio estricto. Después de todo, estamos compitiendo en una de las carreras tecnológicas más importantes del siglo XXI.
Sin embargo, la pregunta de fondo es mucho más amplia que la IA. Ya sea en debates regulatorios sobre tecnología, vivienda, energía o salud, los responsables de políticas públicas estadounidenses deberían comenzar cada debate preguntándose una cosa importante: ¿Cuánto progreso debemos sacrificar en nombre de la precaución?
Durante décadas, los políticos y burócratas de Washington prestaron enorme atención a los supuestos peligros de aprobar una nueva tecnología, proyecto o producto con demasiada rapidez. Mucho menos atención se le presta a las consecuencias de los retrasos gubernamentales.
Con todas sus fallas en materia económica, la administración Trump merece reconocimiento por cuestionar una cultura regulatoria que suele tratar el retraso como si no tuviera costo.
La innovación médica, ámbito en el que la administración trata sistemáticamente de reducir los tiempos de aprobación de la FDA, ofrece quizás el ejemplo más claro.
A finales de mayo, Tomas Philipson, investigador sénior del Committee to Unleash Prosperity y exfuncionario en funciones del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la primera administración Trump, publicó un estudio sobre este tema.
El estudio señaló que acelerar los plazos de desarrollo y aprobación de la FDA para medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos en un período de uno a seis años podría generar hasta $61 billones en valor combinado para consumidores y productores. Los pacientes recibirían atención más rápido, y ello incentivaría una mayor investigación e inversión.
¿Y qué pasa con la vivienda?
Demasiados estadounidenses afirman que no pueden costear una vivienda. Las encuestas muestran de forma consistente que la gente quiere que el gobierno implemente políticas que aumenten la oferta de viviendas disponibles.
Sin embargo, las regulaciones locales, estatales y federales añaden años a los plazos de desarrollo e inflan los costos de construcción. El resultado es una escasez de viviendas. Las familias tienen que pagar precios más altos para intentar comprar o incluso alquilar.
La administración Trump impulsó la simplificación de los permisos y las revisiones ambientales. Los críticos reaccionaron con protestas sobre la falta de supervisión. Pero cada año que un proyecto de vivienda pasa atrapado en el limbo regulatorio es un año más en que las familias pagan alquileres más altos, precios de vivienda más elevados y tienen menos opciones habitacionales.
Los proyectos energéticos tienen sus propios desafíos. La inteligencia artificial, la fabricación avanzada y el crecimiento demográfico incrementan continuamente la demanda de energía. Y, sin embargo, los proyectos de infraestructura crítica pasan años sometidos a revisiones regulatorias antes de que siquiera comiencen las obras.
Los proyectos retrasados implican suministro retrasado, y el suministro retrasado suele traducirse en costos más altos.
Como era de esperar, los esfuerzos de Trump por acelerar las aprobaciones de gasoductos, líneas de transmisión, plantas de energía y otros tipos de infraestructura energética generaron una fuerte oposición. Los críticos alegan riesgos ambientales. Los defensores de la medida, en cambio, señalan un sistema de permisos que puede demorar proyectos vitales un promedio de 4.5 años para la infraestructura energética principal y 6.5 años o más para las líneas de transmisión. Esto, mientras los estadounidenses pagan facturas de servicios públicos más altas y las empresas luchan simplemente por tener acceso a energía confiable.
El debate sobre la desregulación se presenta frecuentemente como una elección entre cautela e imprudencia. En realidad, la elección es más compleja. Actuar demasiado rápido genera costos jurídicos. Pero actuar demasiado lento también genera costos.
Los esfuerzos de Trump por agilizar las aprobaciones y reducir los obstáculos burocráticos sin duda seguirán atrayendo críticas, algunas de las cuales pueden estar justificadas. Pero antes de desestimar estas reformas de plano, los estadounidenses deberían hacerse y responder una pregunta sencilla.
¿Cuánto cuesta no hacer nada?
Cada vez más, la respuesta parece ser una que el país ya no puede permitirse.
