Cómo los mercados libres transformaron la industria de telecomunicaciones de Guatemala.
¿Puedes imaginar tener que manejar 12 horas solo para hacer una llamada telefónica? ¿O estar en una lista de espera de 20 años para poder comprar una línea fija? Esa era la realidad de las telecomunicaciones en Guatemala a principios de la década de 1990. Solo había 23 teléfonos públicos por cada 100 000 habitantes. Estas cifras eran más que un mal servicio; representaban una barrera para el crecimiento económico y la vida cotidiana.
Las telecomunicaciones son un sector crucial para el desarrollo de un país. Un sistema efectivo atrae a inversionistas externos al garantizar comunicación confiable en todo el territorio, ayudando a desarrollar las zonas más aisladas. Pero la estatal Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL), que estaba a cargo de las líneas telefónicas, no cumplía con las expectativas.
Las telecomunicaciones llegaron originalmente a Guatemala en 1881 a través de empresas estadounidenses, pero el sistema fue nacionalizado en 1921, después de que las concesiones originales otorgadas a esas compañías no fueran renovadas. Como GUATEL operaba bajo control gubernamental, era vulnerable a la inestabilidad política causada por la Guerra Civil de Guatemala (1960–1996).
Los frecuentes cambios de gobierno, combinados con el control militar parcial de la empresa por razones de seguridad, significaban que los cambios en la dirección eran constantes, con un nuevo gerente cada seis u ocho meses. Las decisiones gerenciales no reflejaban las necesidades del mercado; más bien seguían las prioridades del gobierno en turno.
Mientras tanto, la demanda de líneas telefónicas seguía creciendo, pero GUATEL carecía de los recursos y la eficiencia para satisfacerla. En 1994, solo 2 de cada 100 personas tenían acceso a un teléfono, y el 80% de las líneas estaban concentradas en la capital, dejando al resto del país desconectado. Ante este fracaso, y con la creciente demanda de acceso, se tomó la decisión de privatizar GUATEL.
Pero ¿por qué privatizar? La respuesta radica en los beneficios comprobados de un sistema de libre mercado.
Para empezar, un mercado libre fomenta la competencia, lo que impulsa a las empresas a innovar constantemente para atraer nuevos clientes. En un monopolio como GUATEL, no hay incentivo para innovar, lo que resultó en un sistema de telecomunicaciones obsoleto e ineficiente. ¿Por qué mejorar el servicio cuando la gente estaba obligada a comprarles a precios astronómicos de todos modos?
La propiedad privada también genera incentivos para la eficiencia. Una empresa estatal está atada a intereses políticos y no enfrenta consecuencias por malas decisiones. Está completamente aislada de los efectos del mercado. En cambio, una empresa privada enfrenta pérdidas monetarias cuando se equivoca, lo que la obliga a actuar responsablemente y adaptarse a las necesidades del consumidor. En las empresas estatales, estas pérdidas simplemente las pagan los contribuyentes.
Debido a que están sujetas a intereses y ciclos políticos, las empresas públicas sufren de una visión de corto plazo que las ciega ante oportunidades potenciales de crecimiento. Los políticos se inclinan a buscar resultados inmediatos para asegurar elecciones, pasando por alto oportunidades que podrían ser mejores a largo plazo.
Además de todo eso, era necesaria una inversión de 1 147 millones de dólares para instalar 900,000 líneas telefónicas, el mínimo indispensable, una cantidad que el Estado guatemalteco no podía costear. Los costos de instalación cayeron significativamente después de la privatización, demostrando que la inversión privada era esencial. Una economía de mercado genera nueva riqueza por medio del comercio y la innovación, mientras que el Estado solo redistribuye lo que ya existe.
Este cambio era esencial para la sociedad guatemalteca; privatizar GUATEL podía acelerar enormemente el desarrollo económico. Estudios han mostrado que una mejora del 10% en los teléfonos podría generar un crecimiento del 0.5% del PIB. Cuando las personas tienen mejor acceso a la comunicación, los negocios se vuelven más eficientes, la información fluye más rápido y su calidad de vida mejora.
Algunos grupos se opusieron vehementemente a esta privatización. Líderes sindicales afirmaron que esta venta beneficiaría solo a la élite, perjudicando a los trabajadores en el proceso. Argumentaron que el sector privado solo se preocupa por las ganancias, no por la gente, por lo que no verían razón para mejorar el servicio para la población en general.
Sin embargo, lo que realmente sucedió después de la venta desmiente estas preocupaciones. Antes de la privatización en 1998, solo había 400,000 líneas telefónicas, pero para 2009, había 1.3 millones, un aumento del 225%. La recién formada Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA) logró en pocos años lo que la empresa estatal no pudo hacer en décadas. Los beneficios llegaron a todos, no solo a la élite.
Hoy en día, el mercado de telecomunicaciones de Guatemala es un duopolio dominado por Tigo y Claro, dos grandes marcas que operan en toda América Latina. Pero esto refleja restricciones regulatorias, no un fracaso del mercado. Por ejemplo, el espectro 5G actualmente está en manos exclusivas de estas dos empresas, pero solo porque existe una Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) que restringe la entrada de nuevos competidores. La industria podría mejorar aún más si se redujeran las barreras de entrada.
Ejemplos similares pueden encontrarse en toda la región. En Brasil, antes de las privatizaciones de la década de 1990, las líneas telefónicas eran escasas y cada una costaba más de 940 dólares. Hoy, hay más de 276 millones de líneas, cada una costando menos de 2 dólares en promedio.
Los poderosos efectos del mercado libre no se limitan a las telecomunicaciones. En los años 80, Chile privatizó su empresa eléctrica. El acceso a la electricidad subió del 66% de los hogares al 96%, con precios que cayeron alrededor del 20%.
El caso de Guatemala ofrece una lección clara: cuando se liberan los mercados, la innovación y la competencia pueden generar enormes beneficios para todos. GUATEL, como empresa estatal, fue un desastre, caracterizado por baja cobertura, altos precios y mal servicio. Viajar 12 horas solo para hacer una llamada puede sonar absurdo hoy, pero esa era la realidad hace solo unas décadas. Era una ineficiencia sistemática que duró generaciones.
Una vez privatizado, el servicio mejoró sustancialmente en solo unos años. Si la industria de telecomunicaciones pudo experimentar una transformación tan radical y positiva, imagina lo que podría suceder si liberáramos otras industrias aún atrapadas bajo control estatal.