Agitación económica a medida que se acercan las elecciones.
La economía de Bolivia está al borde del colapso. El país está experimentando su mayor inflación en 38 años: solo en junio, los precios subieron un 5.2 %, lo que no solo triplica la inflación de Argentina, sino que equivale a la que registra Perú en dos o tres años. Bolivia también se enfrenta a una escasez de dólares estadounidenses y a una ola de protestas y bloqueos de carreteras, lo que agrava otro problema: la falta de productos básicos. Desde medicamentos y pollo hasta aceite de cocina y gasolina, los bolivianos luchan por encontrar productos básicos y, cuando los encuentran, pagan precios exorbitantes.
Todo esto ocurre en pleno año electoral. El actual presidente, Luis Arce, tiene un índice de desaprobación del 80 % según una encuesta de Delphi, y el expresidente Evo Morales (del mismo partido) no puede presentarse a las elecciones porque el Tribunal Constitucional le ha inhabilitado para optar a un nuevo mandato. Esto ha alimentado una lucha abierta por el poder entre los dos líderes, que quieren controlar el partido y el país. Cada uno acusa al otro del colapso económico y de socavar la democracia, mientras que los bloqueos de carreteras y las manifestaciones de Morales han agravado la escasez. Algunas encuestas sugieren que, si la situación económica persiste, podría producirse una ola masiva de migración hacia los países vecinos.
En 2021, Bolivia tenía la tasa de inflación más baja de Sudamérica, incluso inferior a la de Estados Unidos, y era una de las economías de más rápido crecimiento de la región en los últimos 30 años. Para entender la agitación actual, hay que remontarse a 2006, cuando Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganaron las elecciones. Este fue un punto de inflexión para Bolivia, no solo porque rompió con el modelo económico de libre mercado al que aspiraba el país, sino también porque obtuvo más del 50 % de los votos en la primera vuelta, una hazaña histórica desde el retorno de la democracia en la década de 1980. Morales se convirtió además en el primer presidente indígena de Bolivia.
Con un discurso fuertemente antiimperialista y nacionalista, Morales, junto con su entonces ministro de Economía, Luis Arce (ahora presidente), dio un giro a las políticas de Bolivia. Una medida clave fue la nacionalización de los recursos naturales: el Estado tomó el control de las empresas energéticas, las telecomunicaciones, la aerolínea nacional boliviana, los servicios de agua y, lo que es más importante, los minerales y el gas natural, las principales exportaciones de Bolivia.
Morales también reformó la Constitución, convirtiendo al país en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto otorgó un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas y fortaleció al Estado y a las cooperativas a expensas de las grandes empresas y del sector privado. Esta nueva Constitución también socavó el estado de derecho, condicionó la propiedad privada y despojó a los individuos de sus derechos.
Por último, Morales criticó abiertamente a Estados Unidos, expulsó al embajador estadounidense y a la DEA, al tiempo que alineó a Bolivia con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, el Partido Comunista de Cuba, y recibió el apoyo de China, Rusia e Irán.
Entre 2006 y 2014, el modelo boliviano parecía un éxito, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos de la época, debido en gran parte a los precios históricamente altos de materias primas como los minerales y el gas natural. La economía creció a tasas del 4 % al 6 % anual y, como el gobierno había nacionalizado los recursos, todos los ingresos por exportaciones y producción del gas y la minería fluían directamente a las arcas del Estado. Esto permitió a Bolivia acumular dólares estadounidenses en su banco central, mantener superávits fiscales (gastar menos de lo que ganaba) y emprender un gasto público masivo en infraestructura y programas sociales. El Estado financió sistemas de alcantarillado, hospitales, escuelas y programas de asistencia social para madres, niños y trabajadores precarios.
Durante el gobierno de Morales, el acceso a la electricidad aumentó del 68 % al 92 %, el analfabetismo se redujo del 13 % al 2 % según el Banco Mundial y la pobreza extrema disminuyó, según datos nacionales, del 38 % al 12 %. Estos logros se denominaron el Milagro Boliviano.
En 2011, el Gobierno fijó el tipo de cambio del boliviano al dólar estadounidense en 6,96. El objetivo era reducir los costes de importación, subvencionar indirectamente la gasolina, frenar la inflación y aumentar la confianza de la población en la moneda nacional.
Lamentablemente, la economía boliviana carecía de una base sólida. A diferencia de países vecinos como Paraguay o Perú, que aprovecharon los años de bonanza para construir sistemas más resilientes, Bolivia se volvió excesivamente dependiente de los altos precios del gas. En 2014, los precios mundiales de las materias primas se desplomaron, incluidos el petróleo, la soja, el gas natural y los minerales. Solo entre 2014 y 2015, los precios del gas natural cayeron un 39 %, lo que supuso un golpe devastador.
Las reservas de divisas de Bolivia comenzaron a disminuir y el saldo fiscal pasó de superávit a déficit al colapsar los ingresos por exportaciones. El Estado gastó mucho en la explotación de los yacimientos de gas existentes, pero no exploró nuevas reservas. A medida que los yacimientos más antiguos se agotaban, la producción disminuyó. Las empresas privadas, desanimadas por la nacionalización y las restricciones, redujeron sus inversiones. Cuando los precios mundiales se desplomaron, la inversión extranjera no solo se había agotado, sino que, en algunos años (2018-2019), incluso registró una inversión neta negativa.
Entre 2014 y 2019, las reservas del banco central de Bolivia se redujeron en más del 50 %, pasando de 15 000 millones de dólares a 6000 millones si se analizan los activos. El saldo fiscal pasó de un superávit del 0.6 % a un déficit del 8 %, uno de los más altos de América Latina. El Gobierno aumentó tardíamente el gasto en exploración de gas, pero esos proyectos requieren años para generar beneficios. Mientras tanto, no se recortó el gasto público, lo que aumentó la presión sobre el tipo de cambio fijado por ley, que se hizo más difícil de mantener con la reducción de las reservas.
Los escándalos de corrupción empañaron la administración de Morales. Este modificó la Constitución en 2009, se presentó y ganó por tercera vez en 2014, y pudo presentarse por cuarta vez en 2019 a pesar de haber sido rechazado en un referéndum celebrado en 2016. Ese año, la jornada electoral se vio empañada por la controversia: el recuento de votos se suspendió durante horas mientras Morales iba por detrás, y luego se reanudó con él en cabeza. La oposición denunció fraude y la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó irregularidades. Se produjeron protestas masivas y Morales, abandonado por el ejército, dimitió y se exilió en México.
Jeanine Áñez ocupó la presidencia interina durante un año (posteriormente fue encarcelada en 2021 por conspiración) y en 2020 se convocaron nuevas elecciones, en las que ganó el candidato del MAS, Luis Arce, con el 55 % de los votos. A pesar del cambio de liderazgo, el modelo económico se mantuvo y los problemas se agravaron. El breve impulso del aumento de los precios del gas en 2022 debido a la guerra entre Rusia y Ucrania se desvaneció en 2023. Ese año, el déficit fiscal de Bolivia superó el 10 % del PIB y la deuda pública siguió aumentando. En 2024, Bolivia se había convertido en el segundo prestatario más riesgoso de América Latina después de Venezuela, con una deuda superior al 90 % del PIB, lo que aumentó los temores de insolvencia.
Las reservas cayeron por debajo de los 2000 millones de dólares en diciembre de 2024, ocho veces menos que en 2014. El Gobierno admitió que no disponía de dólares suficientes para satisfacer la demanda. Los años de descenso de la inversión extranjera y de la producción de gas habían provocado un déficit comercial persistente desde 2015, lo que significa que Bolivia gasta más en importaciones que lo que gana con las exportaciones.
Ante la reelección, Arce se negó a recortar el gasto público, reducir los subsidios o liberalizar la economía. En cambio, el Gobierno impuso controles de precios, regulaciones monetarias más estrictas y restricciones al acceso de los importadores a los dólares. Esto provocó una grave escasez de fertilizantes, medicamentos, combustible, productos de limpieza y alimentos. Los precios se dispararon y creció la desconfianza en el boliviano. La gente se apresuró a cambiar bolivianos por dólares estadounidenses, que escaseaban. El banco central impuso más restricciones, lo que empujó la demanda al mercado informal, algo habitual en países como Venezuela o Argentina. Surgieron dos tipos de cambio: el oficial, de 6.96 pesos bolivianos por dólar, y el informal, de entre 12 y 14 pesos bolivianos, aproximadamente el doble, lo que indicaba expectativas de devaluación.
Mientras tanto, Evo Morales ha estado movilizando a sus seguidores para bloquear carreteras e interrumpir las cadenas de suministro, culpando a Arce de la crisis y agravando la escasez. Muchos bolivianos se creen el discurso de que el país era próspero con Morales y que la recesión comenzó con Arce.
Las elecciones están previstas para el 17 de agosto y ni Luis Arce ni Evo Morales se presentarán como candidatos, Arce por decisión propia y Morales por inhabilitación legal. El candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, tiene menos del 2 % de intención de voto.
Dada la trayectoria actual, Bolivia podría encaminarse hacia una crisis similar a la de Argentina en 2001 o incluso a la de Venezuela, con una inflación anual que se disparó del 3 % al 25 % en solo un año. Sin embargo, los mercados parecen más optimistas: los precios de los bonos bolivianos han subido un 20 % en dólares este año. Los analistas atribuyen esto a las encuestas que sugieren que, tras 20 años en el poder, el MAS podría perder la presidencia, lo que abriría la puerta a un gobierno de la oposición.