Cuando el permiso reemplaza los derechos de propiedad, el Sueño Californiano se convierte en un sueño postergado.
Durante más de un siglo, California ha sido el Shangri-La para los ambiciosos: un lugar que atraía a quienes deseaban escapar las restricciones del viejo mundo a cambio de una promesa de autonomía radical. Este Sueño Californiano no fue producto de la suerte; fue forjado por la mentalidad de la fiebre del oro que consagró que sin riesgos, no hay éxito. Esta aceptación singular del fracaso echó raíces temprano en la conciencia del estado, alimentando una cultura del riesgo que acogía a emprendedores de todo el mundo. Apoyado por una ubicación estratégica en el borde del Pacífico y tierras fértiles, este entorno permitió a los innovadores transformar California en una potencia mundial en agricultura, entretenimiento y tecnología.
Sin embargo, las políticas de gobiernos modernos han invertido estas fortalezas históricas, transformando lo que antes fue un santuario ágil en un estado regulatorio restrictivo. Hoy en día, el potencial de los habitantes de California se ve sofocado por la mala gestión crónica de recursos (agua, energía, silvicultura, etc.) y un conjunto creciente de mandatos anti-desarrollo que desincentivan precisamente la expansión que hizo grande al estado. Al favorecer los vetos de las partes interesadas por encima de los fundamentales derechos de propiedad, California ha pasado de una cultura de progreso y sí-se-puede a una de estancamiento gestionado. El éxito que antes definía la cultura de riesgo del estado es cada vez más recibido con propuestas de impuestos punitivos y regulaciones laborales hostiles al logro.
La última víctima de este cambio es California Forever. Fundada en 2017 por Jan Sramek, el proyecto buscaba abordar la crónica escasez de vivienda en California construyendo desde cero una ciudad peatonal para 400,000 residentes. Respaldado por multimillonarios de Silicon Valley como Reid Hoffman y Marc Andreessen, representa un intento moderno de recuperar el legado constructor del estado. Sin embargo, tras gastar aproximadamente 1,000 millones de dólares, el proyecto ha avanzado muy poco de manera tangible.
El intento del promotor de acelerar el proyecto mediante una iniciativa de votación fue abandonado en 2024, y la visión residencial original ha sido reemplazada por la construcción naval. Este reposicionamiento fue tanto un guiño a la Ley SHIPS como una decisión estratégica para seguir un camino de desarrollo con menos resistencia. Al ampliar la visión para incluir el Astillero de Solano, el proyecto llegó a ser más digerible políticamente. El desarrollo residencial sigue siendo parte del plan, pero se extenderá a lo largo de cuatro décadas.
Un crítico culpa a lo que denomina el laberinto regulatorio de California por la naturaleza intermitente de este proyecto. No cabe duda de que las vastas regulaciones de construcción, los códigos de zonificación y las normativas ambientales frenan el desarrollo. Ciertamente, el entorno regulatorio ha contribuido al fracaso del gobernador Newsom en cumplir su promesa de campaña de 2017 de construir 3.5 millones de nuevas viviendas. Pero ¿qué motiva y sostiene este laberinto?
En pleno centro de esta inercia hay un giro filosófico: de un sistema de derechos de propiedad generalmente respetados a uno de desarrollo por permiso. El derecho legal a usar el propio terreno ha sido reemplazado por la exigencia de obtener un consenso universal antes de que una sola pala toque la tierra. Bajo ese protocolo, el estado predeterminado de cualquier nuevo proyecto es ilegal hasta que reciba una serie de bendiciones discrecionales de un conjunto de agencias gubernamentales.
Este sistema ha institucionalizado efectivamente el veto de las partes interesadas. A diferencia de las regulaciones tradicionales, que se basan en estándares claros, el proceso de revisión discrecional de California otorga un enorme poder a cualquier interés organizado —desde grupos NIMBY locales hasta competidores económicos— para bloquear un proyecto indefinidamente. La Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) ha sido famosamente utilizada como herramienta legal para forzar retrasos. Vemos el absurdo de este poder de veto cuando la CEQA es usada para bloquear viviendas asequibles para veteranos sin hogar o para retrasar carriles para bicicletas durante años. En este paradigma del permiso, las consideraciones ambientales quedan subordinadas al poder político que proporciona la ley.
Lo que además sostiene este laberinto es una perturbadora animosidad hacia la riqueza. A ojos de muchos reguladores y activistas modernos, un proyecto de varios cientos de miles de millones de dólares como California Forever no se percibe como una solución a la crisis de vivienda, sino como una toma de control hostil por parte de una élite. Este sentimiento transforma el proceso regulatorio en una forma de penitencia política, donde se espera que los promotores negocien la viabilidad de su proyecto a cambio del permiso para existir. Los responsables de California Forever creyeron poder seducir a través de una consulta popular con promesas de empleos, viviendas y revitalización del centro urbano. Calcularon mal una mentalidad contemporánea que percibe su mera presencia como una amenaza.
Como si buscara desalentar aún más a los ricos de invertir —o reinvertir— en California, el mayor sindicato del sector público, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), está abogando ahora por un impuesto a la riqueza. El impuesto que proponen cobraría una vez el cinco por ciento del patrimonio neto, y claramente está dirigido a los multimillonarios del estado, es decir, a sus habitantes más ricos y exitosos. Si los californianos han de prosperar, deberían estar agradecidos con los multimillonarios de hoy y dar la bienvenida a quienes aspiran a serlo. ¿Dónde estaría el estado sin la innovación y el capital que construyeron Apple, Google y Microsoft? Los accionistas envidiosos argumentan que California enriqueció a estas empresas, pero lo opuesto es verdad: los innovadores tecnológicos enriquecieron a California. No es momento de frenar la capacidad de estos innovadores para expresar su visión productiva, ya sea para una nueva empresa o para una nueva ciudad.
Y si bien las reformas recientes de 2025 y 2026 —como AB 130 y SB79— mitigan algunas de las trampas regulatorias para proyectos de relleno urbano y de tamaño moderado, ofrecen poco alivio para el crecimiento ambicioso y a gran escala que antes definía al estado. Para proyectos como California Forever, el laberinto sigue siendo tan formidable como siempre, demostrando que, en la California moderna, la mayor barrera para construir el futuro es una cultura que ha aprendido a sabotear su propio progreso.
Durante un siglo, las grandes ciudades del mundo —Nueva York, Chicago y la propia San Francisco— fueron construidas no en asambleas vecinales, sino por promotores con una visión. Estas ciudades se construyeron en gran medida sin permiso, y ciertamente sin el paralizante teatro de los vetos comunitarios ni las tediosas revisiones ambientales.
Si California aspira a ser algo más que un museo de su propio pasado, debe dejar de tratar la riqueza ganada con sospecha y empezar a verla como el combustible para el florecimiento humano. Mientras no se restaure el derecho fundamental a desarrollar terrenos de propiedades legales sin mendigar permisos, el Sueño Californiano seguirá siendo un sueño postergado. Mientras necesitemos aprobaciones para desarrollar nuestras propiedades legales, California seguirá estancándose.
Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web del California Policy Center.
