8 Políticas gubernamentales que le causan daños a los pobres

El amiguismo es malo para los innovadores y los consumidores, pero es peor para los pobres.

Está claro que muchas políticas de los gobiernos engrandecidos están creando ganadores y perdedores en América.

La historia ha sido la misma durante décadas. El gobierno se hace amigo de una empresa o industria, bloquea la competencia con la regulación, y en algunos casos da subsidios a la empresa.

Tal amiguismo es malo para los innovadores y para los consumidores. Pero la gente no se da cuenta de que también es malo para los pobres. Un informe de la Fundación Heritage apuntó 23 de estas políticas gubernamentales que perjudican a los pobres, y proporcionó formas concretas de abordarlas.

Los ganadores y perdedores de las grandes políticas gubernamentales no siempre se distinguen claramente. Los ganadores son un pequeño grupo de amiguitos identificables del gobierno, mientras que los perdedores incluyen a personas con poca o ninguna influencia en el gobierno.

Aquí hay una mirada a ocho grandes políticas gubernamentales del informe que benefician a los compinches del gobierno a expensas de otros grupos de personas, incluyendo a los pobres.

1.  Estándar de combustibles renovables

La Ley de Política Energética de 2005 dispuso que los combustibles renovables se mezclaran en el suministro de gasolina de los Estados Unidos, principalmente mediante el uso de etanol a base de maíz. Luego, las Leyes de Independencia y Seguridad Energética de 2007 aumentaron significativamente la cantidad a mezclarse.

Este mandato se conoce como el Estándar de Combustibles Renovables. Obliga a utilizar niveles más altos de biocombustibles de los que el mercado permitiría de otra manera. El resultado ha sido el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles.

¿Quién gana? Los agricultores de maíz, los agricultores de soja y las empresas de biocombustibles.

¿Quién pierde?: Los consumidores de gasolina, los consumidores de alimentos, y los agricultores que dependen de las materias primas y los restaurantes.

2. Programa Federal de Azúcar

El gobierno federal trata de limitar el suministro de azúcar que se vende en los Estados Unidos.

Este programa federal del azúcar utiliza una combinación de subsidio de precios, asignaciones de comercialización que limitan la cantidad de azúcar que los procesadores pueden vender al año y las restricciones de importación que reducen la cantidad de importaciones.

Como resultado, el precio del azúcar norteamericano es consistentemente más alto que los precios mundiales.

¿Quién gana? Los cultivadores y cosechadores de azúcar.

¿Quién pierde? Los trabajadores de las industrias que utilizan el azúcar, y los consumidores de alimentos (incluyendo el pan) que contienen azúcar.

3. Programa de inspección del bagre

Como resultado del programa de inspección del bagre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA inspecciona el bagre mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos inspecciona todos los demás mariscos.

Esto crea una duplicación porque las instalaciones de procesamiento de mariscos que producen tanto bagre como cualquier otro producto de mar tendrán que lidiar con dos tipos diferentes de esquemas reguladores de mariscos en lugar de uno solo.

Este programa también crea una barrera comercial no arancelaria que dificultará enormemente la exportación del bagre a los Estados Unidos por parte de los exportadores extranjeros, lo que probablemente reducirá la competencia para la industria nacional del bagre.

¿Quién gana? Los productores nacionales de bagre.

¿Quién pierde? Los consumidores nacionales de bagre.

4. La Ley de la Marina Mercante de 1920 (la Ley Jones)

La Ley de la Marina Mercante, apodada así por el senador Wesley Jones, R-Wash. - requiere el uso de barcos de construcción nacional cuando se transportan mercancías entre los puertos de EE.UU. Los barcos también deben ser de propiedad de los EE.UU., y en su mayoría con tripulación estadounidense.

¿Quién gana? La industria naviera nacional de los Estados Unidos.

¿Quién pierde? El ejército de EE.UU., los conductores de automóviles, los usuarios de propano y aceite de calefacción, y cualquiera que se beneficie del comercio y el transporte de mercancías entre los puertos de EE.UU.

5. Licencias ocupacionales

Las leyes sobre las licencias crean requisitos gubernamentales para que se permita el ejercicio de una profesión. Estos requisitos existen aunque el mercado produciría opciones de certificación si los consumidores quisieran esa información.

¿Quién gana? Los trabajadores que ya han obtenido las licencias.

¿Quién pierde? Las personas que quieren trabajar y no pueden porque no tienen licencia, y los consumidores que tienen que pagar precios más altos por los servicios.

6. Tomas para el Desarrollo Económico

El 23 de junio de 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo en el caso Kelo contra la Ciudad de New London que el gobierno puede confiscar la propiedad privada y transferirla a otra partido privado para el desarrollo económico.

Se consideró que este tipo de toma era de "uso público" y dictaminó un uso adecuado del poder de dominio eminente del gobierno en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

¿Quién gana? Las personas que presionan al gobierno éxitosamente para confiscar la propiedad de otras personas y obtener beneficios financieros.

¿Quién pierde? Los dueños de propiedades que tienen sus propiedades confiscadas.

7. Regulaciones para compartir la vivienda

Los gobiernos locales a veces prohíben o regulan excesivamente el uso compartido de la vivienda, es decir, el alquiler de la vivienda para alojar a turistas, por ejemplo, a través de Airbnb.

Cuando esto sucede, los consumidores tienen menos opciones de dónde alojarse cuando viajan, los hoteles pueden cobrar precios más altos, y los propietarios e inquilinos no pueden hacer pleno uso de sus casas legalmente poseídas para obtener ingresos para ellos mismos.

¿Quién gana? Los sindicatos de empleados de hoteles y la industria hotelera.

¿Quién pierde? Propietarios e inquilinos.

8. Reglamento para el alquiler de vehículos

En algunas jurisdicciones estatales y locales (como en las afueras de Portland, Oregón; Alaska y Austin, Texas), el gobierno prohíbe o regula en gran medida las empresas de transporte de pasajeros como Uber y Lyft.

Estas compañías están apareciendo por todas partes porque satisfacen las necesidades de los consumidores, pero están siendo retenidas en ciertas ciudades donde el gobierno respalda a la establecida industria.

¿Quién gana? Las compañías de taxis tradicionales.

¿Quién pierde? Uber, Lyft, y los conductores que buscan pocas barreras para la entrada a nuevos negocios; los clientes de taxis; los clientes que quieren entrar o salir de ciertos vecindarios que los taxistas tradicionales evitan; y los usuarios del transporte público que buscan completar la "última milla" de sus viajes.

Cuando las industrias o grupos ganan favores especiales por parte de los políticos a expensas de los estadounidenses comunes y los pobres, es una afrenta a la libertad, especialmente a la libertad económica de los pobres.

Las políticas que hacen subir los precios - especialmente de los productos básicos - son más difíciles de absorber si eres pobre.

Las políticas enumeradas anteriormente pueden bloquear la única vía de escape que tienen los pobres para salir de la pobreza, impidiendoles hacer lo que quieran para ganarse la vida, por ejemplo, alquilar su casa u otra propiedad.

Todas las personas deberían tener las mismas oportunidades disponibles para ellos. Pero cuando el amiguismo del gobierno asoma su cabeza fea, no lo hacen.

Los que pierden con el amiguismo son más propensos a estar de acuerdo con el Presidente Ronald Reagan cuando dijo, "Las nueve palabras más aterradoras en el idioma inglés son: Soy del gobierno y estoy aquí para ayudar".


Reimpreso de Daily Signal.