La deuda política de España

Hacer manejos macroeconómicos para luego afirmar que cada persona debe miles de euros es un intento de convertir a los individuos en responsables de decisiones ajenas.

En economía, la mayoría de falacias puede refutarse desde el individualismo metodológico, es decir, analizando las hipótesis desde la óptica del individuo que actúa. Hoy pretendo refutar la idea, ampliamente extendida, que cada español debe una parte alícuota del conjunto de la deuda del Estado. Cada español, stricto sensu, no debe nada que no sea su propia deuda privada. 


¿Qué es la deuda pública?

El gobierno (prestatario) toma dinero prestado de un tercero (prestamista), obligándose mediante contrato a devolver, en plazo, el principal más los intereses. La deuda pública es muy atractiva para el prestamista porque la solvencia del prestatario es muy alta: el Estado posee muchos medios para obtener dinero y redimir la deuda.

¿Y cuáles son esos medios? a) Vender activos y pagar: el Estado posee infraestructuras, empresas públicas y tierras que pueden ser enajenadas. b) También puede el gobierno reducir el gasto corriente y asignar el superávit fiscal al pago de la deuda. Lamentablemente, estas dos vías no son las preferidas de los políticos porque reducen su poder e influencia. c) El gobierno puede aumentar la carga fiscal para satisfacer la deuda. Y d) El gobierno puede pagar al acreedor con un impuesto oculto: la inflación. Recordemos que el Estado detenta, entre otros monopolios, el de la falsificación de moneda. Estas dos últimas vías son las más usadas para redimir la deuda.

Los compradores de deuda pública, en general, no reparan que están participando de un negocio inmoral, pues adquieren un derecho que deberá ser satisfecho en el futuro mediante la agresión fiscal (valga la redundancia). Tanto el impuesto como la inflación son violaciones de la propiedad privada, hecho que ya denunciara, en 1609, el Padre Juan de Mariana en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón. En otras palabras, comprar deuda pública es ser cómplice de hacer negocios con «mercancía robada».

¿Es cada español deudor de la deuda del Estado?

Yo creo que no. Dividir todo el monto de la deuda entre el censo para luego afirmar que cada español debe 25.306,97€ es una conclusión falaz. En primer lugar, jurídicamente, cada español no ha sido partícipe del negocio, ni ha sido preguntado si estaba o no de acuerdo con asumir personalmente esa deuda. Solo algunos españoles ―los compradores de deuda― poseen un título que los convierte en acreedores jurídicos del Estado. En sentido económico, los contribuyentes pagarán la deuda, pero no es lo mismo ser «pagador» que ser «deudor».

Es decir, el comprador de deuda es un acreedor voluntario mientras que el pagador final ―el contribuyente―es un deudor forzoso. Esta distinción no es baladí. El ingenioso eslogan, atribuido a Abba Lerner, que afirma que la deuda pública no tiene importancia «pues somos deudores de nosotros mismos» ignora que existen diferencias cualitativas y cuantitativas entre acreedores y pagadores. Por ejemplo, un comprador extranjero es exclusivamente acreedor de deuda de un Estado. Es una imposibilidad lógica ser, a la vez, deudor y acreedor de un mismo bien.

Otro error evidente es pensar que la deuda pública se reparte alícuotamente entre todos los españoles. Por ejemplo, quienes trabajan en el sector público no pagan impuestos, aunque pretendan engañarnos aplicando retenciones de IRPF en sus nóminas. Sólo los trabajadores del sector privado sufragarán la deuda y nunca de forma alícuota: unos pagarán más que otros, tanto si el impuesto es proporcional como si es progresivo.

Hacer manejos macroeconómicos para luego afirmar que cada persona debe miles de euros es un intento de convertir a los individuos en responsables de decisiones ajenas.


En definitiva, la realidad es esta: a) El gobierno se endeuda sin consentimiento de los ciudadanos para financiar su gasto. b) Los únicos deudores y acreedores jurídicos son el gobierno (prestatario) y el tenedor de deuda (prestamista). c) Es imposible saber si un contribuyente, que fuera simultáneamente poseedor de deuda pública, obtiene un beneficio neto de esta doble situación. d) La deuda, en su caso, será pagada exclusivamente por los trabajadores del sector privado y de forma asimétrica.

En definitiva, no confundamos deuda pública con deuda privada. Solo la segunda convierte a los individuos en deudores jurídicos. Hacer manejos macroeconómicos para luego afirmar que cada persona debe miles de euros es un intento de convertir a los individuos en responsables de decisiones ajenas. El elevado riesgo moral de un sistema democrático se exhibe así: el gobierno actual se endeuda para beneficiar a ciertos grupos de votantes que lo mantendrán en el poder, pero los futuros gobernantes deberán (supuestamente) pagar la factura mediante mayores agresiones fiscales. Los gobiernos provocan, de esta manera, una transferencia temporal de rentas que perjudica a las generaciones futuras. Se trata de un círculo vicioso que consume capital y reduce el nivel de vida que podría ser alcanzado de otra forma.

Si el gobierno quiere acometer un proyecto de gran calado deberá ahorrar primero y luego gastar.


¿Cómo podríamos parar esta perversa espiral de deuda pública? Una primera forma sería prohibirla constitucionalmente: si el gobierno quiere acometer un proyecto de gran calado deberá ahorrar primero y luego gastar. Una segunda, que los inversores, conscientes de su complicidad en este crimen, renunciaran voluntariamente a la compra de deuda pública. Y una tercera, el repudio de la deuda soberana por un gobierno entrante, lo que anularía de facto su demanda en los mercados de renta fija. Por cualquiera de estas tres vías los políticos verían reducida su preferencia temporal y, por tanto, su capacidad de causar daño a la sociedad.