En la Unión Europea, el Gran Hermano amenaza la libertad y la innovación.
Próximamente, la Unión Europea votará la denominada legislación sobre «control de chats». Con el pretexto de proteger a los niños de los depredadores en línea, se podría vulnerar la privacidad de millones de usuarios. Si se aprueba, esto significará que Bruselas impondrá su visión al mundo, una visión cada vez más alejada de la libertad.
La preocupación por el control de los chats ha ido creciendo entre los europeos en vísperas de la votación, prevista para octubre. Sin embargo, el intento de controlar las conversaciones privadas de los ciudadanos no es nuevo: el debate se ha prolongado desde 2021 y, en el Reino Unido, se aprobó una legislación similar a través de la Ley de Seguridad en Internet de 2023.
La seguridad infantil es, en sí misma, un problema real. Es una realidad inquietante que el abuso sexual infantil en línea haya ido en aumento dentro de la Unión Europea. En 2023, según la Internet Watch Foundation, se registraron 36 millones de denuncias de contenidos abusivos, y alrededor del 62 % de las páginas de abuso infantil confirmadas estaban alojadas en la UE.
Sin embargo, la mayoría de estas cifras se refieren a páginas y servidores públicos, sin datos que establezcan una correlación directa entre el aumento de la delincuencia y los mensajes privados en plataformas cifradas, que son las que Chat Control tiene en el punto de mira. Si bien estas plataformas pueden utilizarse indebidamente para compartir contenidos, no son la raíz del problema.
Chat Control se basaría en el escaneo del lado del cliente: una inspección realizada dentro de los teléfonos de los usuarios antes del cifrado, impulsada por algoritmos de inteligencia artificial. Cada mensaje, imagen o archivo se analiza en el propio dispositivo y se compara con las bases de datos proporcionadas por las autoridades. Si el sistema identifica algo sospechoso, el contenido se marca y se denuncia automáticamente.
Sin embargo, este mecanismo es propenso a errores, y contenidos legales como fotos familiares de niños, debates periodísticos o académicos sobre temas delicados, o incluso conversaciones de grupos de apoyo pueden ser marcados como delictivos, lo que deja a los ciudadanos de a pie en una situación vulnerable. Mientras tanto, las redes delictivas podrían encontrar rápidamente formas de eludir estos sistemas.
El Reino Unido tomó la iniciativa en este enfoque con su Ley de Seguridad en Línea. La ley incluye una cláusula que permite a las autoridades obligar a empresas como Signal, WhatsApp o iMessage a implementar el escaneo del lado del cliente. Pero las empresas se negaron. Signal amenazó con abandonar el mercado británico, WhatsApp declaró que no debilitaría el cifrado ni siquiera bajo presión legal, y Apple, que había anunciado planes para implementar su propio sistema de escaneo del lado del cliente, dio marcha atrás tras la fuerte reacción pública.
Más recientemente, el Gobierno británico intentó obligar a Apple a crear una puerta trasera para acceder al contenido cifrado de los iPhone y iCloud. Retrocedió tras la fuerte presión internacional. Estados Unidos, con la intervención directa del vicepresidente JD Vance, presionó a Whitehall para que retirara la demanda, que el Ministerio del Interior reconoció que era técnicamente inviable y políticamente insostenible.
Los retos económicos y diplomáticos que plantea la ley británica pueden considerarse una prueba de la visión «Gran Hermano» que representa el escaneo del lado del cliente. Sin embargo, si la Unión Europea sigue adelante con Chat Control, la situación se vuelve más compleja. A diferencia del Reino Unido, que las empresas podían abandonar de forma realista (o amenazar con hacerlo, lo que provocó la retirada del Gobierno), la UE es demasiado grande como para ignorarla. Las empresas pueden sentirse obligadas a cumplirla.
Las consecuencias no serían solo sociales, con una amenaza a la libertad de expresión, sino también políticas y económicas. La implementación de sistemas de escaneo del lado del cliente requiere enormes costes en software, servidores y equipos de cumplimiento. Las grandes multinacionales pueden absorber esos costes, aunque a expensas de la confianza de los usuarios. Sin embargo, las empresas emergentes y las startups tendrían dificultades para hacer frente a esos costes.
Una empresa fintech que depende de la privacidad, una aplicación de mensajería innovadora o una plataforma de salud digital no tendrían ninguna posibilidad de competir en un mercado en el que la vigilancia es obligatoria por defecto. El resultado sería un ecosistema tecnológico europeo menos competitivo, con una fuga de talento y de empresas emergentes hacia Estados Unidos o hacia países que valoran la privacidad como pilar de la innovación. Esta tendencia ya se ha intensificado debido al exceso de regulación en la Unión Europea.
Al final, los consumidores europeos se quedarían con menos opciones, una mayor concentración de poder en manos de los gigantes tecnológicos y, irónicamente, menos seguridad digital.
La lucha contra la delincuencia en línea debe librarse a través de la innovación, no contra ella. Eso significa investigaciones específicas, una cooperación internacional más estrecha para cerrar los sitios web y los servidores que alojan contenidos nocivos, y el desarrollo de herramientas voluntarias de seguridad digital.
La libertad es frágil. Una vez que se abre la puerta a este tipo de control, es casi imposible volver a cerrarla. El control de los chats se presenta con un objetivo noble, la protección de los niños, pero más allá de todos los retos prácticos que conlleva, supone un riesgo aún mayor: la expansión. Hoy se trata del abuso infantil; mañana puede ser el «discurso de odio» o cualquier otra expresión que las autoridades decidan que es un delito. En última instancia, siempre será una amenaza para la libertad individual, ya que refuerza el poder del Estado para controlar las ideas.
Europa parece dispuesta a convertirse en un laboratorio de vigilancia global.
