La misión de Musk y por qué no se puede solucionar la crisis presupuestaria de Estados Unidos.
Cuando Donald Trump prometió abordar el gasto federal excesivo, pocos esperaban que Elon Musk, el empresario más destacado del mundo, liderara la iniciativa. Sin embargo, en una medida que reflejaba el estilo poco convencional de Trump, Musk fue nombrado jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de desmantelar la inflada burocracia federal.
El DOGE se puso en marcha con ambición, con el objetivo de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal, eliminar ineficiencias y reformar gran parte del sector público. Sin embargo, a los pocos meses de iniciarse el experimento, la iniciativa se ha tambaleado. El DOGE se encuentra ahora políticamente aislado, enredado en cuestiones legales y lejos de cumplir sus promesas.
Desde entonces, Musk se ha convertido en un crítico acérrimo y ha calificado el presupuesto de Trump —la «gran y hermosa ley»— de «abominable» y de agravar el déficit. El colapso del DOGE y la reacción negativa a la ley ponen de relieve una verdad más profunda: la crisis presupuestaria de Estados Unidos no puede abordarse sin abordar cuestiones estructurales más profundas.
La caída de DOGE: por qué el bombo no se correspondió con la realidad
El mayor fracaso de DOGE fue su incapacidad para llevar a cabo la transformación radical que había prometido. Desde el principio, su objetivo de ahorro de 2 billones de dólares era poco realista. Recortar casi un 30 % de un presupuesto de 7 billones de dólares nunca fue factible, especialmente con programas políticamente intocables como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y Defensa fuera de la mesa.
La afirmación de Musk de que solo con eliminar el gasto superfluo se podría cerrar la brecha no se sostenía. Aunque la mayoría de los expertos en presupuestos apoyan la reducción de las ineficiencias, están de acuerdo en que el gasto superfluo no es el principal motor de la crisis fiscal. Incluso recortando todo el gasto discrecional solo se ahorrarían 1,7 billones de dólares. La verdadera presión proviene de los programas obligatorios, que representan casi dos tercios del presupuesto, lo que deja solo una cuarta parte del gasto realmente susceptible de debate.
A medida que la realidad se impuso, las afirmaciones de Musk sobre el ahorro se redujeron de 2 billones de dólares a solo 150 000 millones. Aunque DOGE cita un ahorro de 170 000 millones de dólares, estimaciones independientes sugieren que se acerca más a los 63 000 millones, menos del 1 % del gasto federal, y muchas afirmaciones son exageradas o imposibles de verificar. Algunos ahorros se atribuyeron a contratos cancelados hace tiempo. Aunque se llevaron a cabo despidos y recortes que acapararon los titulares, a menudo fueron mal ejecutados, lo que obligó a las agencias a recontratar personal o dar marcha atrás. Mientras tanto, el gasto federal aumentó en 166 000 millones de dólares, lo que borró cualquier ganancia. La agenda fiscal de Trump empeora las perspectivas con el primer presupuesto de defensa de 1 billón de dólares, recortes fiscales generalizados y derechos protegidos, todo ello mientras el déficit anual se acerca a los 2 billones de dólares.
Sin embargo, los fracasos de DOGE fueron más allá de la mera ingenuidad fiscal. Lo que comenzó como el papel de Musk como «empleado especial del Gobierno» se convirtió rápidamente en un ejercicio incontrolado del poder ejecutivo, lo que despertó alarmas constitucionales. Según se informa, su equipo accedió a datos clasificados, redirigió fondos y marginó a organismos enteros, medidas que se tomaron sin la confirmación del Senado, lo que podría violar la cláusula de nombramientos de la Constitución. La respuesta legal no se hizo esperar, y catorce estados demandaron a Trump y Musk por la constitucionalidad de la autoridad otorgada a Musk por la Casa Blanca.
Mientras tanto, los evidentes conflictos de intereses se hicieron imposibles de ignorar. Las empresas de Musk —X, SpaceX y Tesla— cuentan con 38 000 millones de dólares en contratos federales, préstamos, exenciones fiscales y subvenciones, al tiempo que se enfrentan a más de 30 investigaciones federales. Su impulso para desmantelar agencias reguladoras como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), mientras X lanza la «Cuenta X Money», un servicio de pago móvil sujeto a la supervisión de la CFPB, no hizo más que agravar las preocupaciones. Musk estaba legalmente obligado a separar sus negocios de las decisiones gubernamentales. Una de las principales consecuencias ha sido el impacto en la reputación de Musk. Antaño aclamado como un visionario por su promoción de los coches eléctricos, ahora es visto con malos ojos por muchos de sus antiguos admiradores.
Por qué la verdadera reforma fiscal debe pasar por el Congreso
La crisis presupuestaria de Estados Unidos no se limita al despilfarro, sino que tiene que ver con la escala. Mientras los titulares se centran en recortes simbólicos y en el teatro político, los verdaderos motores del déficit se encuentran más profundamente enterrados en los compromisos estructurales del gasto federal. La iniciativa DOGE de Musk prometía grandes ahorros, pero se topó con una dura realidad: el gasto real se encuentra en los programas obligatorios, no en los discrecionales. Los recortes a USAID y DEI fueron noticia, pero apenas movieron la aguja.
Algunos dudan ahora de que DOGE fuera realmente un esfuerzo de reforma serio. Para muchos, ahora parece menos una medida de gobernanza y más una caótica lucha por el poder, impulsada por los titulares, por parte de un equipo joven de empleados de Musk que se vio superado por las circunstancias. Aunque sus objetivos eran loables, una reforma fiscal real y duradera solo puede lograrse a través de canales legales e institucionales, no mediante la extralimitación del poder ejecutivo.
La DOGE tocó la fibra sensible de un público cansado del gasto excesivo del Gobierno y más inclinado a la restricción del gasto que al aumento de los impuestos para hacer frente al déficit, pero una reforma significativa exige que el Congreso afronte los factores estructurales del déficit, que son políticamente difíciles. Se necesita algo más que titulares: se necesita voluntad bipartidista y un compromiso serio con la realidad fiscal.
El Congreso debe reafirmar su papel constitucional en el proceso presupuestario y restablecer una cierta disciplina fiscal. Eso significa utilizar herramientas como las rescisiones y la reconciliación presupuestaria tal y como se pretendía originalmente: para reducir el déficit, no para aumentarlo. Cualquier cosa que no sea eso equivale a complicarse en una crisis fiscal cada vez más profunda, que amenaza el crecimiento, alimenta la inflación y aumenta la deuda nacional.