El cierre de Sudáfrica es especialmente terrible

No se equivoquen: el cierre de COVID-19 no es la causa de los problemas económicos de Sudáfrica.

El cierre de COVID-19 en Sudáfrica comenzó el 27 de marzo del 2020. Con el anuncio del bloqueo, el Presidente Cyril Ramaphosa también implementó un estado de desastre nacional. Antes del bloqueo, el crecimiento económico del país rondaba entre el uno y el dos por ciento. Más de diez millones de personas estaban desempleadas. Dada la increíble dureza del bloqueo impuesto y de las innumerables regulaciones irracionales que lo acompañaron, no sería ninguna sorpresa que, después del bloqueo, la mayoría de las personas que podrían trabajar en Sudáfrica quedaran desempleadas. Resulta que aquí, en el extremo sur de África, la cura será probablemente mucho peor que la enfermedad.

Hay diferentes niveles para el cierre de Sudáfrica. En el momento que escribo este artículo, Sudáfrica se encontraba en el nivel 4, siendo el nivel 5 el "más duro". El pensamiento que impregna todos los niveles es el de la lista blanca: cada producto, negocio y actividad social, debe ser considerado como prohibido, a menos que un ministro o departamento del gobierno anuncie nuevamente que está "permitido". Ostensiblemente el objetivo del bloqueo era prevenir la rápida propagación (o el pico) del virus; sin embargo, muchos científicos, incluyendo el epidemiólogo en jefe del país, el profesor Salim Abdool Karim, han indicado que el bloqueo bien podría haber servido ya para ese propósito.

La brutalidad policial y militar se ha recrudecido. Destaca el presunto asalto de Collins Khosa a manos de miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de las SA (SANDF). Collins falleció más tarde y, para el momento en que se escribe este artículo, el Tribunal Superior había ordenado la suspensión de dichos miembros de la SANDF sin ningún tipo de condena. Actualmente se está llevando a cabo una investigación. La historia de Sudáfrica se ve empañada por el abuso de los ciudadanos por parte de la policía y las fuerzas armadas. Verlo manifestarse de nuevo es profundamente preocupante para cualquiera que se preocupe por la futura relación entre el Estado y el pueblo.

Luego de un abrupto giro, se permitió que el comercio electrónico se reanudara. Aunque la mayoría de las actividades comerciales en persona estaban prohibidas, y esta medida gozaba de cierto apoyo, no tenía sentido que el comercio electrónico se prohibiera también, especialmente si las empresas involucradas pueden tomar las medidas preventivas necesarias. ¿No es lógico que se quiera tener la mayor actividad comercial posible, para asegurar que al menos algunas personas puedan seguir obteniendo beneficios, y que todavía pueda haber un nivel de empleo? Parece que la amenaza de COVID-19 proporcionó una excusa útil para que el gobierno extendiera aún más el control sobre la vida de las personas.

Una economía no es simplemente un interruptor de luz que se apaga y se enciende a capricho. Las empresas y la industria están interconectadas. El cierre de "sólo" una industria, por ejemplo la panadera, tiene un efecto dominó masivo, en los dueños de negocios y empleados, en los agricultores, en los clientes y sus familias. Si se combinan los efectos del cierre de la mayoría de las industrias y actividades, se comienza a comprender cuán profunda y devastadoramente, el cierre de Sudáfrica ha afectado la vida y los medios de subsistencia de las personas.

Un cierre nacional es una herramienta brutal y contundente. Supone que cada empresa, y cada individuo, funciona exactamente de la misma manera, y que ciertos "expertos" (no, reyes filósofos) pueden determinar mejor el camino a seguir en nombre de más de 50 millones de seres humanos individuales. El problema del conocimiento de Hayek asoma la cabeza una vez más. Un duro bloqueo como el que hemos visto en Sudáfrica no se adaptaba a las diferentes capacidades de las personas, y no dejaba espacio para que las empresas siguieran confrontando el virus mediante la aplicación de sus propias medidas de salud.

Tan recientemente como el 17 de mayo, un miembro del el Comité Consultivo de COVID-19 del Ministerio indicó que varios miembros del organismo han expresado su preocupación por el "aparente estrangulamiento del Departamento de Salud en el acceso" a ciertos datos. Si bien el gobierno se ganó los elogios de muchos sectores, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, en las primeras etapas del bloqueo, parece que ahora el brillante revestimiento está agrietado por debajo.

En marzo, el presidente Ramaphosa estableció el Consejo de Comando Nacional del Coronavirus. El objetivo era coordinar los diversos esfuerzos del gobierno en la lucha contra el virus. Sin embargo, resultó que el Consejo también tomaría decisiones vinculantes. Los abogados y otros interesados empezaron a preocuparse por estas decisiones, y por la composición y legitimidad del propio organismo.

El propio Presidente ha hablado de algunos de los reglamentos para los señalamientos que han surgido (por ejemplo, la prohibición de la venta de alcohol), e indicó que había una "responsabilidad colectiva" en el Gabinete respecto de los reglamentos. Pero aquí radica un problema fundamental: la responsabilidad colectiva no es un concepto filosófico ni jurídico legítimo. Los individuos toman decisiones, y cuando esos individuos ejercen un poder estatal significativo, esas decisiones deben ser lo más transparentes e identificables.

Actualmente no se permite la venta de cigarrillos y alcohol. El nuestro es el único país del mundo que ha suspendido la venta de alcohol. El gobierno está teniendo pérdidas significativas por los impuestos que cobraría por la venta de estos bienes, así como en la ayuda al crecimiento de los mercados negros. Como bien saben los Estados Unidos, las prohibiciones no funcionan: los que están suficientemente motivados siempre encontrarán la manera de obtener las cosas que necesitan desesperadamente. También existen una serie de reglamentos arbitrarios sobre la venta (o no) de artículos de vestir; por ejemplo, sólo se pueden vender zapatos cerrados.

El apoyo de la sociedad al cierre (al menos en su forma actual, draconiana) se está evaporando constantemente. Parece que el gobierno no confía a los ciudadanos la cantidad necesaria de información sobre la propagación del virus, y no está abierto a la retroalimentación y a la crítica de los métodos que han aplicado para prevenir la posible propagación incontrolada. Nuestro gobierno está siguiendo el mismo camino que los gobiernos chino y norteamericano, que suprimieron la información de diferentes maneras y obstaculizaron el enfoque de sus respectivos países para hacer frente al efecto del virus. En una línea similar, el gobierno de SA impidió que la economía, y lo que es más importante, la gente, tuviera una oportunidad adecuada de enfrentarse a este virus en sus propios términos.

El potencial económico de los sudafricanos se ha visto gravemente afectado por políticas equivocadas durante décadas: una regulación laboral restrictiva, un entorno antiempresarial, impuestos cada vez más altos, y ahora se está intentando enmendar la Constitución y eliminar los derechos de propiedad (expropiación sin compensación). En 2019, Sudáfrica ocupó el puesto 101 de 162 en el índice de Libertad Económica del Mundo del Fraser Institute. En el año 2000 estábamos en el puesto 47. No se equivoquen: el cierre de COVID-19 no causó los problemas económicos de Sudáfrica. La economía fue destruida progresivamente por políticas malignas implementadas durante muchos años anteriores.

La Constitución de Sudáfrica consagra los derechos a la vida y la dignidad. Nuestra democracia moderna surgió del fuego producto de décadas de opresión por parte del régimen socialista, brutal y deshumanizante del Apartheid. En la lucha contra un virus aterrador, parece que los encargados de la dirección de Sudáfrica han dejado correr sus inclinaciones autoritarias, en detrimento, en última instancia, de los trabajadores.